Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional y experto en Salud Pública de la Universidad de Comillas, ha asegurado en una entrevista al Canal 24 horas que no es legal la restricción de derechos fundamentales sin la intervención de un juez "salvo en el estado de alarma". Montalvo se refiere de este modo a la aplicación de las restricciones de Sanidad a Madrid y otros nueve municipios de la comunidad. Según ha señalado, hasta que la orden no sea ratificada por la justicia existe un vacío legal y su aplicación genera incertidumbre e inseguridad | Coronavirus: última hora en directo
La Comunidad de Madrid recurrirá este viernes en la Audiencia Nacional las medidas restrictivas que afectan a la capital y a nueve municipios en la región impuestas por el Ministerio de Sanidad. En este recurso se pedirá la suspensión de la orden como medida cautelar. La Comunidad ya ha confirmado que publicará la norma en su boletín oficial. El enfrentamiento entre la presidenta regional y Sanidad ha provocado tensión con Ciudadanos, su socio de gobierno | Coronavirus: última hora en directo
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha demarcado de la decisión de Isabel Díaz Ayuso de recurrir a la Audiencia Nacional las medidas impuestas desde el Ministerio de Sanidad. "No creo que el mejor lugar para buscar soluciones a este drama sean los tribunales, prefiero sentarme en una mesa a hablar. Las sentencias pueden tardar semanas, y no tenemos semanas", ha afirmado en una entrevista en el Telediario, en la que ha defendido la vía del diálogo entre administraciones.
El representante de Ciudadanos ha celebrado que Sanidad aporte "criterios homogéneos" para todo el Estado aunque cree que "llega tarde". Aguado considera que la resolución del Gobierno es mejorables y ha instado a las fuerzas políticas y a los diferentes niveles del Gobierno a sentarse a trabajar.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que cumplirá el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que obliga a restringir la movilidad en diez municipios de la región para frenar el avance del coronavirus, pero ha advertido de que recurrirá la orden del Gobierno en los tribunales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que "cumplirá todas las órdenes", en referencia a la publicación en el BOE de las medidas de restricción que afectan a Madrid y otras 10 ciudadades de la comunidad autónoma.
"Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de forma estricta porque no somos como sus socios independentista", ha dicho en la Asamblea de Madrida respondiendo a una pregunta del lídel socialista, Ángel Gabilondo."Eso sí: iremos a los tribunales como hicimos con el pase de fase para que las normas se ajusten a la realidad", ha añadido.
Cuatro comunidades han rechazado las medidas de Sanidad para frenar la pandemia en municipios de más de 100.000 habitantes. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que recurrirá la medida. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho en Las mañanas de RNE, que el Gobierno no contempla que no se cumpla la norma: "Es deobligado cumplimiento incluso para las comunidades autónomas que votaron que no. Estamos ante una situación muy grave. Entendemos que es razonable"
"Supongo que las razones [de la Comunidad de Madrid] son de naturaleza política, para desgastar al Gobierno. Sería una irresponsabilidad seguir jugando a eso cuando hay vidas en juego" ha afirmado Garzón. ¿El Gobierno podría activar para la Comunidad de Madrid el estado de alarma? El ministro de Consumo ha insistido en el obligado cumplimiento de la norma y afirma no entender "que se siguiera haciendo una batalla política en extremos como este". "No entiendo muy bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella pidió ayuda al Gobierno central, el presidente fue a la Puerta del Sol, se llegó a un acuerdo, el PP cambió de opinión" ha criticado. "Estamos hablando de un PP que ha cambiado de opinión muchas veces a lo largo de todo este tiempo. Da la sensación de que el Partido Popularestá utilizando este drama para atacar al Gobierno, como oportunidad política" y señala a Génova como posible responsable del descarrilamiento del acuerdo. "Uno tiene la tentación de pensar que lo que ocurre aquí es que la presidenta Ayuso comparte la aproximación de la pandemia que tiene Trump, que es básicamente no hacer demasiado. Ha tenido los instrumentos, ha tenido el dinero. Si no ha querido actuar, ha sido por una decisión política. El resto de comunidades autónomas lo han hecho y lo han hecho bien" y ha puesto como ejemplos las actuaciones en los rebrotes de Cataluña o Aragón frente a importantes rebrotes.
Sobre el tuit que publicó sugiriendo queFelipe VI rompió la legalidad con lallamada a Lesmes tras el reparto de despachos de nuevos jueces en Barcelona, el ministro Garzón cree que "lo que hizo fue correcto, que fue defender la neutralidad de las instituciones y defender la Constitución. La monarquía tiene que ser neutral, asociada al conjunto de los españoles. Cuando eso se sale de ese carril, hay que denunciarlo". Alberto Garzón ha defendido que en un Gobierno de coalición existan diferencias de opinión sobre temas como la monarquía: "Un Gobierno de coalición no significa homogeneidad, eso tenemos que aprenderlo en España". Garzón afirma que para Unidas Podemos que el debate sobre la monarquía no es prioritario con la pandemia en curso, pero cree que cuando se abra el debate, participarán en él.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estudia recurrir la orden que ha sido publicada este jueves en el BOE que restringe la movilidad en diez municipios madrileños, ya que considera que el "plan" del Gobierno central "destroza Madrid sin criterio" e insiste en que "este Consejo no puede imponer nada".
El Gobierno central ya ha publicado en el BOE la orden con la decisión colegiada adoptada este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud para aplicar nuevas restricciones de movilidad en diez municipios de la Comunidad de Madrid para tratar de contener la expansión del coronavirus.
El magistrado Joaquín Bosch ve“muy discutible jurídicamente” que el Gobierno pueda despojar de competencias en materia de sanidad a una comunidad de autónoma a través de una orden ministerial. “Nuestro sistema de materia de sanidad está diseñado para otorgar competencias a las comunidades autónomas y el único instrumento para que el Gobierno pueda tener el control de la gestión en materia de sanidad es mediante el estado de alarma”. Fuera del estado de alarma está el Consejo interterritorial, admite Bosch en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, pero está configurado legamente para coordinar, planificar y emitir recomendaciones. “Las órdenes ministeriales deben tomarse previo acuerdo del Consejo Interterritorial, que debe aprobarlas por consenso, no por mayoría, precisamente para que el Gobierno no pueda invadir competencias”. Bosch prevé una batalla jurídica entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid que podría llegar al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias.
La reunión deja las mismas posiciones entre la Comunidad de Madrid y el ministerio de Sanidad. Salvador Illa ha indicado que ya "vamos tarde", que en Madrid hay transmisión comunitaria, incremento de casos y de fallecidos, por lo que hay que actuar "inmediato" y extender las restricciones a la movilidad a toda la ciudad de Madrid, a las áreas con más de 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y restringir el consumo en barra y la ocupación de terrazas al 50 por ciento. Ha pedido a Ayuso que se deje ayudar y ha advertido sobre medidas más duras. Informa Begoña Sanz.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha ofrecido a la Comunidad de Madrid la colaboración de su departamento, pero pide a Ayuso que se deje ayudar. "El Ministerio de Sanidad está en ese espacio de cooperación reforzada que acordaron el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar, pero pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar, y que escuche las recomendaciones que hacemos y que vea los datos tal como son", ha declarado Illa en su comparecencia en La Moncloa.
Illa asegura que "vienen semana muy duras" en las que "hay que actuar con determinación para tomar el control de la pandemia, que no lo tenemos en este momento y si no lo hacemos habrá que tomar decisiones todavía más duras".
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha dicho en Las mañanas de RNE que no hay "ningún frentismo con la Casa Real, en absoluto". El ministro Campo ha explicado en RNE que hubo razones que desaconsejaban la asistencia del rey Felipe VI al acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Campos ha alegado motivos de seguridad, por la inminencia de la sentencia del president de la Generalitat, Quim Torra, la cercanía del 1 de octubre y "motivos de convivencia". "Hubo un intento de que el acto se aplazara y el presidente del Consejo General del Poder Judicial entendió que no", ha explicado el ministro de Justicia en los micrófonos de Radio Nacional. "Todo ha sido un tanto extraño, pero tampoco hay que hiperbolar, lo importante es que el poder judicial cuenta con una nueva promoción", ha dicho. Sobre la renovación de los órganos institucionales, Campos asegura que es el Partido Popular quien lo tiene lo en su mano. "No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. Hay que renovar nuestras instituciones, es lo que genera confianza", ha dicho Campos.
Sobre la situación de la pandemia y la tensión entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, elministro de Justicia ha apelado a la unidad y a la actuación conjunta entre instituciones para "vencer al virus" y a que laComunidad de Madrid atienda a las recomendaciones expuestas por las autoridades sanitarias y ha aclarado que el ordenamiento jurídico está "bien diseñado" y hay instrumentos para "casi todo". "Judicializar una lucha colectiva me parece una mala idea", ha asegurado. Campos ha insistido en que "no hay una carga ideológica y quien lo quiera ver, se equivoca". En Las mañanas de RNE el ministro de Justicia ha señalado que "sería aberrante que no se tramitaran" los indultos de los presos del procés. "Es la obligación de cualquier Gobierno y ministro de Justicia. Cada año se presentan 2.000 peticiones de indulto y estamos tramitando 4.000, hay un gran retraso", reconoce. "Deberíamos hacer un ejercicio de contención. Hay otros debates que están ahí[...] Poner el grito en el cielo porque se inicia una tramitación de unas peticiones de indultos no me cabe en mi cabeza de jurista y me parece una forma muy mala de hacer política". Sobre dar por hecho el indulto, Juan Carlos Campo asegura que creer eso es "no creer en el Estado de derecho" y "es un ejercicio muy censurable". "Lo ocurrido fue muy grave", afirma, "y el Tribunal Superior de España los condenó. Hay que ver si son merecedores o no de un indulto parcial o total".
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