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Los vecinos de la urbanización Eurovillas, en Madrid, se han organizado para tapiar puertas y ventanas de casas vacías que han sido o pueden ser okupadas. Han contado 50 viviendas con inquilinos ilegales, de las casi 4.000 que hay. Prácticamente todas, cuentan, son propiedad de bancos.

También denuncian que los okupas funcionan como mafias y que les piden incluso dinero a cambio de dejar el vecindario. Sin embargo, cada caso de ocupación es distinto. Ruddy, es un joven cubano sin permiso de residencia y se ha visto obligado a ocupar muchas veces sin ocasionar problemas.

Los enfrentamientos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central han ayudado a profundizar las diferencias entre los partidos que conforman el ejecutivo madrileño. Esta mañana, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado guardaban las distancias tras las declaraciones y cambios de postura que se han producido en los últimos días a causa de la evolución de la pandemia. Para el Partido Popular, ven injusta la resolución publicada por Sanidad y desde el PSOE ven esta polémica como una estrategia de Pablo Casado. No obstante, dentro de la formación azul hay voces que defienden a Ayuso por votar en contra de la orden ministerial y otras que se mostraron a favor de la misma. [Coronavirus: última hora en directo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado en el pleno de la Asamblea de Madrid que su gobierno acatará la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la pasada medianoche, que aplica medidas en diez localidades de la región para frenar el avance de la COVID-19. "Esta comunidad no está en rebeldía", afirmaba, pero ha anunciado que acudirá a los tribunales para revocar la normativa que, según el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, no tiene "validez jurídica" al no haberse aprobado por consenso en el Consejo Interterritorial. La comunidad tiene 48 horas para publicar la resolución en su propio boletín, aunque su aplicación podría no ser inmediata, ya que debe ser previamente sancionada. Por el momento, el Ejecutivo madrileño ha dejado a la Abogacía de la comunidad el proceder de este asunto. [Coronavirus: última hora en directo

Madrid y otros 9 municipios se cierran desde el viernes por la noche, tal y como ha ordenado el ministerio de Sanidad. La vicepresidenta, Carmen Calvo, recuerda que las normas son para cumplirlas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dice que acatará esa orden del gobierno nacional pero que la llevará a los tribunales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,  Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que cumplirá el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que obliga a restringir la movilidad en diez municipios de la región para frenar el avance del coronavirus, pero ha advertido de que recurrirá la orden del Gobierno en los tribunales.

El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha calificado la situación de incertidumbre como "algo que la ciudadanía no se merece". “Ayuso debería tomar nota de lo que le pasó a Torra, porque desacatar una orden ministerial es arriesgado", ha señalado en el informativo 24 horas de Radio Nacional y ha lamentado que la pandemia se utilice “con fines partidistas”. “La votación del Consejo del Poder Judicial es un atentado democrático”, ha sostenido Asens. "El señor Hurtado es el único juez de la Gurtel que apostó por la absolución y se negó a que Rajoy declarase, él tiene que resolver desde la sala del Supremo todos los casos de corrupción del Partido Popular", ha sostenido. “Felipe VI ha sido utilizado, instrumentalizado por el Poder judicial, y la solución es que él se pronuncie. La monarquía lleva demasiado tiempo rodeada de silencios". "España es el único país donde el fascismo no fue derrotado", ha indicado. Asens ha señalado que es “poco realista” que Ciudadanos, “que gobierna con Vox”, apoye unos presupuestos con Unidas Podemos: “El bloque viable es el de la investidura”.

Después de días de tensión y choque entre administraciones, el Ministerio de Sanidad recurre a una orden ministerial para el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y de otros nueve municipios de la comunidad. Se apoya en los criterios pactados en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado este miércoles. Allí, ha conseguido el respaldo del 70% de las autonomías y el rechazo del resto. [Coronavirus: última hora en directo

La Comunidad de Madrid ha cuestionado este miércoles la legalidad jurídica del acuerdo alcanzado con 12 votos a favor en el Consejo Interterritorial de Salud para la aplicación de restricciones para hacer frente al coronavirus en municipios de más de 100.000 habitantes que afectará a la capital y otras nueve ciudades.  [Coronavirus: última hora en directo

La mayor parte de comunidades del PP se han opuesto. Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia o Ceuta han votado en contra, pero Castilla y León lo ha hecho a favor. Cataluña también se ha negado a este criterio.

La reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad se ha celebrado este miércoles en medio de un clima enrarecido. El tira y afloja entre el Gobierno de la región y el Ministerio de Sanidad, que vinculaba al resto de comunidades el criterio para aplicar restricciones en grandes municipios, tenía visos de resolverse. Sin embargo, varias regiones han rechazado la propuesta pese a que la Moncloa la da por respaldada[Coronavirus: última hora en directo

El consejero Enrique Escudero, ha dicho que de todas las peticiones planteadas por la Comunidad de Madrid "hya buenas palabras, pero n se traducen en nada". Asegura que la "urgencia" del Gobienro de España de cerrar Madrid va en contra del sentir de los madrileños, que no lo ven con buenos ojos: "Que deje de luchar contra Madrid y luche contra el coronavirus".

El consejero de Salud madrileño ha señalado que la medida anunciada por Salvador Illa este miércoles por la tarde, que va a ser publicada en el BOE, no ha sido aprobada por consenso. "Como señala el artículo 14.1 dle reglamento del Consejo Interterritorial, cuando hay medidas de coordinación salud pública requiere ese consenso que no ha existido. Solo ha tenido el apoyo de las comunidades socialistas y por tanto no es válido".