El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha celebrado este jueves la multa récord de 1.712 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a ocho grandes bancos por manipular tasas interbancarias como el líbor y el euríbor en declaraciones a 'Las Mañanas de RNE'. La Comisión Europea y su Dirección General de Competencia han hecho una "buena labor" al imponer esta sanción porque "no se puede manipular una variable que es tan fundamental para la vida de mucha gente, en función de intereses concretos y específicos que no son los intereses generales", ha apuntado.
La Comisión Europea ha multado con más de 1.712 millones de euros a ocho entidades financieras internacionales al considerar probado que operaron en varios cárteles al coordinarse para modificar los precios de derivados financieros, para lo que manipularon tasas interbancarias como el líbor y el euríbor, que también sirven de referencia para préstamos e hipotecas en todo el mundo valorados en miles de millones de euros. Esta sanción es la máxima fijada en un sector por la institución europea y, entre los multados, están bancos como el Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup o Société Générale.
La Comisión Europea ha multado con más de 1.712 millones de euros a ocho entidades financieras internacionales al considerar probado que operaron en varios cárteles al coordinarse en su manipulación de tasas de interés interbancarias, como el líbor y el euríbor, referencia para préstamos, hipotecas y productos derivados en todo el mundo valorados en miles de millones de euros. "Castigar a quienes han cometido una infracción, la más grave en competencia, que es un cártel. En este caso son cárteles que afectan a miles y miles de usuarios de esos instrumentos financieros", ha afirmado en rueda de prensa el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas afectadas (Asturias, Galicia y País Vasco), la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC.OO. la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.
El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho que las ayudas fiscales que se devuelvan las ingresará el estado español. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria ha dicho que se estudian los argumentos para un posible recurso.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que España actuó "en base a derecho" en el sistema que bonificaba fiscalmente las inversiones en el sector naval español, por lo que el Gobierno ha ordenado a sus servicios jurídicos que estudien el planteamiento de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la Comisión Europea de ordenar la devolución de parte de esas bonificaciones concedidas entre 2007 y 2011.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha insistido en que "la decisión no se dirige contra el naval, sino contra quienes, por invertir un dinero sin ser navieros y sin tener relación con el sector naval, se beneficiaron indebidamente de unas desgravaciones fiscales, que tienen que devolver ese dinero a la Hacienda española".
Los trabajadores han esperado la resolución de la Comisión Europea encerrados en algunos casos en los propios astilleros. El ministro de Industria ha dicho que la decisión de Bruselas mejora la propuesta anunciada inicialmente en junio por el vicepresidente de la CE. Sin embargo, el Gobierno deja abierta la posibilidad de recurrir esa decisión en los tribunales.
La Comisión Europea no ha fijado la cantidad de las ayudas fiscales que deberán devolverse al Estado español, ya que deberá ser la propia Hacienda nacional quien determine quiénes recibieron beneficios fiscales incompatibles con las normas europeas y cuánto dinero reembolsará cada uno.
