Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional han jurado o prometido sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Se incorporan al tribunal el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática y exasesora de Moncloa, Laura Díez. Ambos, nombrados por el Gobierno. Los otros dos, son César Tolosa y María Luisa Segoviano, designados por el Consejo del Poder Judicial.
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El rey Felipe posa para la foto de familia junto a los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. EFE/Ballesteros
El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según ha podido confirmar RTVE.
El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Foto: EFE/Román Ríos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido prescindir de la actual vicepresidenta primera, Carmen Calvo; la ministra de Exteriores, Arancha González Laya; del titular de Justicia, Juan Carlos Campo; del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; y del de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en el marco de la remodelación del Ejecutivo para dar un nuevo impulso al final de la pandemia y de cara a la recuperación.
Foto: Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso (E.Parra POOL / Europa Press)
La Ley Trans no permitirá a los menores de entre 12 y 14 años la libre determinación de género, y tendrá que mediar una resolución judicial.
Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el proyecto de ley.
La ley establece diferencias según franjas de edad, para recoger la exigencia del Tribunal Constitucional de valorar "la madurez y estabilidad" en la definición de género de la persona. Las franjas son 12-14, 14-16 y 16-18 o superior.
En el caso de los menores entre 14 y 16 años, habrá una primera comparecencia en el Registro Civil, acompañado de sus progenitores o tutores; se le informará sobre las condiciones y medidas de que dispone; y a los tres meses deberá regresar al registro para manifestar que mantiene su decisión.
Campo ha explicado que el proceso es reversible. "¿Es posible la reversión? Sí, una vez, pero han debido pasar 6 meses, y volvemos al juez", ha explicado el ministro.
Foto: Joven con pancarta durante la manifestación del Orgullo LGTB+ en Valencia, el pasado 28 de junio. EFE/Biel Aliño
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado este jueves su respeto y"confianza ciega" en el Tribunal Supremo, que este miércoles informó en contra de conceder indultos a lo condenados del "procés", y ha asegurado que estas medidas de graciano son "una pelea del Ejecutivo contra el poder judicial".
En la Comisión de Justicia del Senado, Campo ha insistido en lanecesidad de ver el indulto con naturalidad, porque está recogido en la legislación; "lo que no quiere decir que no sea excepcional, claro que lo es, pero está en el ordenamiento jurídico y por tanto no nos tiene que asustar", ha insistido.
FOTO: Juan Carlos Campo, durante su comparecencia este jueves ante la comisión correspondiente del Senado. EFE/Rodrigo Jiménez
A la espera de que el Tribunal Supremo termine su informe sobre los indultos a los condenados del 'procés', el Gobierno y los partidos politicos recuerdan sus posiciones: el Ejecutivo insiste en que es una medida de gracia que contempla la ley y el PP anuncia que si se conceden, los recurrirán. El ministro de Justicia ha pedido además al nuevo presidente catalán que rebaje la tensión política.
Tras las críticas vertidas por el Tribunal Supremo ante el decreto que les obligará a pronunciarse sobre las restricciones una vez que decaiga el estado de alarma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responde en RNE. “Pediría calma y sosiego. El decreto es tremendamente constitucional y empodera al Supremo para su rol constitucional, que es unificar doctrina”. Es categórico sobre el plazo de cinco días para dar una respuesta: “Claro que sí. Se cumplirá”. Campo se compromete a dar los recursos de personal que sean necesarios pero también apunta que no habrá un aluvión de recursos: “Como mucho, uno por comunidad”. A poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma el Gobierno defiende que las CCAA tienen un “arsenal normativo suficiente” para tomar medidas que hagan frente a la pandemia.
Campo explica por qué el Ejecutivo descarta la reforma de otras leyes, como propone la oposición. “No hay clima para alcanzar consensos. Debemos recordar lo que nos ha costado sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Nunca hemos tenido apoyo. Ahora que la situación es más optimista, hay herramientas suficientes para hacerle frente”.
Campo es mucho más optimista cuando se le pregunta por un posible entendimiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Habla de necesidad y reconoce contactos con Enrique López, consejero de Justicia en funciones del PP en Madrid, después del 4M. Aunque no pone fecha y hora, asegura: “El acuerdo está hecho. Solo hay que encontrar el acuerdo para visibilizarlo y hacerlo público. Espero que ahora encontremos ese mecanismo”. Campo cree que el consenso en este momento es fácil y que hay voluntad por las dos partes.
Reconoce el mal resultado del PSOE en las elecciones del martes y dice que “hay que felicitar al que gana y hacer autocrítica. Es la clave de la democracia”. Eso sí, niega que la derrota vaya a influir en decisiones como qué postura adoptar ante los indultos solicitados por los presos del ‘procés’.
El Gobierno ha pedido al PSOE y Unidas Podemos que retiren la reforma que registraron en el Congreso para rebajar las mayorías necesarias en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La registraron los socios de Gobierno, justificándola por el bloqueo del PP. Podemos no ve buena idea retirarla.
Foto: El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) EFE/ CGPJ
El Gobierno tiene previsto plantear la revisión de delitos relacionados con la libertad de expresión. En concreto, el ministerio de Justicia no quiere que los excesos verbales cometidos en un marco artístico, cultural, o intelectual conlleven un castigo penal.
Apuntan que, en estos casos, "la cárcel ni es la herramienta más útil, ni necesaria ni proporcionada". La cartera de Juan Carlos Campo estudia reformar el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas; el de odio; también los delitos de injurias a la corona y otras instituciones, o los delitos contra los sentimientos religiosos.
Señala Justicia que "es preciso concretar estos delitos de forma más precisa respecto al derecho de la libertad de expresión". De este modo, se evitarían condenas como la del rapero Valtonyc o Pablo Hasel.
Este anuncio del Gobierno coincide en el tiempo con dos aspectos: Por un lado, varias personalidades del mundo de la cultura han exigido la libertad de Hasel y, por otro, que Unidas Podemos presentará este martes 9 de febrero unaLey de Protección de la Libertad de Expresión pidiendo derogar, precisamente, estos delitos.
A la vista de la mala situación de la pandemia, la Mesa de los grupos parlamentarios en Cataluña se reúne este viernes para decidir si aplazan las elecciones convocadas para el 14 de febrero. Solo los socialistas catalanes se habían mostrado en contra de retrasarlas, pero su postura ha cambiado el jueves por la tarde: según ha podido saber TVE, con el fin de lograr un consenso, propondrán que se celebren en marzo.
Foto: EFE
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido al Govern sobre la posible suspensión de las elecciones en Cataluña de que existe “una falta de previsión legal” y ha pedido “mucha cautela” porque “es una medida grave para la democracia”. Ha reconocido, sin embargo, que se puede hacer "si no hay más remedio", como ocurrió con el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas.
En una entrevista en La 2 y en Ràdio 4, Campo ha pedido "responsabilidad" al Govern sobre su determinación de posponer los comicios si es necesario ante el avance de la tercera ola de coronavirus. Una determinación debida a que se espera que el pico de la misma se dé en las vísperas del 14 de febrero, cuando está prevista la cita electoral.
Entre el Gobierno hay distintas reacciones al rechazo de la Fiscalía al indulto para los líderes del 'procés' condenados. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha evitado dar su opinión, mientras que el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha matizado que los informes deben ceñirse a criterios "jurídicos", ya que el Ministerio Público advirtió que los indultos no pueden ser "moneda política". El titular de Consumo cree que los condenados deberían estar en libertad. Desde la oposición, defienden la postura de los fiscales.
El Banco de España enfría el optimismo del Gobierno, cree que como mucho este último trimestre la economía crecerá seis décimas, la cuarta parte de lo que estima el Ministerio de Seguridad Social. Asegura que la economía caerá un 0,8% en el cuarto trimestre aunque el deterioro será menor que en la zona euro donde se prevé una contracción del 2,2%. En cuanto al paro la tasa podría superar el 20% porque algunos empleos en ERTE se perderán.
Unidas Podemos propone que la reforma del Código Penal contemple únicamente el delito de sedición en los casos de alzamiento que impliquen violencia, por medio de “armas u otros objetos peligrosos”, para infringir las normas o impedir las resoluciones judiciales, “perturbando seriamente el orden público”.
Así lo refleja el borrador que la formación morada prevé enviar al Ministerio de Justicia con su propuesta para modificar el delito de sedición por el que fueron condenados en octubre de 2019 los líderes del ‘procés’ a entre 9 y 13 años de prisión.
