El expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, ha asegurado que la empresa "no simuló jamás" una situación económica distinta a la real y ha negado que los contratos de compraventa se usaran para "maquillar las cuentas", a pesar de que en algunos documentos confidenciales internos se habla de "ingeniería contable". Durante su declaración ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la primera jornada del juicio penal contra la cúpula de la compañía, Cano Cuevas ha explicado que Afinsa se constituyó a finales de los años 80 para ofrecer un servicio que "facilitara el acceso a la inversión" en valores filatélicos -pujante en esos momentos- a personas "no expertas necesariamente".
En la Audiencia Nacional comienza el juicio penal contra que los responsables de la estafa de Afinsa, para los que la Fiscalía reclama penas de cárcel de hasta 19 años. El presidente de Adicae, Manuel Pardos, y varios afectados por esta "estafa piramidal" han acudido al inicio del juicio, que se produce diez años después de un fraude que ha afectado a 190.000 familias y que roza los 2.000 millones de euros estafados, de los que apenas se ha recuperado el 5% hasta ahora, según cifras de la asociación. Los afectados acuden con la esperanza de recuperar, al menos, parte de su dinero. Adicae recuerda que la "finalidad oculta" de Afinsa era la "captación masiva de ahorro público a toda costa, incluso a sabiendas de que se produciría en un futuro una insolvencia que ya no podría ser ocultada".
La Audiencia Nacional juzgará este miércoles a cinco acusados de organizar un acto de homenaje a los caídos de ETA en el conocido como Bosque de los Gudaris. La Fiscalía les pide entre un año y medio, y dos de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El juez Santiago Pedraz ha imputado a otros cinco exdirigentes de la banda por su presunta participación en la decisión de asesinar en 1995 al teniente de alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez (11/11/15).
El representante del grupo Volkswagen ha recogido, en la Audiencia Nacional de Madrid, el documento por el que se imputa a los directivos de esta multinacional en España de delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la hacienda pública, además de por fraude, falsificación documental y publicidad engañosa.
