La guerra arancelaria de Donald Trump tiene un efecto directo en los tipos de interés y, por tanto, en las hipotecas. Puede parecer una contradicción, pero los mercados ya anticiparon lo que ha hecho este jueves el BCE, que ha decidido bajar los tipos en 25 puntos básicos. Ahora la incógnita es saber qué va a pasar con el euríbor.
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre de un hotel cápsula ubicado en el distrito de Carabanchel al constatar que el establecimiento incumple las condiciones de habitabilidad y seguridad recogidas en la normativa urbanística.
El establecimiento funcionaba como residencia de estudiantes con cápsulas de descanso, pero no respetaba las condiciones previstas en la licencia concedida por el Consistorio, lo que ha motivado la orden de cese de actividad.
“No cumple con la licencia que se le otorgó por parte del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, hemos dado una orden de cierre que, si no se cumple voluntariamente, ejecutaremos de forma inmediata”, ha afirmado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los medios.
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre de un hotel cápsula ubicado en el distrito de Carabanchel al constatar que el establecimiento incumple las condiciones de habitabilidad y seguridad recogidas en la normativa urbanística.
El establecimiento funcionaba como residencia de estudiantes con cápsulas de descanso, pero no respetaba las condiciones previstas en la licencia concedida por el Consistorio, lo que ha motivado la orden de cese de actividad.
“No cumple con la licencia que se le otorgó por parte del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, hemos dado una orden de cierre que, si no se cumple voluntariamente, ejecutaremos de forma inmediata”, ha afirmado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los medios.
El Banco de España calcula que tenemos un deficit de vivienda en el entorno de 600.000 unidades. Cada año se crean de media 200.000 nuevos hogares, pero la construcción llega por poco a las 100.000 unidades. La presión demográfica, de la mano de la llega de inmigrantes, el buen comportamiento del empleo y el atractivo de España para el sector inmobiliario está ahondando la brecha entre oferta y demanda. El problema es que la vivienda nueva sólo la puede adquirir la población de rentas altas o personas jurídicas porque requiere como poco destinar cerca del 50 por ciento de los ingresos... comprar una de segunda mano supone un 36 por ciento. Así que para la inmensa mayoría de los que buscan una vivienda, la oferta está fuera de su alcance. La construcción de parques públicos de vivienda es la solución, pero requiere de suelo, y no hay disponible.
Barcelona y Madrid tienen los alquileres más caros de toda España, pero en otras ciudades el esfuerzo para pagarlos es mayor. Aunque cueste menos, los sueldos son más bajos y eso obliga a dedicar más parte del salario. Es el caso de Alicante.
Foto: Edificio de viviendas en Madrid (Getty Images)
A la hora de intentar solucionar el problema de la vivienda, PSOE y PP coinciden en que hay que aumentar el parque de vivienda accesible y modificar la ley del suelo. Aunque tienen fórmulas distintas.
Entre otras medidas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuesta por una exención fiscal para los que alquilen su vivienda según el índice de referencia, limitar la compra a extracomunitarios no residentes y más impuestos a los pisos turísticos. Con un impulso a la nueva empresa pública de vivienda.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de rebajas de impuestos, como el de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. También es partidario de poner suelo público a disposición de sector inmobiliario para alquiler más barato o prescindir de la Ley de Vivienda del Gobierno.
Sumar incide en la regulación de los pisos turísticos y aboga por una mayor intervención del mercado y Vox pide priorizar a los españoles en el acceso a una vivienda en propiedad.
Foto: Bloques de viviendas en Madrid (Getty Images)
Este sábado, decenas de miles de personas se han manifestado en toda España a favor de una vivienda digna. Inquilinas e inquilinos de 40 ciudades han exigido la bajada del precio del alquiler y medidas contra los pisos turísticos. Precisamente, la industria turística está complicando la situación en Baleares y Canarias. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Jonathan Mesa, portavoz de la plataforma vecinal Derecho al Techo, convocantes en esta última comunidad, asegura que los barrios ya no son para vivir sino que se llenan de pisos turísticos: "La industria turística, como pasa en Mallorca, afecta de manera gigantesca sobre el territorio [...] Los canarios y las canarias estamos padeciendo enormes dificultades, y más si entendemos que el turismo en Canarias lleva más de 60 años haciendo lo que quiere y distribuyendo la riqueza de forma muy escasa". Hace un año, las 8 islas salieron a protestar contra los macroproyectos turísticos, pero en este tiempo nada ha cambiado, asegura Mesa, que acusa al Gobierno canario de inacción: "No tenemos muchas esperanzas más que la de seguir peleando".
Miles de inquilinos han hecho sonar sus llaves para denunciar los precios abusivos y la escasez de oferta del mercado de la vivienda. Estas manifestaciones surgen de miles de situaciones individuales como las de Sara, Vicente, Jenifer o Iker.
Miles de personas se han manifestado en decenas de ciudades de España para protestar por los altos precios y la escasez de vivienda, convocados por los sindicatos de inquilinos, que exigen una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación, entre otras reclamaciones. Es la primera vez que las manifestaciones por una vivienda digna alcanzan nivel estatal.
Foto: Manifestación por una vivienda digna en Valencia (EFE/Manuel Bruque)
Un 62% de los españoles se declara descontento con la situación de la vivienda. Un estudio revela que más de cinco millones y medio de hogares (casi un tercio de las familias españolas) no cuentan con lo que se considera una vivienda digna.
De esos hogares, 3,2 millones —casi un 18%— viven en exclusión residencial severa. Otros 2,3 millones —más de un 12%— están en riesgo de caer en ella. Sin alternativas, muchos acaban aceptando condiciones abusivas, fórmulas cooperativas o incluso pasando una especie de casting para alquilar.
Foto: Getty Images
Es la primera que vez que se celebran tantas manifestaciones en un misma día ante el problema de la vivienda. Hasta en 40 ciudades de España. Unas marchas convocadas por el Sindicato de Inquilinas que quiere unificar las protestas de los últimos meses.
"Las huelgas de alquileres han venido para quedarse, hoy 5 de abril de 2025 empieza el fin del negocio de la vivienda", ha sentenciado la portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid, Valeria Racu.
Foto: Manifestación en Madrid por una vivienda digna (EFE/Víctor Lerena)
Este sábado hay convocadas protestas en más de 40 ciudades de todo el país por el derecho a la vivienda. Bajo el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda', exigen una bajada del 50% en los alquileres. En el informativo 14 horas Fin de Semana, Eva Álvarez de Andrés, arquitecta y profesora de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, y especializada en la lucha por el derecho a la vivienda, defiende que el derecho a la vivienda está reconocido a nivel internacional y nacional, con el artículo 47 de la Constitución Española, por lo que pide acciones a los poderes públicos. Afirma que, aunque el problema viene de lejos, la crisis crisis ha desencadenado "todavía más esta situación". "Hay más de 30.000 personas sin hogar y más de un millón y medio de personas viviendo en infravivienda", señala y añade, "entre 2001 y la actualidad, se estima que se han producido más de dos millones de desahucios, tanto de alquiler como de régimen de propiedad". Denuncia que "un 70% de los jóvenes actualmente no puede independizarse aunque tenga trabajo, porque no tiene el 20% necesario para pagar la entrada de una hipoteca, o tiene que dedicar entre el 40 y el 60% de sus ingresos a pagar el alquiler." De Andrés cree que se ha dado un paso grande con la aprobación de la Ley nacional del derecho a la vivienda en 2023 pero concluye que aún queda mucho por recorrer.
Arrancan las manifestaciones convocadas en más de 40 ciudades españolas para defender el derecho a una vivienda digna. Convocadas por los sindicatos de inquilinos y otras organizaciones sociales, se celebra bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda" y hacerlo "todos juntos y en todas partes".
FOTO: Mateo Lanzuela / Europa Press
A partir de este 3 de abril será mucho más difícil destinar un piso al alquiler turístico. El dueño necesitará que el 60% lo autorice expresamente. Esta medida permite a los vecinos reclamar el cierre de estos pisos sin licencia.
"No necesitan el respaldo vecinal los que ya existen y son legales. Pero, sí podrán exigirles que paguen a la comunidad un 20% más de cuota. Es lo que valoran en este bloque en Zaragoza que ya tiene 19 pisos turísticos", explica Enrique Villalobos, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Varias asociaciones de vecinos y dueños de estos negocios coindicen en que habrá más tensión. Silvia Blasco, portavoz de la Federación Nacional de Viviendas de uso Turístico, aclara que "los cambios persiguen frenar su expansión cuando es más difícil encontrar y pagar el precio de una casa".
"La medida se suma al registro que será obligatorio en verano", informa Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
'¿Dónde vamos a vivir?' es el título de un documental en el que la cineasta Georgina Cisquella y el periodista Rafa Lobo han seguido las asambleas y la actividad de varios movimientos antidesahucio. Durante tres años, han comprobado la acción de las mujeres liderando estos movimientos y también como afectadas por la crisis de la vivienda. Hablamos con algunas de las protagonistas de este trabajo.
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto expediente a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos, como la obligación de contratar servicios no solicitados o cobrar comisiones por la formalización de contratos de alquiler a los inquilinos, algo que prohíbe la Ley de Vivienda.
