Ángel Sánchez Legido, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Castilla La Mancha, se ha acercado hasta los micrófonos del Informativo 24 horas de RNE para hablarnos del conflicto ucraniano. Sánchez Legido asegura que "debe cambiar mucho la situación en Rusia para que acabemos viendo a sus altos dirigentes rindiendo cuentas antes la justicia". Y es que la Corte Penal Internacional puede ejercer competencia respecto a los crímenes cometidos en un Estado si lo activa elConsejo de Seguridad, en este caso no podría ser porque Rusia tiene derecho de veto. Según Sánchez Legido "la otra posibilidad es que Rusia u otro Estado que no forme parte del Estatuto cometa crímenes en un Estado que haya aceptado la competencia de la Corte, como es el caso de Ucrania"
"Para que el Consejo de Seguridad pueda funcionar, sería necesario un cambio de régimen en la Federación rusa y por lo tanto sería muy peligroso" insiste el catedrático en Derecho Interancional.
Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional cree que lo que está pasando en Ucrania es un desafío al sistema básico de la humanidad y una oportunidad para que el mundo se organice bien y aprenda a proteger realmente a sus ciudadanos, cosa que aún no ocurre: “Mandela dijo una cosa que no debemos olvidar: Yo nunca pierdo, o gano o aprendo. El conflicto de Ucrania nos muestra que el mundo aun no está organizado. Tenemos tecnología para comunicarnos y matarnos, pero no para protegernos”. Reconoce problemas para llegar al fondo de las cosas porque, por ejemplo, la ONU no mandará pruebas porque Rusia lo vetará. Aún así, pone en valor la existencia de la CPI, algo que no ocurría tras la invasión de los nazis, y recuerda que hay responsables de los crímenes de Darfur o Libia que siguen en prisión. Por eso, aunque el proceso sea lento, confía en que de resultados. En concreto, para poder encarcelar a Putin, cree que se podrían entregar pruebas relacionadas con el desplazamiento forzoso de millones de ucranianos, porque de eso él es el máximo responsable. Sobre actos como los que se han visto en Bucha, señala a responsables militares: “El fiscal tiene ahora esa enorme responsabilidad de decidir hacia dónde va. Los periodistas pueden mandar fotos. La gente puede ayudar a entender cómo está la cadena de mando”.
La exmagistrada Manuela Carmena trata en su programa "Máster en justicia" sobre los tribunales internacionales de justicia que pueden juzgar el acto de agresión militar cometido por Rusia en la invasión de Ucrania.
41 países han solicitado al Tribunal Penal Internacional de La Haya que investigue si en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra. Atendiendo la petición, el fiscal del Tribunal ha iniciado formalmente una investigación. Esta semana ha estado en Leópolis, donde ha recogido cientos de testimonios. Son muchos los que consideran que el presidente ruso, Vladímir Putin, es el máximo culpable de lo que está ocurriendo. Si al concluir la investigación, el Tribunal de La Haya estableciera la responsabilidad de Putin se iniciará un proceso en su contra. Incluso el fiscal de la corte podrá lanzar una orden internacional de detención. Cuestión diferente es que Putin pudiera llegar a ser juzgado, como lo fue en su momento el expresidente serbio Milosevic. La Corte Penal Internacional no puede juzgar en rebeldía y países como Rusia, China, Israel o EE.UU. no reconocen su jurisdicción.
Foto: Mariúpol (REUTERS/Alexander Ermochenko)
El Tribunal Penal Internacional también podría juzgar a políticos y militares israelíes por sus acciones en los territorios palestinos. La Corte se declaró hace unos días competente para investigar crímenes de guerra en Palestina. El primer ministro Netanyahu califica de antisemita al tribunal, al que no reconoce. La Corte de La Haya extiende así su jurisdicción a los territorios ocupados por Israel desde 1967, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. El Tribunal también podrá investigar lo que sucede en las colonias judías en Cisjordania, como ésta de Har Homa. Más de medio siglo de asentamientos, considerados ilegales por la mayor parte de la comunidad internacional. Pero, la Corte también abre la puerta a investigar atrocidades cometidas por los palestinos.
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Un grupo de investigación de la ONU que ha revisado más de 200 casos señala la responsabilidad de las fuerzas de seguridad de Venezuela y del Gobierno de Maduro en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias relacionadas con la crisis política que vive el país y la presión hacia los miembros de la oposición. Los investigadores hablan de violaciones contra los derechos humanos coordinadas con políticas de estado que deberían ser calificadas como crímenes de lesa humanidad y recomiendan una intervención rápida y decidida de la justicia del país y, si no, la intervención de la Corte Penal Internacional.
