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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, responde a las palabras del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que calificaba el pacto PSOE-Junts como un acuerdo para "descentralizar el racismo". "Deberían leerse la ley [...] y explicarnos por qué aquello que hace el Estado español es bueno y es malo o racista si lo hace Cataluña". Nogueras le pide a los morados que empiecen a hacer "propuestas concretas y trabajadas", pero considera que acabarán votando que sí al acuerdo. "Hablaremos con ellos, seguro. Siempre hablamos con todos", reitera en 'Las mañanas de RNE'.

La portavoz de Junts explica que ahora comienza un trabajo complejo y que la Generalitat de Catalunya tiene que despertar, porque "ha llegado al Gobierno dormida y sigue dormida". Nogueras insiste en que la integración de los migrantes pasa porque conozcan el catalán. "No hay integración plena si no se conoce la lengua del territorio en el que vas a vivir".

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha asegurado que el catalán será un requisito para poder residir en Cataluña: "Estamos en Cataluña y existe una lengua oficial que es el catalán. No hay una integración plena si tú no conoces la lengua del territorio en el que quieres vivir". Aunque los de Puigdemont celebran este acuerdo, han recordado al Gobierno que todavía hay otros temas pendientes antes de los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, el Gobierno sigue defendiendo la legalidad del acuerdo y han asegurado que "se va a aplicar con la Constitución en la mano". El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que este acuerdo supone "dar al independentismo lo que siempre han buscado, el control de sus ficticias fronteras" y ha asegurado que se está "desmantelando el Estado". Para Ignacio Garriga, de Vox, Pedro Sánchez "humilla una vez más a la nación", con una soberanía que "se va a vender a Waterloo". Podemos también ha mostrado su rechazo al acuerdo: "Nosotras, políticas racistas no las podemos negocias", ha dicho la líder del partido, Ione Belarra.

El martes se registró en el Congreso como proposición de ley el pacto entre PSOE y Junts para transferir las competencias en materia de inmigración a Cataluña, algo que Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, afirma que es "un acuerdo para descentralizar el racismo". Lo ha dicho en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní, donde ha confirmado que su formación va a "votar radicalmente en contra", alegando que quieren una política migratoria "que respete los derechos humanos". Fernández insiste en que hay un acercamiento a la extrema derecha con este acuerdo: "Es una exposición de motivos que habla que la inmigración es un peligro, que pone en riesgo la sostenibilidad de Cataluña, que es una amenaza para la identidad y para la lengua catalana...", mientras que desde Podemos creen que la verdadera amenaza para la convivencia son "los racistas o los fondos buitre".

A la pregunta de si negociarán enmiendas a esta proposición, el entrevistado responde que "con los derechos humanos no se negocia". La única opción viable para Fernández es "cerrar los CIE, prohibir las devoluciones en caliente, prohibir las redadas racistas y aprobar la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes en situación irregular en este país", sentencia. El secretario de Organización dice que la política migratoria del PSOE "vulnera los derechos humanos": "El Partido Socialista pacta con el Partido Popular en la Unión Europea un pacto de inmigración y asilo que es un pacto que vulnera los derechos humanos y que ha sido aplaudido por Meloni", concluye.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el acuerdo del PSOE con Junts para traspasar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña: "Es una doble humillación. Humillación porque es una competencia del Estado y humillación porque esto se pacta fuera de España". También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "florero que lo pone y lo quita el independentismo".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para la cesión de competencias de inmigración a Cataluña "respeta el ámbito constitucional". En una entrevista en La Hora de La 1, Díaz ha señalado que se trata de una "delegación de competencias", pero que en última instancia, la "titularidad" seguirá en manos del Estado.

Preguntada por la ampliación del gasto militar en España, Díaz ha puesto el acento en que es más importante ver a qué se destina y ha recordado que del presupuesto del año pasado, que había consignado un 1,2% para Defensa, solo "se ha ejecutado el 0,9%". En ese sentido, ha advertido que no hay que entrar en una "carrera armamentística" como pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, ha abogado por seguir apoyando a los ucranianos.

FOTO: Yolanda Díaz interviene en un acto este lunes en Madrid. EFE/ Chema Moya

El PSOE y Junts han registrado conjuntamente una propuesta de ley para transferir las competencias de migración a Cataluña. Los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad en los puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en "cooperación" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La portavoz del sindicato SAP-FEPOL, Imma Viudes, valora positivamente este traspaso de competencias en 'Las Mañanas de RNE', pero pide "garantías" para que se pueda hacer correctamente. "Nosotros estamos completamente preparados para asumir estas competencias, pero necesitamos tiempo y recursos". El número de efectivos de Mossos aumentará hasta los 26.800 agentes: "Hay que calendarizarlo y se tiene que configurar una hoja de ruta, porque sino vamos a desgastar la imagen del cuerpo". Viudes asegura que se ha demostrado que la coordinación entre policías funciona y espera conocer pronto los detalles del traspaso.

Ayer, el Consejo de Ministros daba su visto bueno a que España se adhiera al protocolo de Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la espera del aval del Congreso. Se trata de una medida que reclamaba Junts y que permitirá a los altos tribunales solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que opine sobre la aplicación de derechos y libertades sin mediación previa con el Tribunal Constitucional. Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, piensa que no ve relevante este cambio: "Es ratificar el protocolo 16 del convenio, del que se empezó a hablar a principios del siglo XXI y se quería copiar en el Consejo de Europa la cuestión prejudicial de Luxemburgo. De hecho, cuando por fin se elaboró en 2013, se tardó cinco años en lograr 10 Estados que lo firmen", explica en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní.

Borrego se muestra en desacuerdo sobre que esta adhesión pueda promover respeto, ya que, incide, en que consiste en que el Estado español diga qué altas instituciones puedan formular "voluntariamente" cuestiones para que el Tribunal Europeo "declare la interpretación y aplicación de los derechos del Convenio Europeo". El exmagistrado piensa que "o no se sabía bien qué proponía Junts o piensan que van a obligar al Constitucional o al Supremo a plantear una cuestión sobre alguno de sus desiderátum" y admite que la situación le parece "humo de paja".