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Con las primeras luces del día, llegaba a territorio albanés la nave de la marina italiana que trasladaba a los 16 migrantes: diez de Bangladés y seis de Egipto, todos varones y mayores de edad.

El de Gjader es uno de los centros que Italia ha construido en Albania. Los migrantes enviados a estas instalaciones estarán en situación de detención administrativa para resolver su petición de asilo en menos de un mes. Si no se la conceden, serán repatriados.

Los diarios locales dedican páginas y páginas al proyecto del gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de externalizar los centros de acogida de migrantes

El centro de internamiento de inmigrantes levantado por el gobierno italiano fuera de territorio europeo, en Albania, recibe ya a los primeros 16 migrantes. Personas que alcanzaron Italia huyendo de la pobreza y la guerra y que ahora serán identificadas en un país fuera de la UE e internadas en un centro mientras se resuelve su solicitud de asilo. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, considera que esta es una forma "valiente" de combatir la inmigración irregular, y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen, ha aplaudido la medida, que considera "innovadora". No opinan lo mismo las numerosas ONG que han criticado duramente la medida. Entre ellas, Amnistía Internacional, que la calificaba de "cruel experimento". En Radio 5, Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, recuerda las discriminaciones, falta de equidad y posibles errores en la identificación de vulnerables que se pueden dar en este procedimiento. De Las Heras critica esta externalización de las obligaciones por parte de un país de la UE y teme que, aunque las personas trasladadas a Albania se rijan por la legislación italiana, no puedan acceder a todos sus derechos. "Y esto es un precedente peligroso en Europa", añade. Y reconoce que "de la UE deberíamos esperar un rechazo a todos estos intentos de externalizar el derecho de asilo", en lugar del apoyo que está recibiendo.

Cuando el nuevo decreto de seguridad de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, entre en vigor, participar en una manifestación en Italia conllevará penas de hasta dos años de cárcel. Para la CGIL, el sindicato mayoritario en el país, limitar el derecho de manifestación es un ataque a la democracia. El decreto incluye también que los inmigrantes sin papeles tienen prohibido adquirir una tarjeta sim para su teléfono si no tienen un permiso de residencia, algo que supone una contradicción para diversas asociaciones de migrantes, ya que sin teléfono dejarán de estar controlados La ocupación de viviendas entra en la lista de nuevos delitos, con 2 a 7 años de cárcel, o utilizar a un menor para mendigar, castigado con hasta 5 años.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con la primera ministra italiana, de quien ha alabado la gestión migratoria. "Italia ha trabajado con buenos resultado y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la UE", ha afirmado Feijóo. La Moncloa le afea el espejo que ha elegido y rechaza que la política migratoria italiana sea un ejemplo.

En medio de la tensión, el Gobierno tiene previsto reunirse con el PP y el Ejecutivo de Canarias para negociar cambios en la Ley de Extranjería. El presidente canario se muestra confiado en lograr un acuerdo.

Núñez Feijóo pide al Gobierno seguir la política migratoria de la primera ministra italiana porque dice que funciona. El líder del PP se ha reunido en Roma este jueves con Meloni para conocer sus políticas migratorias. Desde Moncloa contestan que no se puede aprender nada de un Gobierno que no cumple con el derecho internacional.