El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha reconocido en una entrevista al Financial Times que mientras Cataluña no controle el territorio, recaudación de impuestos o el sistema judicial, no podría ser un Estado independiente real.
El expresident Artur Mas ha señalado que ni él ni los exconsellers y resto de responsables políticos no podrán pagar de su bolsillo los 5,2 millones de euros de fianza que les impone el Tribunal de Cuentas por la organización y celebración de la consulta soberanista ilegal del 9N de 2014, por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad.
Ha subrayado que "mucha gente ha tomado conciencia" de que estos acusados dieron "la cara" para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que "no tiene sentido que nueve lo perdamos todo" y que "el resto no haga un muy pequeño esfuerzo" para poder hacer frente a la fianza.
El Tribunal de Cuentas ha comunicado a Artur Mas que en dos semanas debe hacer frente a una fianza de más de cinco millones de euros porque se le considera el máximo responsable de la convocatoria de 9-N de hace casi 3 años. Los cinco millones de euros son el dinero que, se sospecha, se desvió de las arcas públicas para la compra de material y la organización de lo que en 2014 se llamó proceso participativo. Mas, que deberá responder con su patrimonio a las cantidades que no logren reunir el resto de señalados como organizadores de esa convocatoria, ya ha reaccionado a esta exigencia.
El Tribunal de Cuentas reclama una fianza de más de cinco millones de euros al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y ocho ex altos cargos por haber utilizado presuntamente fondos públicos para la consulta del 9-N en 2014. ASí se lo ha comunicado a sus abogados que tienen 15 días para depositarla.
El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la contabilidad de las instituciones, ha citado el 25 de septiembre al expresident de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y a otros 10 exaltos cargos del Govern y funcionarios para que abonen los gastos de la anterior consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, algo más de cinco millones de euros. Mas ha asegurado en la televisión pública catalana que todo responde a una estrategia de "caza mayor" para dar miedo.
El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por el gasto de dinero público destinado a la consulta del 9N.Entre los once ex altos cargos citados, según fuentes próximas a los implicados, están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que fueron condenados por la celebración de la consulta en 2014. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada" por fomentar el "miedo" para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras "saltarse el Estado de derecho" con la última decisión del Tribunal de Cuentas. "Es su estrategia de fomentar el miedo como único argumento para intentar detener lo inevitable", que es la consulta independentista.
En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ha ligado este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, dice que no le ha sorprendido la decisión del Tribunal de Cuentas en relación con el dinero gastado por Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega en la consulta del 9N. En Las mañanas de RNE explica que, aunque ninguna de esas personas fueron acusadas de malversación, el Tribunal de Cuentas sí puede reclamarles el dinero gastado de manera ilegal. En cuanto a la actuación que puedan mantener los Mossos en relación con la consulta del 1-O, se muestra convencido de que los agentes actuarán en consecuencia, ya que "nadie puede acatar órdenes ilegales", dice.
El Tribunal de Cuentas dicta un auto para exigir a Artur Mas que pague los gastos de la organización de la consulta del 9N. El Tribunal abre el procedimiento que conduce a exigir al expresidente de la Generalitat y a sus colaboradores cinco millones de euros que costó al erario público la consulta.
