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La ley entra en vigor el lunes. Los populares han pedido su suspensión cautelar, pero sobre eso el Constitucional de momento no ha tomado ninguna decisión. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha dicho que no tiene ninguna duda sobre su constitucionalidad.

Entrará en vigor el próximo 5 de julio. Los decretos fijan los requisitos que deberán cumplir las clínicas abortivas tanto públicas como privadas. Serán las Comunidades Autónomas las que controlen que cumplan la ley. Los centros tendrán 4 meses para adaptarse a la nueva norma, que, además, garantiza que todas las mujeres que lo deseen puedan abortar en las mismas condiciones independientemente del lugar en el que vivan. Las jóvenes de 16 y 17 años que decidan abortar deberán acreditar que han informado por lo menos a uno de sus progenitores, excepto cuando les suponga un grave conflicto.

Dice que atenta contra el derecho a la vida y pide que se suspenda la entrada en vigor de ocho puntos de esa nueva ley que entrará en vigor el mes que viene. El gobierno asegura que está convencido de que la ley del aborto es constitucional.

El PP y Navarra van a presentar un recurso contra la ley de reforma del aborto ante el Constitucional. Entrevistamos a Pedro Sanz, presidente de Navarra, sbore este recurso y otros temas de actualidad como porqué su partido, UPN, no apoyo el plan de austeridad del gobierno.

Las autonomías gobernadas por el PP han pedido que los retiren porque su partido va a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Los consejeros socialistas rechazan paralizar la ley.

Hoy el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha presentado un informe con un dato muy llamativo: un alto porcentaje de las jóvenes que se quedan embarazadas no habían usado un anticonceptivo eficaz ya en su primera relación sexual. Según el estudio un embarazo precoz supone muchas veces un freno profesional.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha explicado que serán los médicos quienes evalúen el miedo de las menores de 16 y 17 que se queden embarazadas y no quieran decírselo a sus padres. La ley prevé la posibilidad de que menores que vivan en una situación de riesgo aborten sin tener que informar a sus padres.