La presunta intervención de Gerard Piqué se circunscribe al contrato que llevó la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF y el primero aún jugaba en el Barça, equipo que participaba en el torneo.
Lo que investiga la magistrada son las "posibles ilegalidades" en los acuerdos firmados el 11 de septiembre de 2019 entre la RFEF y la entidad saudí Sela Sport Company, en los que se fijó una "prima de éxito" de 4 millones al año para una "tercera parte agente" que no se identificaba en el contrato, frente a los 40 millones anuales en favor de la Federación, durante seis años.