Adriana Sánchez, cuidadora principal de su hija Natalia. La joven tiene 15 años y está diagnosticada con trastorno del espectro autista. Ángela Alcover ha pasado un día acompañando a esta familia para conocer cómo es el día a día de una cuidadora principal de una persona dependiente. “Es un trabajo a tiempo completo”, afirma su madre.
El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido el gobierno de coalición reconociendo los diferentes puntos de vista de los partidos que lo forman: "Una democracia no funciona con el ordeno y mando", ha explicado en TVE al tiempo que aseguraba que el Gobierno "goza de buena salud". El ministro no escondía que en el Gobierno "hay partidos diferentes, con posiciones y políticas diferentes, que chocan, pero avanzan", y no ha tenido reparo en explicar que "es difícil negociar cuando hay posiciones diferentes" pero está convencido de que "está bien que haya una discusión pública sobre distintas posiciones". Sobre las discrepancias internas Bustinduy ha querido zanjar el tema con una reflexión: "Entiendo que la diferencia llame la atención, pero hay que desdramatizarlo".
Los periodistas de 'La Hora' han aprovechado para preguntarle por la reforma de la Ley de Dependencia y la Discapacidad, la fiscalidad del salario mínimo interprofesional (SMI) y la campaña en la que la aerolínea de bajo coste Ryanair le tacha de "payaso" y "comunista". Sobre esto último ha valorado que "la campaña se califica por sí misma", que "Consumo sancionó a Ryanair porque padres o madres se sentarán al lado de sus hijos" y que su obligación es "defender a los consumidores aunque monten estas campañas para amedrentar".
Teleasistencia, más ayuda en casa, agilizar los trámites y evitar la discriminación para contratar seguros son algunas de las medidas que recoge el anteproyecto de ley de dependencia y discapacidad que ha aprobado el Gobierno. Las asociaciones aplauden la norma pero piden más financiación.
Casi todas las personas con discapacidad han sufrido discriminaciones que no están permitidas por ley. Perseguirlas con más eficacia es lo que busca la nueva Ley de Dependencia y Discapacidad. Además recoge otras medidas como el derecho a la teleasistencia o la posibilidad de recibir más de un servicio a la vez. Actualmente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atiende a más de 1.600.000 personas, y hay una lista de espera de más de 200.000. FOTO: GETTY IMAGES
Mara Peterssen y la doctora en Psicología Laura Rojas-Marcos hablan de la importancia de cuidar a los cuidadores, las personas que se ocupan de los mayores o dependientes.
Se estima que en España entre 4 y 6 millones y medio de personas necesitan algún tipo de apoyo o cuidados. Esto es un 10% de la población. El gobierno acaba de aprobar la Estrategia Estatal de Cuidados, un nuevo modelo dotado con más de 1.300 millones y que implicaría, ha dicho el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, "un cambio de mentalidad". Entre los colectivos a los que abarca también está el de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, unas 400.000 personas en nuestro país. Hablamos con Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, que considera esta estrategia "un avance muy importante, vinculado a un objetivo que está en el marco europeo: pasar de servicios sociales más institucionalizados a servicios sociales vinculados a proyectos de vida en la comunidad". "Esta estrategia pretende poner el foco en la persona y en su proyecto de vida, y en sus derechos a vivir en comunidad", añade. Ahora bien, reconoce que la inversión destinada es insuficiente: "Hacen falta muchos más recursos, porque hay que transformar los centros y servicios, tener vivienda para vivir en comunidad, cambiar la movilidad, reconocer a los profesionales, cambiar la ley de dependencia, incorporar a autoridades locales y a las comunidades autónomas en este movimiento".
El Tribunal Supremo ha sentenciado que los herederos de una mujer dependiente que murió sin poder recibir la ayuda solicitada y propuesta por Servicios Sociales puedan percibir la devolución de los gastos que tuvieron que asumir. La sentencia obliga a la Junta de Andalucía a reabrir el expediente que archivó tras el fallecimiento y a continuar con la resolución. Manuel Fuentes, miembro de la comisión permanente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, subraya la importancia de esta sentencia: "El Tribunal Supremo reclama que se acabe la inactividad de las administraciones. Los herederos tienen derecho a que se culmine el expediente, para poder reclamar a la administración pública". En 2023 fallecieron 40.000 personas a la espera de recibir una respuesta por parte de la administración. Actualmente hay 260.000 personas dependientes en lista de espera. Se tarda de media unos 324 días en atender a una persona dependiente en España. "No podemos tardar dos años en prestar una atención a una persona que está encamada, o repercutir sobre la familia todos los gastos y esfuerzos. La obligación de la administración es reducir estos plazos: quitando burocracia y reduciendo el tiempo", añade Manuel Fuentes.
Qué quiero ser de mayor: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. CIFP Ánxel Casal-Monte Alto. Seguimos descubriendo las oportunidades que ofrece la Formación Profesional en España. Nos acercamos al CIFP Ánxel Casal-Monte Alto para conocer la oferta educativa del área de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Cada 13 minutos muere una persona que está esperando la ayuda por dependencia. Hay muchas diferencias entre comunidades pero en general, el proceso para obtenerla se alarga de media casi un año cuando debería resolverse como mucho en seis meses.
Cada 13 minutos, muere una persona que está en una lista de espera para recibir la ayuda por dependencia. El proceso para obtenerla se alarga, de media, más de 10 meses, cuando lo previsto por ley son tres meses máximo, aunque hay muchas diferencias entre comunidades.
En nuestro país, hay 1.400.000 dependientes con ayudas, 155.000 a la espera de recibirlas y 117.000 pendientes de valorar. En los últimos tres años, el Gobierno, ha destinado 3.800 millones para prestaciones, pero al ritmo que se conceden, se necesitan ocho años para alcanzar la plena atención, entre otros motivos, por la burocracia.
Hoy la ley de atención integral a las personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, vuelve al Congreso, a propuesta del PP. Hablamos con Pilar Fernández Aponte, miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), que recuerda que "los enfermos de ELA no tienen tiempo. No pueden esperar a trámites y burocracia", algo que esta ley trata de paliar con la agilización de la declaración de dependencia tras el diagnóstico. "La ELA no tiene color político: es solo una enfermedad cruel y hay que ayudarles", añade.
De seda y hierro