El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que sustituye por completo a una norma del año 1984 y que deriva del 'Plan de Acción por la Democracia'. El objetivo es garantizar el ejercicio de este derecho a los ciudadanos que se vean afectados por bulos e incluye, por primera vez, a los 'influencers'. Para el Ejecutivo se tratan de usuarios de especial relevancia. Y si esparcen bulos, estarán obligados a rectificar. Sin embargo, algunos expertos consideran que las medidas tendrían que ser más ambiciosas.
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