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En San Fernando, Cádiz, un matrimonio de 70 años que lleva más de media vida trabajando y viviendo en un convento podría quedarse en la calle. El obispado y el Ayuntamiento han vendido el inmueble, ya no quedan monjas y tienen una orden de desahucio, sin una solución a la vista. Por su parte, el Obispado no ha querido opinar porque dice que se trata de un proceso judicializado y el próximo día 18 de abril tienen el juicio del desahucio.

La presión de vecinos y de entidades sociales ha conseguido que se aplace el desahucio de Blanca, una mujer de 78 años que vive de alquiler en el centro de Barcelona y que debía al propietario 176 euros. Hay dos semanas de margen para que Ayuntamiento y propietarios encuentren una solución.

En 2017, y tras un cambio de propietario, le subieron el alquiler 88 euros a raíz de una reforma. Durante dos meses se negó a pagar la subida porque quedó descontenta con las obras. La nueva propiedad la denunció y empezó el proceso judicial.

El dinero que debía ya lo ha devuelto. Sin embargo, el auto judicial asegura que desde 2010 era propietaria al 50% de otra vivienda y que, por lo tanto, podía haber contado desde entonces con ese lugar para vivir.

40 familias están demandadas por Blackstone, uno de los conocidos como 'fondos buitre'. A última hora, una de ellas ha llegado a un acuerdo para suspender su desahucio.

Las famililas afectadas accedieron a sus casas cuando eran viviendas sociales públicas. Pero posteriormente fueron vendidas a Blackstone. A medida que los contratos originales se extinguen, la compañía plantea "situaciones límite" de subidas, según los inquilinos.

Muchoas afectados están fuera de contrato, algunos con fecha de desahucio, pero siguen pagando sus coutas originales.

Una de las filiales de Blackstone en España, Testa Home, que tiene 14.000 pisos, niega una posible oleada de desahucios y asegura que está abierta a negociar, pero caso por caso.
 

Desglosamos con nuestra compañera de Economía Blanca Pascual, los puntos que incluye la recientemente aprobada Ley de Vivienda y entre los que destaca la regulación de todos los alquileres en las zonas tensionadas, donde los contratos de los pequeños propietarios se renovarán congelando la renta en virtud del alquiler anterior. Y, en el caso de los grandes, se aplicará el índice de contención de los precios. Desaparece el IPC como índice de referencia en la actualización de los precios del alquiler y se elaborará uno nuevo a partir de 2025. Además, se reducen a cinco los alquileres para ser considerado "gran propietario", que también podrán ser consideradas las personas físicas, y los costes inmobiliarios correrán sempre a cargo del propietaro, que tampoco podrá subir el alquiler sumando otros gastos como el de comunidad.