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Casi 60 migrantes han sido desalojados este martes de varias infraviviendas ubicadas en Níjar (Almería), entre ellos varios menores. El desalojo se ha producido en el cortijo El Uno, una finca privada, tras la orden dictada por un juez, sin haber recibido apoyo asistencial de las administraciones. Varias entidades sociales denuncian que en la zona hay más de treinta campamentos similares donde viven trabajadores del campo, la mayoría en situación irregular. Asimismo, piden que el Ayuntamiento analice la situación de vulnerabilidad de los migrantes desalojados y les ofrezcan una alternativa.

La mayoría de los niños de un colegio de Córdoba no tendrá móvil hasta los 16 años. Se trata del pacto colectivo que han hecho las familias del CEIP López Diéguez para resistir a la presión social que los menores viven en los colegios y ante la que muchos padres ceden. La iniciativa comenzó, paradógicamente, en el grupo de WhatsApp del AMPA. Lanzaron la propuesta y la mayoría de los padres del colegio decidieron unirse ante un temor compartido. Ahora quieren que otras AMPA de Andalucía se unan al pacto.

El Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid analiza una serie de restos, tanto de ropa como biológicos, hallados durante el registro de la finca de Santa Olalla de Cala (Huelva), propiedad de los detenidos por la desaparición de Noemí Villar en junio de 2024, corresponden a la mujer.

FOTO: Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva vigilan el camino de entrada a una finca de la localidad de Santa Olalla del Cala (Huelva). EFE/Juan Chicano

El Gobierno expropiará el hotel El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, para demolerlo. Símbolo de la especulación urbanística, el complejo se quedó a medio hacer hace casi dos décadas, cuando la justicia lo declaró ilegal por invadir un área de especial protección. Este martes, el Consejo de Ministros iniciará el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos en los que se levantó el polémico complejo. El objetivo final, según destaca el Gobierno central, es poder expropiar esos suelos en la playa, "un trámite que conducirá al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural".

Unos días antes del asesinato machista de Lina, una mujer de 48 años, presuntamente a manos de su marido, se había celebrado un juicio rápido en el que un juzgado rechazó la orden de alejamiento que solicitaba la víctima. Los expertos recuerdan que la mayoría de medidas de protección sí se conceden, aunque el Gobierno reconoce que no siempre se llega a tiempo. Las asociaciones piden más medios para proteger a las mujeres.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha condenado el asesinato de una mujer de 48 años en Benalmádena, presuntamente por parte de su marido. La mujer se encontraba registrada en el sistema de VioGén y unos días antes había solicitado más protección, aunque se le había denegado. Salas ha defendido que "si no existiera VioGén como lo conocemos, habría muchísimas más víctimas".

La mujer de 48 años asesinada presuntamente por su pareja de madrugada en Benalmádena, Málaga, estaba dentro del sistema VioGén, el protocolo para los casos de Violencia de Género que realiza un seguimiento y da protección a las víctimas.

Ella estaba en el nivel de riesgo medio, es el segundo más bajo de los cuatro que hay. Pero estar en VioGén no garantiza la protección total.

"Es que nada garantiza una protección total, porque efectivamente se evalúa el riesgo con base en unos cuestionarios y a unos protocolos, pero pueden fallar", indica la abogada de familia, Belén García.

Según fuentes de TVE, la víctima pidió el lunes previo a los tribunales más protección, pero tras un juicio rápido, se le denegó y el presunto agresor pudo seguir viviendo en la casa con sus hijos.

"No es normal que continúe viviendo en la casa. Normalmente, cuando se celebra el juicio rápido y se evalúa que hay un peligro, que hay un riesgo o ante la más mínima duda, la tendencia es acordar las órdenes de protección", señala la abogada.

La restricción de libertades en los presuntos agresores, como la de no vivir en la misma vivienda, o el tener una orden de alejamiento, las tiene que tomar un juez. En el caso de la víctima de Benalmádena, aún no ha trascendido nada acerca de por qué se denegaron las medidas de protección que pidió hace unos días.

Foto: EFE / Carlos Díaz