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Iberdrola y Repsol están en guerra. Los dos gigantes energéticos compiten en el mercado y ahora también en los tribunales. Una batalla que ha salpicado a la vicepresidenta de Transición energética. La petrolera le ha acusado este jueves de no defender a la industria en España.

En este mes de marzo llega una subida del IVA de la luz hasta el 21%. Francisco Valverde, analista del mercado energético y responsable de renovables en Menta Energía, ha explicado en Las Mañanas de RNE que esta subida, según los mercados de futuros, durará hasta junio incluido. "Pueden fallar, pero sirven para hacerte una idea", expresa. Sobre si habría razones para mantener el IVA bonificado al 10%, Valverde analiza que, como la anterior bajada de impuestos fue efectiva, pasa a aplicarse el del 21: “Siempre es mejor pagar un 21% de algo muy barato, que un 10% de algo que es muy caro. Al consumidor le va a salir mejor”.

Valverde expone que habrá diferencias entre los consumidores del mercado libre y los del mercado regulado: “El mercado regulado es directo y la gente, aunque pague el 21%, va a notar una bajada muy grande en el costo de la factura con respecto a enero. Pero en el mercado libre, que normalmente tiene precios fijos, la gente va a notar una subida en su factura”. Con este panorama, el analista admite que es “imposible” saber en cuál de los dos mercados es más interesante estar, pero destaca que "en el mercado libre es donde está la mayoría de los consumidores".

En diciembre el Gobierno prorrogaba una vez más la prohibición del corte de suministros en hogares especialmente vulnerables. Una medida excepcional y temporal, activada a raíz de la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania. En esta Semana europea contra la pobreza energética, medio centenar de organizaciones sociales y ambientales, sindicatos y ONG piden al Gobierno que esta solución temporal se convierta en permanente. Hablamos con Soledad Montero, del área de energía de Ecologistas en Acción: "Ahora mismo está prohibido el corte de suministros esenciales a los beneficiados por el bono social. Por tanto, quienes no han sido capaces de pedir esa ayuda no están incluidos (...) Pedimos que cada vez que haya que hacer un corte de suministro, se solicite un informe a servicios sociales. Si ese impago se produce porque no tienen ingresos suficientes para cubrir ese suministro esencial, no se les puede cortar". Es lo que se conoce como "principio de precaución", que ha demostrado su funcionamiento en Cataluña, donde se aplica desde 2015.