Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

• De esta forma, la vivienda acelera su escalada tras las subidas de los seis meses anteriores
• El metro cuadrado más caro se registró en Madrid, donde alcanza los 3,274 euros, según datos de Vivienda

Alberto Ibáñez es diputado de Compromís y portavoz del grupo parlamentario de Sumar en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, y ha estado en el 24 horas de RNE para hablar de la problemática que está habiendo con la vivienda estas últimas semanas que se ha acrecentado con las manifestaciones de los Sindicatos de Inquilinas alrededor del país. Ibáñez ha calificado de "muy insuficiente" los anuncios de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "Yo creo que la ministra no ha escuchado bien lo que le exigía la calle [...] Esperábamos que dijera cómo va a hacer que bajen los precios del alquiler y ha eludido esta cuestión". Además, añade que un cambio de ministra no solucionaría nada y critica la inacción del Gobierno: "Creo que hay muchas medidas que este Gobierno tiene que echar hacia delante".

En cuanto a las críticas de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, a Sumar, Alberto Ibáñez ha reconocido que desde su partido tienen que "pedir perdón": "Tenemos que asumir que hoy la calle, de manera unánime, nos exige a la mayoría parlamentaria intervenir de manera urgente el precio del alquiler y otras medidas que permitan que las casas sean para vivir y no para especular", ha expresado el diputado de Compromís.

• El Constitucional anuló el artículo de la ley estatal que impedía la descalificación por invadir competencias autonómicas
• "Decepción" en Sumar tras la comparecencia de la ministra Isabel Rodríguez en el Congreso a petición de sus socios

• El parque de alquiler asequible es la medida más reclamada y se cuestionan los bonos a inquilinos y los avales hipotecarios
• Las actuaciones de Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos deberían estar alineadas, según los expertos

En 24 horas de RNE, abordamos la problemática de la vivienda con Susana García Bujalance, arquitecta urbanista y directora de la consultora 'Laboratorio de Urbanismo': "Hay mucha cantidad de suelo que requiere una tramitación que se hace eterna, pero no porque haya mucha regulación, sino por la falta de eficiencia en los procedimientos y luego una necesidad de digitalización para que todo vaya mucho más rápido".

"Yo empezaría por llegar a un acuerdo social. Un problema estructural no se resuelve haciendo una ley que solamente apoya a una parte de la sociedad, de la economía y de los agentes implicados". La arquitecta urbanista ha explicado que el problema de la vivienda es el final de un iceberg que atraviesa muchos planos, no solamente en la construcción de la inversión inmobiliaria, sino también en la movilidad, en las conexiones con el resto de España o inversiones en muchos sectores económicos del lugar en el que se construye. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.

El endurecimiento de las condiciones para comprar una vivienda o la subida imparable del precio del alquiler se han convertido en el tercer asunto que más preocupa a los españoles, según los datos del CIS de octubre. En 24 horas de RNE, Beatriz Toribio, secretaria general de APCEspaña, ha comentado su encuentro con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "Es una segunda reunión, es verdad que no ha habido grandes medidas de calado, pero de aquí solo vamos a salir con diálogo y consenso. Necesitamos un pacto por la vivienda e impulsar medidas que ayuden a potenciar esa oferta, sobre todo de la vivienda de alquiler".

"Una de las principales medidas en la que hemos insistido ha sido la necesidad de agilizar los trámites de gestión y desarrollo de suelo. Y una segunda medida que necesitamos es seguridad jurídica ante los plazos y la generación de suelo", ha subrayado la secretaria general de APCEspaña.

También hemos contado con Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quien nos ha contado las razones por las que no han acudido a la reunión con Rodríguez: "No llaman para hacernos una foto e intentar hacer ver que se está haciendo algo. Y para además juntarnos con la patronal inmobiliaria con la que tenemos ciertos conflictos". "El modelo del ladrillazo lleva a dar suelo público a la iniciativa privada y a construir vivienda cuando en nuestro país hay cuatro millones de viviendas vacías", ha defendido el portavoz. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.

• El presidente se ha reunido en Moncloa con organizaciones sociales y empresas del sector, junto a la ministra
• El sindicato rechaza sentarse con la patronal inmobiliaria y vuelva a pedir la dimisión de Rodríguez

Podemos reivindica que sus cuatro votos son tan decisivos como los siete de Junts para sacar adelante unos Presupuestos. El portavoz Javier Sánchez Serna recuerda que no son socios del Gobierno y, advierte, que no pueden dar por hecho su apoyo. Sus exigencias serán romper relaciones con Israel y medidas efectivas para bajar los precios del alquiler interviniendo el mercado de la vivienda. Sánchez Serna espera poco de la comparecencia de la ministra Isabel Rodríguez y asegura que se están tomando medidas que benefician a los grandes propietarios. "El bono joven que planteaban es un ingreso directo al bolsillo de los caseros que no sirve para que bajen los alquileres", y dice que "tendrían que dar un giro de 180 grados para que nosotros pudiéramos apoyar algo". Ve posible que el presidente la sustituya, "un movimiento muy propio del PSOE" pero, subraya, "se necesitan cambios de políticas y no solo de nombres".

El Gobierno ha avanzado el reglamento sobre alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, que creará un registro único para evitar los fraudes. Por ello, si el casero no se registra previamente, no podrá comercializar su vivienda. En 24 horas de RNE, Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, ha reaccionado a la noticia: "Todo lo que sea incrementar la transparencia y la cantidad de información está bien. La pregunta es: ¿hasta qué punto esto va a funcionar para reducir el mercado no licenciado de este tipo de pisos".

Para Jorge Galindo, la clave se encuentra en sí esta nueva normativa se puede trasladar a las plataformas en las que se comercializa este tipo de pisos. El director adjunto de EsadeEcPol, ha resaltado la necesidad de buscar soluciones creativas para la problemática de la vivienda: "Una cuestión que deberíamos considerar en España es la falta de residencias universitarias que existen. También es posible que queden algunas viviendas vacías para rehabilitar, tendría sentido explorar esto". Escuchar la entrevista completa en RNE Audio.

El Gobierno sigue poniendo el foco en la vivienda después de las protestas del domingo. Este martes ha acelerado un reglamento para evitar el fraude de quienes encubren un alquiler de vivienda habitual con contratos de alquiler temporal. El Consejo de Ministros ha aprobado también el nuevo bono para jóvenes con las críticas de Sumar como telón de fondo.

• Sumar sostiene que las ayudas directas pueden "agravar el problema", pero Rodríguez elude la discrepancia y carga contra el PP
• El registro único de alquiler turístico, de temporada y por habitaciones "estará listo antes de que acabe 2024", según la ministra

• Además, considera que la ayuda ha sido poco eficaz por los requisitos para acceder a ella
• Desde la organización reclaman que se favorezca la accesibilidad al bono y "medidas más ambiciosas"

Este domingo, miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades de España para reclamar medidas que rebajen el precio del alquiler.

Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas; Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro y Leandro Escobar, profesor de la Universidad de Comillas abordan el descontento social que se ha generado por los elevados precios del alquiler en España.

Asimismo, debaten sobre los posibles efectos que tendría que los inquilinos e inquilinas dejaran de abonar sus cuotas como forma de protesta hasta que se tomaran las medidas que piden, así como si es probable que se pueda producir una huelga por esta cuestión.

El Gobierno asegura que toma nota de la multitudinaria manifestación de ayer Madrid reclamando una vivienda digna. Pedro Sánchez, que ha confirmado que mañana se aprueban otros 200 millones para el alquiler joven, promete contundencia y medidas urgentes. Sumar, socio de coalición, le pide que se intervenga el mercado. 

Entrevista La hora de la 1

• La ministra de Vivienda dice que comprende el malestar ante la "situación de emergencia social" en su ramo
• Ambos señalan la responsabilidad de las comunidades por no aplicar la ley estatal para limitar los precios del alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este lunes sus políticas de vivienda tras la multitudinaria manifestación de la víspera en Madrid. "Estamos actuando con determinación", ha asegurado, y ha expresado su "comprensión" ante lo que considera una "situación de emergencia social".

"Hemos regulado el mercado del alquiler, los pisos turísticos y vamos a abordar los temporales", ha afirmado también, y ha señalado a las comunidades autónomas por no aplicar la ley estatal, que permite limitar los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado.

Foto: Ricardo Rubio / Europa Press

Miles de personas han salido a las calles de Madrid para protestar por el alto precio de los alquileres y defender el acceso a una vivienda digna. En el informativo '24 Horas Fin de semana' hablamos con Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación de la dirección transitoria de Sumar, que defiende que "tiene que haber una negociación con el socio de Gobierno". "Por eso hemos pedido la comparecencia de la ministra de Vivienda, ver si de verdad hay un intento real de gestionar este problema", asegura Duval, que considera que "tiene que escuchar el clamor de la calle". La secretaria de Comunicación expresa que Junts se equivocó cuando votó en contra de la tramitación de la proposición de ley para regular el alquiler de temporada. "Una enorme mayoría del electorado de Junts también comparten las medidas".

• El BOE publica este miércoles la resolución, que supone límites a los precios del alquiler y bonificaciones fiscales
• Ascienden a 271 las localidades catalanas acogidas al mecanismo de la ley de vivienda estatal

El BOE publica hoy las nuevas 131 zonas tensionadas que ha solicitado la Generalitat de Cataluña para poner coto al alquiler. Pablo Pérez Ruiz es investigador y coautor del informe De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Este estudio señala que el porcentaje de personas que optan por el alquiler ha subido del 13 al 19% en 15 años.

Pérez señala que desde 2008 se ha vivido un "gran cambio de época". Un cambio que ha supuesto un aumento de la población inquilina. Una población inquilina que no es solo joven: "Un tercio de las personas de entre 30 y 44 ya viven de alquiler. En números absolutos, por porcentajes de población, la mayoría de la población inquilina tiene más de 35 años".

"Lo que vemos en este estudio es que el alquiler se está cronificado, ya es una cuestión temporal. Además, la mayoría de inquilinos no creen que vayan a poder comprar una vivienda y tampoco tienen expectativas de herencia", señala el investigador. Esto, explica, puede señalar desigualdades o una brecha social, con una población inquilina cronificada y otra parte de la población que va acumulando propiedades y recibiendo rentas.

Según el estudio del IDRA, existe una distribución cada vez más asimétrica de la vivienda en propiedad. Las soluciones que suelen ponerse sobre la mesa "no están atendiendo a la raíz del problema", explica el investigador. "Uno de los puntos que tratamos en el informe es que la demanda de vivienda está artificialmente hinchada". Pablo Pérez indica que en el estudio también se preguntan quién está comprando grandes cantidades de viviendas realmente y "quiénes nos estamos quedando sin acceso a una".

¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo se puede atajar la falta de vivienda? ¿Qué ocurre con los grandes tenedores? Entrevista completa en RNE Audio.

En el programa 'Parlamento' hemos sentado a hablar de vivienda a los cuatro principales partidos de ámbito estatal PP (Paloma Martín), PSOE (Ignasi Conesa), Vox (Carlos Hernández) y Sumar (Gala Pin). A los cuatro les hemos pedido que nos digan dos medidas que habría qué impulsar en el corto plazo. El PP apuesta por exonerar del pago de impuestos a los jóvenes para que lo dediquen al alquiler o a la compra y por bonificar donaciones para primera vivienda. El PSOE cree que las comunidades deben aplicar la Ley de Vivienda, limitar los pisos turísticos y favorecer la mediación entre propietario e inquilino ante un impago. Vox apuesta por restaurar la seguridad jurídica para los propietarios, una reforma fiscal en todo lo relativo a la vivienda y que el Estado construya vivienda pública. Sumar cree que habría que prohibir la compra de vivienda que no sea residencial en las zonas tensionadas y limitar el alquiler de temporada y de habitaciones.

Hay discrepancias en si hay o no que intervenir precios. PP y Vox creen que sirve de poco. Hernández (Vox) dice que "lleva a la depresión de la nueva construcción y a una reducción de la oferta". Para Martín (PP) intervenir el mercado tiene "efectos perversos" porque disminuye la oferta y además incrementa los precios. En cambio, Pin (Sumar) recuerda que la mayoría de viviendas que están en el mercado son de grandes propietarios que especulan con ellas. Y el socialista Conesa mantiene que intervenir el mercado no es solo aplicar el índice precios en las zonas tensionadas, sino también construir vivienda pública.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han mostrado muy críticas este jueves con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su amenaza de menos financiación a las que no apliquen la ley estatal. El Ministerio ha cambiado el tono y ahora habla de premiar a las que limiten los precios en zonas tensionadas.

Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo

• El Ministerio matiza después de que Rodríguez condicionara el envío de fondos al cumplimiento de la ley estatal
• El PP lo considera un "chantaje" y reitera que la legislación da la potestad a las autonomías para decidir

• Entre abril y junio, se han vendido un 18% más de viviendas que entre enero y marzo
• Los inmuebles de segunda mano impulsan las operaciones, que acumulan dos trimestres de subidas

• Son datos del Banco de España en el primer trimestre de 2024
• El precio de la vivienda libre está en 1.865,8 euros por metro cuadrado, el más alto desde 2009

Además de pedir la limitación de precios en zonas tensionadas, el Gobierno exige a las comunidades que blinden la vivienda pública. Solo en País Vasco, Navarra y Cataluña la vivienda social está protegida de forma indefinida. En otras comunidades como Madrid o Murcia esa protección dura entre 10 y 15 años. Pasado ese tiempo, sus propietarios pueden venderla o alquilarla a precios de mercado.

El Gobierno eleva el tono con las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda. En la Hora de la 1, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, advierte que reducirá la financiación a aquellas que no cumplen con la ley. Algunas ya han respondido, entre ellas Madrid, que insiste en que no limitarán precios.

Entrevista La hora de la 1

• La ministra ha avisado en especial a la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de ser "insumisa"
• No obstante, se ha comprometido darle "más fondos" para vivienda si cumple la norma

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avisado este jueves que si las comunidades autónomas no cumplen la ley de vivienda estatal, no les dará más ayudas. "El conjunto de las comunidades autónomas están haciendo sus planes de vivienda con ayuda del 70% del Estado. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, condicionaré las ayudas. La propia ley me faculta para ello", ha indicado en una entrevista en La Hora de La 1.

Rodríguez se ha referido en especial a la Comunidad de Madrid, comunidad a la que ha acusado de no estar actualmente aplicando la ley de vivienda. "Me comprometo a ayudar a Madrid con más fondos y recursos para que dé respuesta", ha subrayado.

FOTO: Isabel Rodríguez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. Marta Fernández Jara / Europa Press

• El precio de la vivienda libre sube así hasta los 1.895,6 euros por metro cuadrado
• Baleares y Madrid, las únicas comunidades por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado

• Se crea una línea de 4.000 millones en préstamos a largo plazo del ICO y el resto serán avales con cargo a los presupuestos
• Se establece un periodo mínimo de 50 años en dicho régimen para las viviendas de promoción pública o privada

• El mecanismo "no conllevará gastos" para las partes, aunque será responsabilidad del propietario incorporar los datos
• Señala al abuso de ese tipo de contrato como una de las causas, junto a los pisos turísticos, del alza de los precios del alquiler

• Se han vendido casi 161.000 viviendas, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
• La vivienda de segunda mano tira del mercado, creciendo un 2,2%

• La nueva prórroga, que se extenderá hasta el 15 de mayo de 2028, afecta a supuestos de "especial vulnerabilidad"
• En el pleno se ha planteado la posibilidad de hacer permanente una medida que lleva encadenando prórrogas más de 10 años

• Madrid es la comunidad más cara de España (3.116 euros), seguida por Baleares (3.034 euros)
• El precio del metro cuadrado es más bajo en Extremadura y Castilla-La Mancha

Los pisos turísticos siguen creciendo, muchos son ilegales, y el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas tener lista antes de 2026 una plataforma estatal única de esos alojamientos. Permitiría unificar datos y normativas y ayudaría a combatir el fraude. Si se cumple ese plazo, España sería pionera en la Unión Europea. Este viernes el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, ha anunciado que suspenderá durante un año, prorrogable a otro, la concesión de licencias turísticas.

• La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo ha anunciado antes de reunirse con las CC.AA.
• Si se cumple el plazo, España sería uno de los primeros países en implementar el reglamento europeo