La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existe una "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.
Los panes especiales —el de molde, el pan de Viena o las regañás— tenían un IVA superior al del pan común. Una empresa belga con sede en Barcelona consideró que esta situación era injusta y recurrió al Supremo. El Alto Tribunal les ha dado la razón y, así, estos panes podrán bajar su IVA del 10% actual al superreducido, del 4%.
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cree que hay indicios "fundados y serios" de que José Luis Ábalos, diputado y exministro de Transportes, tenía un papel principal en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. El juez Ismael Moreno le dice al Supremo que se quede con la investigación del 'caso Koldo', ya que Ábalos sigue siendo diputado.
Esta exposición razonada, recoge casi todos los argumentos de la UCO. El juez ve una imputación clara y concreta de Ábalos habría cometido tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Ahora el Supremo tiene tres posibilidades, quedarse con toda la causa, quedarse con solo lo que afecte a Ábalos o desestimarlo. Esta última opción, en vista de la solidez de los argumentos, tiene pocos visos de producirse. En cuanto a las otras dos, ahora la Sala de lo Penal del Supremo tiene que designar un ponente que estudie la causa y proponga a la Sala asumir o no la investigación sobre Ábalos y el resto. Si finalmente se la queda, sería otro magistrado, el elegido para instruir la pieza. Y este ofrecería Ábalos declarar voluntariamente antes de pedir el suplicatorio al Congreso. El exministro, recordemos, dijo hace unos días que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia. Informa Gema Alfaro. Escúchalo en RNE Audio.
El Tribunal Supremo ha decidido investigar al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, algo que nunca antes había ocurrido en democracia. La cúpula fiscal respalda a Álvaro García Ortiz y aunque él se defiende, numerosas voces dentro de la carrera profesional piden su dimisión. "Hay que tener en cuenta que la Fiscalía es una institución jerárquica. Por lo tanto, el propio fiscal general se va a tener que enfrentar a un fiscal que le haga preguntas, un subordinado directo", apunta May Mariño, de 'El Periódico de España'. "Él es la persona que se ocupa de perseguir el delito en España", añade Juan Fernández-Miranda, de 'ABC', "y el daño que hace a la institución, con su máximo responsable imputado, es absoluto".
El politólogo Ramón González Férriz aporta reflexiones como esta: "Sí es verdad que ya tienes la sensación de que toda decisión política judicial es política". Lo cierto es que el caso ha revolucionado, aún más, la crispada actualidad de nuestro país, en la que destacan otros nombres propios como el del exministro José Luis Ábalos.
La Fiscalía Anticorrupción considera que hay "indicios sólidos" para atribuirle delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal dentro del llamado ‘caso Koldo’. "Y esto, en este momento, es lo que más le duele al partido socialista, que llegó a la Moncloa con una moción de censura contra la corrupción defendida por uno de sus entonces dirigentes, Ábalos, ahora a las puertas de una imputación", subraya Inma Carretero, de 'El País'.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los empleados públicos de familias monoparentales a extender de 16 a 26 semanas el permiso de maternidad para evitar la discriminación de los menores recién nacidos. Así lo ha fijado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que el Supremo establece que esta es la interpretación que debe darse al permiso regulado en el Estatuto del Personal Público.
Foto: Una madre con su bebé en brazos (Getty Images)
El Consejo Fiscal exige la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. En 24 horas de RNE, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha comentado que está problemática entre el poder judicial y político ha sucedido siempre: "Es historia de la política española, jueces haciendo de políticos y estos haciendo de jueces. Desafortunadamente, el prestigio de la justicia española se la han cargado hace años personas como Marchena".
Sobre los Presupuestos Generales del Estado, la portavoz de Junts ha explicado que actualmente no hay una negociación abierta sobre ellos. "Nosotros no nos casamos con nadie. Hemos dejado muy claro que no formamos parte de ningún bloque (…) firmamos un acuerdo con el Partido Socialista, pero no firmamos un acuerdo de estabilidad, por lo tanto, nosotros vamos pieza a pieza. Si se cumple nosotros cumplimos y si no, no votamos", ha querido especificar Nogueras. Entrevista completa en RNE Audio.
El Tribunal Supremo imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso. En 24 horas de RNE, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha pedido su dimisión: "Él representa una institución fundamental en el Estado de derecho y en nuestro sistema democrático. Creo que sí debería dimitir por el bien de la institución".
"El auto que hoy hemos conocido del Tribunal Supremo dice claramente que el fiscal general del Estado no estaba cumpliendo esa obligación de información", ha resaltado María Jesús del Barco. También ha querido subrayar que no se le ha abierto una investigación por esto, sino para saber como es posible que hayan llegado esos documentos y correos privados a los medios de comunicación. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.
Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha estado en el 24 horas de RNE para comentar la no dimisión de fiscalía general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras haber sido imputado por un delito de revelación de secretos en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Unión de Fiscales a la que el mismo García Ortiz pertenecía antes de ser nombrado fiscal han defendido, no sólo que no debe dimitir, sino que debe defenderse propiamente: "Tiene que defender que su actuación profesional fue correcta [...] Tiene que ejercer su defensa desde la responsabilidad de fiscal general del Estado".
Martín González también ha criticado la politización de este tipo de situaciones: "Los fiscales no somos el instrumento político de nadie, con independencia de asignación del fiscal general que es la que la Constitución determina". Insiste en que no se debe atentar "una y otra vez cuando convenga" contra "la actuación profesional" de los fiscales.
El Tribunal Supremo ha imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos por el caso de la pareja de Ayuso. Ante esta situación, García Ortiz ya ha anunciado que no se plantea dimitir, a pesar de que nunca antes se había investigado a un fiscal general.
Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, ha defendido en el 24 horas de RNE que el fiscal general "no debe dimitir" puesto que "no existe una exigencia legal para que estos suceda". Achútegui ha explicado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga al Ministerio Público a informar de cualquier tipo de actuaciones penales que no tengan carácter secreto.
Teniendo en cuenta los antecedentes de la justicia española con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la politización de este tema, Edmundo Rodríguez Achútegui afea que el debate político se traslade a los tribunales: "La sede natural del debate político tiene que ser el Parlamento": "Estas actuaciones lo que hacen es desprestigiar la justicia".
En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo ha imputado al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, por la difusión de unos correos en los que la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía un fraude fiscal de 350.000 euros. Álvaro García Ortiz niega las acusaciones y dice que no dimitirá
En una decisión sin precedentes, el Supremo imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo investigará por revelación de secretos relacionados con la causa abierta por fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno cierra filas con García Ortiz y dice que actuó correctamente desmintiendo las informaciones difundidas por la pareja de Ayuso. Pero el PP habla de degradación de las instituciones y piden la dimisión del fiscal.
El Tribunal Supremo ha decidido de manera unánime imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
