No descarta ampliarlo, pero para hacerlo necesita que el Congreso lo autorice, mediante una votación en la que basta la mayoría simple. Ese conflicto ha abierto,además, un cruce de acusaciones entre Gobierno y PP.
En torno a 5000 afectados por el cierre del espacio aéreo español de la pasada semana han puesto esta demanda colectiva que denuncia por vía penal a los controladores aéreos y por vía administrativa a AENA y por lo tanto al Ministerio de Fomento como responsable de esos trabajadores.
Hoy estaba citado ante la Fiscalía de Madrid otro grupo de controladores. Como hicieron ayer sus compañeros, los de hoy, seis en total, se han negado a declarar. La fiscalía no ha pedido medidas cautelares. Los interrogatorios han durado menos de una hora.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha advertido este jueves de que algunos puntos del decreto aprobado por el Gobierno para regular las condiciones laborales del colectivo de los controladores aéreos rayan la inconstitucionalidad.
Caos aéreo del que culpa a los controladores. Pero también ha hablado de responsabilidad del ejecutivo al que acusa de falta de previsión. Rodríguez Zapatero ha defendido a su ministro de Fomento como el primero que ha puesto coto a los privilegios de los controladores.
Han acudido 12 pero se han negado a declarar. Alegando que ahora están bajo jurisdicción militar. Mientras, USCA, el sindicato de los controladores ha recurrido ante el Tribunal Supremo los decretos de la militarización de las torres de control y del estado de alarma.
La mayoría ha apoyado las medidas excepcionales del Gobierno. Pero también hay algunos que no las comparten.
Controladores que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Lo ha anunciado el fiscal general esta mañana en Zaragoza donde ha presidido una Junta de fiscales para fijar una postura conjunta en todas las Comunidades Autónomas.
Los controladores citados este jueves ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid se han negado a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de sedición argumentando que están sujetos a jurisdicción militar. El fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpildo, ha anunciado que pedirán para los controladores hasta 8 años de cárcel, la pena máxima. USCA recurre ante el Supremo la militarización y el decreto de estado de alarma (09/12/2010)
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que la decisión de decretar el estado de alarma se justificó en la "calamitosa situación" que se vivió este viernes después de que los controladores hicieran "una afrenta al orden público constitucional" al abandonar sus puestos de trabajo.
En un pleno exprés, en el que los portavoces de los grupos han acordado recortarse su tiempo de intervenció, Zapatero ha sostenido que la "respuesta rápida y contundente del Gobierno" que hizo posible "la reapertura del espacio aéreo en menos de 24 horas" ha "minimizando en la comunidad internacional el impacto negativo" en la imagen de España.
El presidente no ha confirmado, sin embargo, si el Ejecutivo tiene intención de pedir al Congreso que refrende la ampliación del estado de alarma, una vez expiren los 15 días de plazo.
"Las medidas acordadas han dado resultado y han conseguido lo que no ha sido posible con las facultades ordinarias del Gobierno", ha reconocido Zapatero, quien en el turno de réplica -que en principio no estaba previsto- ha defendido que "de haber afrontado el desafío de otra manera" habría hecho un flaco favor al "sistema democrático".
