La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado este lunes por la tarde que las cifras de fallecidos no han cambiado en las últimas 48 horas porque "en superficie" ya no se han detectado más cadáveres. "Ahora estamos en la siguiente fase, que es la entrada a cauces y subterráneos, donde está trabajando intensamente el Ejército y los Bomberos para ir achicando", ha explicado en una comparecencia ante los medios desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI).
Junto a ella, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado que comunicarán el dato de víctimas en cuanto "sea oficial" y ha apelado a la "información veraz", pidiendo a la ciudadanía que se "aparte de los bulos".
Se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, una norma que recoge el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, hace una valoración "muy positiva" del desarrollo de la Ley en estos dos años. Son ya 5.600 los cuerpos exhumados, y el objetivo es alcanzar, en la próxima fase, los 20.000 cadáveres que se estima que pueden ser recuperados. Reconocer Martínez López que "en Cuelgamuros somos pioneros a escala mundial en este tipo de exhumaciones". Y recuerda que su proceso de resignificación sigue en marcha. Y respecto a la falta de consenso político, insiste: "La ley ha sido un gran acierto. Los grupos políticos ya irán entrando, porque se tienen que dar cuenta de que esto no es una confrontación: nos lo requieren los organismos internacionales de carácter humanitario".
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha emplazado este lunes al PP a que deje de buscar "excusas peregrinas" para no apoyar una reforma del sistema de acogida de los menores llegados en patera y a que se siente a negociar y diga qué quiere, después de que este sábado los 'populares' rompieran la negociación con el Gobierno sobre la crisis migratoria por su "renuncia" a la ayuda de la Unión Europea (UE).
FOTO: El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa. Carlos Luján / Europa Press
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que siguen las reuniones del Gobierno central con el de Canarias y el PP para lograr un acuerdo para el reparto de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas. En una entrevista en La Hora de La 1, ha explicado que estas reuniones se están celebrando con "discreción", pero que espera que se llegue a un acuerdo con el PP porque se necesitan sus votos para modificar la ley de extranjería y porque "gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas".
FOTO: Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa en Moncloa. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
A 24 horas del pleno en el Congreso de los Diputados que votará la propuesta de reforma de la ley de extranjería, Gobierno y comunidades se han vuelto a reunir. Canarias recuerda que su situación es crítica, con los centros desbordados, pero sigue sin haber consenso sobre la acogida obligatoria de menores migrantes que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo. Las comunidades del PP y Cataluña lo rechazan. La ministra Elma Saiz ha vuelto a pedir a Alberto Núñez Feijóo su apoyo: "Confío en que el PP esté a la altura".
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tachado de "repudiable" que el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), haya roto en "un acto violento" las fotos de víctimas de la dictadura y ha avanzado que desde el Gobierno están estudiando "si estamos ante un acto de odio o enaltecimiento del franquismo". Así lo ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1, en la que también ha instado a que los diputados del Congreso condenen lo ocurrido.
El Gobierno ha retirado en el último momento el proyecto de ley del suelo, evitando así una nueva derrota parlamentaria. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha expresado que han hecho un "buen trabajo" y que era "lógico" retirarlo hasta conseguir una mayoría amplia para su aprobación. "Es importante que el quinto pilar del Estado de Bienestar, la vivienda, tenga una respuesta parlamentaria acorde a la necesidad de la gente, que lo precisa en todas las comunidades", ha respondido. Sumar ya había anunciado su voto en contra, por lo que el proyecto estaba en manos del PP. Sobre el Partido Popular, el ministro ha reconocido que han hablado con ellos, pero que ponen por delante los "intereses partidarios" a los generales. "La oposición está en un frenetismo absoluto (..) Ha priorizado el enfangar la política a buscar intereses comunes", ha dicho el ministro, pero ha insistido en que el Gobierno de coalición seguirá trabajando para sacar acuerdos.
Sobre los presupuestos de 2025, el ministro se ha mostrado optimista y cree que los habrá, pero que se precisa una vuelta a la normalidad tras un año "anormal" cargado de muchas citas electorales. "Seguiremos adelante. Habrá presupuestos en 2025, como hubiera habido en 2024 si el PP hubiera sido más responsable", ha contestado.
Hace unos meses, el Gobierno advertía al Ejecutivo de Aragón que recurrirían al Tribunal Constitucional si no negociaban la ley que deroga la Memoria Democrática en esa comunidad. El ministro Ángel Víctor Torres ha confirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el próximo martes presentarán el recurso ante el Constitucional porque son "procedimientos que están reglados en los marcos temporales y debe ir el próximo martes al Consejo de Ministros". "Todos tenemos una ley, la del 2022, aprobada por las Cortes Generales y tiene que ser lógicamente respetada en igualdad de condiciones en todos los territorios", ha argumentado.
En un informe de la Organización de Naciones Unidas, tres expertos en derechos humanos han advertido de que las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana incumplen con los compromisos internacionales de España. De la misma manera, han recordado la obligación del Gobierno de garantizar la preservación de la memoria histórica.
Desde el punto de vista de este informe y de estos expertos, estas leyes invisibilizan a las víctimas y silencian las grandes violaciones de derechos humanos ocurridas durante la época franquista. Naciones Unidas también ha avisado de que eliminar las subvenciones o proyectos sobre memoria puede dificultar el derecho de la sociedad española a conocer la verdad. Han argumentado que el revisionismo o el negacionismo solo contribuye a que puedan repetirse la misma historia.
