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La migración es otro de los principales retos que afronta la renovada Comisión Europea. La reelegida presidenta, Ursula von der Leyen, baraja como posible solución el llamado plan de la italiana Meloni: deportar a los llegados a países extracomunitarios. En Las Mañanas de RNE, Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, quien ha explicado que no hay una solución única al problema migratorio y ha recordado que el proyecto de la presidente del Consejo de Ministros de Italia ya se ha realizado anteriormente: "Se han intentado muchas situaciones para tratar de por lo menos regular o controlar la situación. Lo que pretendió la señora Meloni no es nuevo, en Francia esto ya lo hizo la UE con la Organización Internacional de Migraciones en el 2016 en Libia".

"Esa idea no es mala siempre que se haga con unas garantías muy claras y con una financiación. Y sobre todo cuando se trata de casos que no estarían en condiciones de pedir asilo. No lo demonicemos", ha recalcado la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Del mismo modo, Mangas ha explicado que los europeos tienen miedo de que estos centros de retención se conviertan en detención y ha recordado que este sistema no funciono en Libia porque los migrantes fueron explotados sexual y laboralmente por las milicias. Sin embargo, si se dan las condiciones adecuadas no tiene por qué fallar en otros países.

Araceli Mangas ha propuesto regular los flujos migratorios: "Si España necesita, por ejemplo, todos los años 400 o 500.000 personas para entrar en el mercado de trabajo, pues que se establezca que ese es el cupo y que vayan por las embajadas, es decir, que no vayan a través de los traficantes de armas, sino que vayan a través de nuestros consulados". Escucha la entrevista completa en RNE Audio.

Italia ha vivido este viernes la segunda huelga general contra el Gobierno de Giorgia Meloni convocada por los dos sindicatos mayoritarios en Italia, CGIL y UIL, para protestar contra los presupuestos generales de 2025. Los paros han afectado a la red de autobuses y metro, han provocado el cierre de escuelas, la reducción de la atención médica y la cancelación de vuelos.

La huelga supone un reto para el Ejecutivo italiano, que se enfrenta a una reacción de los trabajadores enfadados por los esfuerzos para reducir el gasto público con el fin de ajustar las finanzas italianas a las normas de la UE. CGIL se opone a los recortes previstos en el gasto en seguridad social, servicios públicos e inversiones, mientras que UIL quiere que el presupuesto mejore la seguridad de los trabajadores tras una serie de accidentes laborales.

El decreto aprobado con urgencia por el Consejo de Ministros de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, trata de resolver el problema con Albania y blindar su plan de externalizar los centros de refugiados. Como el acuerdo Italia-Albania solo se puede aplicar a los inmigrantes que vienen de países seguros, el Ejecutivo ha actualizado la lista de esos países y la ha convertido en ley. Una medida que, según el ministro de interior, "está por encima de la norma europea". Sin embargo, esto no parece tan claro.

Según el magistrado Stefano Celli, la sentencia de la Corte de Justicia Europea, que discrepa de lo que Italia entiende por países seguros, es vinculante. Así que los jueces italianos tienen tres opciones ante tales casos: acudir al Constitucional planteando una cuestión de legitimidad entre las dos normas o aplicar el derecho comunitario o el decreto ley del Gobierno italiano. De hecho, que los inmigrantes vengan de países no seguros no quiere decir que no puedan ser repatriados, como el Gobierno ha dejado entrever, simplemente, no se les puede aplicar un procedimiento de urgencia.

El centro de retención de migrantes que ha construido Italia en Albania vuelve a quedarse vacío, tras su inauguración esta semana. Los 12 migrantes que quedaban en el recinto han sido trasladados a Italia. Así lo ha dictado un juez de Roma. El Gobierno de Meloni se reúne este lunes para abordar su polémico plan migratorio.

Doce migrantes acogidos en un centro de solicitantes de asilo en Albania desde la semana pasada han embarcado este sábado en una nave de la Guardia Costera de Italia, con destino al puerto de Brindisi, tras una decisión de un tribunal italiano contra su retención. Se trata de un revés contundente para el gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni.

La justicia italiana lo ha dicho alto y claro: la verja que separa el centro de Gadjer, en Albania, se tiene que abrir de nuevo para dejar salir a los 12 inmigrantes que están encerrados desde el miércoles. Para el Tribunal de Roma, que hoy ha escuchado a estos inmigrantes por videoconferencia, no se pueden considerar seguros los países de los que provienen y, por tanto, tienen que trasladarlos inmediatamente a Italia. La sentencia ha sido todo un varapalo para el Gobierno de Georgia Meloni, que con tanto celo había puesto en marcha este programa de externalizar los centros de retención de inmigrantes. Para Italia, Egipto y Bangladés, de donde proceden estos inmigrantes, son países seguros, pero recientemente la Corte de Justicia Europea los ha sacado de su lista. El Gobierno ya ha advertido que recurrirá la decisión de los jueces y mantendrá los centros de Albania. Además, Georgia Meloni asegura que cumplirá su promesa de frenar la inmigración ilegal y encontrará una solución.

Francesco Olivo, corresponsal político del periódico La Stampa, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní para dar su visión acerca de los acontecimientos que rodean a la gestión de la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, los últimos días, entre los que se incluye el traslado de migrantes solicitantes de asilo a Albania. El periodista admite que se trata de "un éxito innegable" para Meloni que se hable del "modelo Albania", que ha impulsado como "medida estrella" de su Gobierno y que ha llegado a Ejecutivos como el de Starmer en Reino Unido, de corte laborista y de izquierdas.

Olivo duda de que esta medida sea factible porque, sobre todo a nivel judicial, "hay un montón de problemas que resolver". Sobre la postura de la mandataria en el conflicto en Oriente Próximo, el corresponsal explica que la presidenta italiana se ha acercado más a Israel de lo que lo ha hecho históricamente el país, que normalmente ha tenido un equilibrio: "Igual algo tiene que ver su historia personal, que tiene claramente un vínculo con el fascismo, que es un punto que no tenemos que perder de vista".

En Bruselas ha estado el líder del PP y también el líder de Vox. Feijóo se ha reunido con Ursula Von der Leyen, pero ha evitado valorar esos centros de deportación que propone Meloni y a los que se muestra favorable el PP Europeo. Mientras que Abascal, que se ha visto con la primera ministra italiana, los ha calificado de medida innovadora que se debería de explorar.

Un total de 12 inmigrantes, cuatro egipcios y ocho bangladesíes, estrenan el centro albanés de Yader, gestionado por Italia. De los 16 inmigrantes que Italia trajo, dos eran menores y otras dos personas vulnerables, por lo que tuvieron que desandar el camino para regresar. El lugar es un antiguo cuartel reconvertido en una pequeña fortaleza de 70.000 m² de una estructura prefabricada con muros de acero de más de cinco metros. El centro tiene capacidad para 800 personas, pero por el momento solo admite la mitad. Según lo establecido por el Gobierno Meloni, en 28 días los inmigrantes tendrán que saber si aceptan o no su petición de asilo. En principio, es el tiempo que les queda por delante en este lugar, pero ya son varias las voces que consideran la medida "un experimento" que se aplica directamente "en la piel de humanos".

Óscar Camps, fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, que a día de hoy mantiene su litigio con los gobiernos italianos, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní. Sobre la medida de Meloni de enviar a Albania a los migrantes irregulares, desde Open Arms no ven "que esta sea la única manera identificada por el gobierno italiano de gestionar a las personas que llegan a Europa".  El fundador de la ONG cataloga de "grave" que "todo esto está sucediendo con el aplauso de la Comisión Europea, que yo diría que que es el organismo indicado para marcar las líneas en cuestiones fundamentales".

En cuanto a la efectividad de la iniciativa italiana, Camps afirma que no se trata de algo económico ni práctico: "Estas políticas no van a arreglar nada, en todo caso infligen todavía más sufrimiento a todas estas personas que son retenidas en centros de detención en países de dudosa solvencia democrática", ha insistido. Desde la organización tienen claro que el Gobierno italiano actual sigue una estrategia para intentar desgastar económicamente la labor que ejercen, pues les asignan puertos a una gran distancia para desembarcar con los gastos de combustible que eso conlleva, que ascienden a los 5.000 euros diarios, además de las sanciones a las que se enfrentan.