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Hoy se cumplen 6 meses desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Al margen del debate sobre la posibilidad de flexibilizar la política penitenciaria, ha habido pocas novedades en el ámbito político; el gobierno insiste en que la banda debe disolverse mientras la izquierda abertzale trata de aumentar el espacio que ocupa ahora en las instituciones. Los que más han notado la diferencia son quienes vivían amenazados.

La Audiencia Nacional juzga hoy por primera vez al etarra Félix Alberto López de la Calle, conocido como Mobutu, por el asesinato de tres guardias civiles en una prueba ciclista en Salvatierra, en Álava, hace 32 años. La fiscalía ha pedido para él 81 años de cárcel.

Muchos vascos tuvieron que dejar su tierra por la amenaza de ETA. Son los exiliados del terrorismo. Ahora hay un proyecto, el proyecto "retorno" para que vuelvan a casa. Pero seis meses después del anuncio del cese de la violencia, no parece fácil.

Cuando se cumplen seis meses del cese de la violencia de ETA, la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco está trabajando en un programa para que puedan regresar las personas que abandonaron Euskadi por la amenaza terrorista. El Proyecto Retorno está recogiendo sus testimonios. La mayoría de quienes se fueron no ven posible regresar al Pais Vasco.

En Bilbao, manifestación de rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional, que el pasado 29 de marzo avaló la aplicación de la doctrina Parot a los presos de ETA. A la marcha han acudido representantes de la izquierda abertzale, de los firmantes del Acuerdo de Gernika y ex reclusos de la banda terrorista. Aseguran que es el momento de dar pasos hacia adelante, y han pedido al PP que dialogue con el colectivo de presos

El colectivo de presos de ETA ha elegido un nuevo grupo de interlocutores para negociar con el gobierno la política penitenciaria. Entre ellos, cuatro ex dirigentes que han concentrado todo el poder político y militar de ETA en la clandestinidad. El gobierno ha dicho que no tiene nada de qué hablar con ETA hasta que no se disuelva.

La nueva dirección de los presos etarras, -el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera)- ha mostrado su disposición a "hablar" con los Gobiernos español y francés, con los que no tienen relación "desde el 2006".

La edición digital del diario Gara adelanta este jueves un pequeño fragmento de la entrevista, que este viernes publicará por escrito, a la nueva dirección de los presos etarras.

Está formada, según han avanzado, por Anabel Egües, Xabier Alegría, Jon Olarra Guridi, Lorentxa Gimón, Mikel Albisu (Mikel Antza) y Soledad Iparagirre (Anboto). Varios de ellos fueron en su día máximos jefes de ETA o de sus comandos.

  • Transmitió a Otegi que "pensaba que al final el PP lo haría bien"
  • La política penitenciaria con los presos de ETA es un asunto "dificilísimo"
  • Basagoiti ve "difícil y aberrante" conformar gobierno con Batasuna y PNV
  • López respeta las opiniones de Eguiguren, pero dice que no las comparte

Interior ha concedido el tercer grado al etarra Joseba Andoni Díaz Urrutia, interno en la prisión de Nanclares de Oca, en Álava, y condenado por colaborar con ETA. A Urrutia lo trasladaron en junio desde una cárcel de Zaragoza, después de pedir perdón por escrito a las víctimas y asumir las indemnizaciones por actividad terrorista. Ahora podrá pedir la libertad condicional. Además, Interior ha trasladado desde Álava a Salamanca al etarra Ekaitz Samaniego, condenado por pertenecer a Segi. Samaniego estaba pendiente de clasificación y no ha mostrado arrepentimiento ni ha rechazado la violencia.