Expropiaciones

• Os traballadores dunha louseira ameazada por unha orde de desafiuzamento retomaron as mobilizacións
• O seu futuro está en mans da xustiza polo desacordo entre a empresa e a comunidade de montes

Os traballadores retomaron as mobilizacións. O seu futuro está en mans da xustiza polo desacordo entre a empresa e a comunidade de montes

• El caso se remonta a ocho años atrás y en él se dirimía la compensación que Argentina debe o no pagar a inversores de YPF
• El Gobierno argentino ya ha anunciado que apelará el fallo adverso

 Mejor Contigo  

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• Entrevistamos al director del documental, Roger Gual, y al guionista, Àlex Solà.
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El Govern de las Islas Baleares ha expropiado 56 viviendas vacías en el archipiélago para destinarlas al alquiler social. Una medida que la consejería de Movilidad estima necesaria para corregir la situación que viven las personas sin acceso a una vivienda. Los inmuebles serán expropiados por una duración de siete años y se les abonará una cantidad de 1,8 millones de euros en contraprestación. Esta expropiación de uso, o cesión de uso, es una medida incluida en la Ley de la Vivienda de las Islas Baleares aprobada en 2018 y es pionera a todo el Estado. FOTO: Manuel H. De León / EFE

• La ley regional aprobada en 2018 permite incorporar las viviendas al parque social durante siete años
• Los dueños de estos inmuebles serán indemnizados con un coste total de 1,8 millones de euros

El conseller de Movilidad y Vivienda de las Islas Baleares, Josep Marí, ha firmado hoy la primera resolución para la expropiación de uso de viviendas vacías de grandes tenedores inscritas en el Registro de grandes tenedores de las Illes Balears. En esta primera resolución de expropiación se incluye un total de 56 viviendas por un plazo de 7 años. Esta expropiación de uso o cesión de uso es una medida pionera a todo el Estado. La resolución firmada hoy supone el inicio de la expropiación del primer paquete de pisos vacíos de grandes tenedores que se podrán incorporar al parque de vivienda social que gestiona el IBAVI durante siete años.

Las puertas se han abierto para la comitiva encargada de hacer el inventario de los objetos que se guardan intramuros del Pazo que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco y que la justicia sentenció que es un bien público. En su interior se guardan objetos que no formarían parte de las pertenencias de la familia Franco. Bienes ligados a Emilia Pardo Bazán, anterior propietaria: tapices, mobiliario o el retablo de la capilla, así como la biblioteca, de la que se guarda una parte, ya que el resto está custodiada por la Real Academia Galega después del incendio de 1976. También forman parte del patrimonio del Pazo las estatuas románicas de la Catedral de Santiago, las pilas bautismales, del siglo XII, de la Iglesia de Muxía; pinturas de Zuloaga o Álvarez de Sotomayor. Entre otros objetos. El 10 de diciembre se ejecutará, provisionalmente, la sentencia y el Pazo pasará a ser de titularidad pública.

Lo que les vamos a contar ahora es la primera vez que ocurre en España. Y ha sido en Barcelona. El Ayuntamiento ha expropiado por primera vez un piso vacío para que pueda ser alquilado, habitado por una familia que lo necesite. La vivienda pertenecía a BBVA y llevaba más de dos años vacío.

En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha expropiado la planta de producción de la empresa de distribución de alimentos Polar, una de las más importantes del país. La planta, que ocupa toda una manzana de la capital, Caracas, será derribada y en su lugar, según ha anunciado el gobierno, se construirán viviendas populares.

• La empresa se propone monetizarlos en un plazo máximo de dos años
• Repsol analizará posibles compras en países de la OCDE
• No espera "en breve" una subida del rating, dice el director Económico

Colombia avanza poco a poco para superar 50 años de un conflicto armado que ha dejado más de seis millones de víctimas. El gobierno estudia acelerar el proceso de restitución de las tierras robadas a los campesinos. Muchos no se atreven a reclamarlas por temor a las venganzas.

Según el acuerdo, Argentina pagará en bonos 3.600 millones de euros y se compromete a emitir otros 730 millones para cubrir posibles devaluaciones. A cambio Repsol retirará los litigios pendientes.

• Critica que el Gobierno haya presentado un recurso a su ley
• Dice que así se desprotege los derechos de las familias trabajadoras

Los 16 consejeros de Repsol han aprobado al preacuerdo según el cual Argentina indemnizaría a la petrolera española con 3.700 millones de euros en bonos de deuda de ese país. Sería la compensación por nacionalizar, hace un año y medio, el 51% de YPF en manos de Repsol. La decisión ha sido unánime pero el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, no ha asistido y ha delegado su voto en Antonio Brufau.

Sería la compensación por nacionalizar el 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española. Los pagarían con bonos de deuda argentina, canjeables por dinero en los mercados internacionales. El preacuerdo se cerró en Buenos Aires en una reunión entre los gobiernos argentino y español y representantes de YPF y de Repsol. Sin su presidente, Antonio Brufau, pero con sus principales accionistas, entre ellos, la mexicana Pemex.

• El interés de la petrolera mexicana Pemex por invertir en Vaca Muerta, clave
• Argentina y España guardan silencio sobre las cifras del principio de acuerdo
• El presidente de Repsol, Antonio Brufau, no ha participado en las negociaciones

• Espera recuperar el 70% de las que actualmente están en manos privadas
• Evo Morales: "La legislación anterior era prácticamente regalar la patria"

• Su filial, Sabsa, gestionaba los tres principales aeropuertos del país andino
• Evo Morales: "No hay nada que negociar (...) más bien nos debe pagar"
• Abertis continúa "abierto al diálogo" con el gobierno de Bolivia

• El ejecutivo propone la apertura de una "vía informal de diálogo" sobre el tema
• De admitirse el recurso, el decretó quedará suspendido durante cinco meses

La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites de expropiación de un piso de Huelva, cuyos ocupantes iban a ser desahuciados. El actual propietario, un fondo de inversión, tiene 15 días para presentar alegaciones. Es la primera solicitud de expropiación temporal desde la entrada en vigor del decreto andaluz, que permite esta medida. Su legalidad la estudia estos días la Troika. Quiere comprobar si es compatible con las ayudas a la banca aprobadas por Bruselas. Si Andalucía valida la expropiación, la familia seguirá en la vivienda pagando un alquiler social.

• La Junta ha publicado en el BOJA el inicio del expediente de expropiación
• María del Carmen, la inquilina, ha recibido con alegría y alivio la noticia

• Lo hará cuando las familias se encuentran en situación de emergencia social
• Las expropiaciones se llevarán a cabo con un justiprecio que fijará un juez
• Las medidas no afectarán a las viviendas de personas físicas
• Se elaborará un registro de viviendas vacías y se promoverá el alquiler

• Jáuregui ha participado en los Diálogos Comarcales de su partido
• Defiende que la medida se extienda a toda España

• Coincidiendo con la entrada en vigor del decreto aprobado por Andalucía
• El decreto permite la expropiación del uso de la vivienda por tres años

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha hablado sobre el decreto de la Junta de Andalucía.