José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y codirector del Observatorio de Contratación Pública, ha explicado en Las Mañanas de RNE que en la época de la pandemia, inicialmente, no hubo control sobre los contratos, por la necesidad de adquirir las mascarillas rápidamente. “A posteriori, con la fiscalización que se ha hecho, han aparecido casos como el de ahora, en el que creo pensar que han sido unos pocos los que se han aprovechado de esa situación de adquirir por emergencia lo que necesitaba la ciudadanía”, razona Gimeno, que señala que no consiste en un fallo de legislación. “La situación de pandemia obligaba a contratar directamente, en teoría, a las empresas que tuviesen solvencia, que era un requisito. Si no se ha hecho así, tenemos un problema más de aplicación que de regulación”, aclara.
Gimeno defiende que las auditorías internas deberían realizarse sólo donde existan sospechas de irregularidades. “Creo que ha habido mucho gestor muy comprometido en esa situación muy difícil […] hacer una auditoría interna es como poner en tela de juicio y criticar de antemano lo que se ha hecho. Hacerlo con carácter general, creo que sería desproporcionado”, sostiene el catedrático.
José María Gimeno admite la dificultad que tuvo el Tribunal de Cuentas para detectar anomalías en un contexto de emergencia y aboga por repensar los mecanismos de control para hacerlo a tiempo real: “Muchas veces, llegamos por detrás y se ha cometido esa disfunción. Creo que la prevención de la corrupción es mejor que combatir la corrupción […] Igual habría que rediseñar unos sistemas diferentes y profesionalizar mucho más la gestión, evitando que criterios políticos o gente fuera de la estructura administrativa pueda estar haciendo contratación, como ha sucedido ahora. Creo que habría que repensar el sistema de control en la contratación pública y en la gestión pública en general en España", apunta.
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, ha explicado en Las Mañanas de RNE que la situación excepcional que se vivió en el país a causa de la pandemia de COVID-19 precisó el uso del mecanismo de contratación excepcional con la Administración para agilizar el proceso de compra de mascarillas, tan necesarias por aquel entonces. “Es un mecanismo está previsto para circunstancias muy concretas o de grave peligro para la defensa nacional que requieren una contratación más ágil”, expone Bacigalupo, que recuerda que se realizaron más de 25.000 contratos en situación de emergencia durante la pandemia.
Es importante remarcar que la rendición de cuentas debe estar alineada con las reglas que tenemos para ello, según Bacigalupo. “¿Hacer una auditoría general de todos los contratos? Si tenemos indicios suficientes para ver que hay contratos que no han sido correctamente ejecutados claro que habría que analizar todos esos casos que afloren irregularidades en los mecanismos de contratación”, expone la presidenta de Transparencia Internacional España.
Defiende que las situaciones de emergencia no pueden ser una excusa para la falta de transparencia. Bacigalupo comenta que para favorecer la transparencia existen verificaciones a través de organismos del Estado que se dedican a dicho control, como es el caso del Tribunal de Cuentas. Si bien, la sociedad civil también ha podido ser partícipe a través del Portal de Transparencia y ver qué tipo de contrataciones se estaban realizando en esa etapa.
La invitada de hoy en “La España vivida” es la magistrada Marian Lozano Álvarez, recientemente jubilada como consejera del Tribunal de Cuentas después de más de cincuenta años de labor profesional en el ámbito del derecho, primero como abogada laboralista y luego como jueza en lo social o laboral y más tarde en lo contencioso-administrativo, en la Audiencia Nacional. El recorrido de Marian Lozano por las salas de justicia se inicia en Villacarrillo, provincia de Jaén, a primeros de los ochenta, y luego en Barcelona, después de haber sido abogada de la Mutua Madrileña Automovilista, nada más terminar la carrera, en 1969.
Tras ese primer trabajo ejerció como abogada laboralista. En ese período de la segunda mitad de los años 70 se produjo la matanza de los abogados laboralistas de la calle Atocha, uno de los hechos de la Transiición que sobrecogió a toda España. En aquel despacho contaba Marian Lozano con varios amigos. Entre ellos y ellas estaba Manuela Carmena, tiempo más tarde alcaldesa de Madrid.
Dos años después, en 1979, llegó el momento de hacer oposiciones y de entrar en la carrera judicial. En su segundo destino, el de Barcelona, coincidió con la Margarita Robles, que acababa de llegar a la Audiencia Provincial, como magistrada de lo penal y que luego se pasaría ámbito de la política ocupando entre otros el puesto de ministra de Defensa. También en esos años coincidió con los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los que presentaron la querella de Banca Catalana contra Jordi Pujol y otros.
Desde entonces hasta su último destino como consejera del Tribunal de Cuentas Marian Lozano nos ha contado que ha dictado alrededor de 30.000 resoluciones, todo un bagaje de responsabilidad. Esos fallos fueron pronunciados primero en un juzgado de lo Social de Madrid y luego en otro de lo contencioso-administrativo, para ejercer más tarde como magistrada de esta misma jurisdicción en la Audiencia Nacional.
Al siguiente destino, el del Tribunal de Cuentas , institución a la que perteneció hasta su última renovación, llevada a cabo en 2021, Marian Lozano accedió merced a un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida. Fue, en suma, candidata de la izquierda judicial, a la que ha pertenecido a lo largo de toda su trayectoria. Nos interesa apelar a esa larga experiencia para que nos dé su punto de vista sobre los cambios en el mundo judicial y su realidad presente, en un momento en que han aparecido fuertes tensiones, ya sea por la ley de amnistía o por las alusiones a la existencia de supuestos de lawfare, es decir, de utilización política de la justicia.
El 'Caso mascarillas' ha sacado a la luz la forma en la que se firmaban los contratos para suministro de material sanitario durante lo peor de la pandemia. Contratos por teléfono, sin comprobaciones y sin contrastar varias ofertas.
El Tribunal de Cuentas revisó los contratos públicos durante 2020 y desveló innumerables anomalías. El informe revela la picaresca de los Ayuntamientos para colar como contratos de emergencia, por ejemplo la compra en Madrid de un pebetero, campañas para potenciar la movilidad en Barcelona, gastos en jardinería en Sevilla. La investigación del Tribunal de Cuentas desvela otros datos entre los más llamativos la disparidad de precios a los que compraron los ayuntamientos. En Zaragoza una mascarilla como esta costó un euro con 60, en Barcelona dos y medio, Palma pagó casi 4 y Madrid más de 6 euros.
FOTO: EFE/José Jácome
El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real. Entre otras medidas, incluye la fiscalización de sus ingresos y gastos por parte del Tribunal de Cuentas, como hacen el resto de instituciones del Estado. Se calcula que maneja unos 8 millones de euros anuales. Contempla, además, la publicación de todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo o el estudio de todos los regalos que se reciban en Zarzuela. "Es un paso adelante muy importante en la modernización y ejemplaridad de la Casa Real", ha señalado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Se trata de la segunda medida en este sentido después que este lunes Felipe VI diera a conocer su patrimonio, valorado en más de 2,5 millones de euros.
Informa Lucía Yeste.
