Inocente Montano ha escuchado impasible la sentencia que le condena a 133 años, cuatro meses y cinco días de cárcel. Según la Audiencia Nacional, el excoronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, dio la orden de asesinar en noviembre del 89 a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana, y a los también jesuitas españoles Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha defendido que la formación "preserva la presunción de inocencia" y que el líder del partido, Pablo Casado "ya ha dicho todo lo que podía decir" sobre las presuntas presiones del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz para obtener documentación sensible para el PP del extesorero Luis Bárcenas. Preguntado por la petición del PSOE y Unidas Podemos de una comisión en el Congreso que investigue el caso, Montesinos ha asegurado que le parece "sorprendente" que lo hagan tras rechazar una comisión sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
El juez debe decidir si, como pide la Fiscalía, imputa o no al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a otra exministra, a María Dolores de Cospedal por su posible implicación en la Operación Kitchen. En 2013 estalla el caso Bárcenas. El extesorero del PP tiene documentos que supuestamente comprometen al Partido Popular. Y la Fiscalía considera que altos cargos del Estado iniciaron un operativo parapolicial para robar esos documentos a Bárcenas.
Y señala a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior, el único político imputado. También está imputada la cúpula de la Policía en aquellos años, y una figura clave, el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el hombre que debía obtener la información.
La Fiscalía también quiere imputar a Jorge Fernández Díaz, el superior de Martínez, ya que cree que hay muchos indicios de su implicación. Y también a la entonces secretaria general del PP, a María Dolores de Cospedal, quien, según la Fiscalía, tenía un "interés personal" en la operación.
La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de los exministros durante la época del Gobierno de Mariano Rajoy María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz en la causa Kitchen, en la que la Audiencia Nacional investiga si existió un operativo parapolicial financiado por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para obtener, a través del chófer de Luis Bárcenas, documentos y audios del extesorero del PP que pudieran comprometer al Partido Popular.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por posibles injurias al rey, contra el vicepresidente catalán Pere Aragonès y las líderes del BNG y Adelante Andalucía, Ana Pontón y Teresa Rodríguez. Ha sido a raíz de una denuncia de una asociación monárquica por sus críticas a la Corona y a la situación de Don Juan Carlos.
La Audiencia Nacional cita como investigada a Corinna Larsen por la grabación de sus conversaciones con el excomisario Villarejo en las que hablaba de las cuentas del rey emérito en Suiza. Tendrá que declarar el 8 de septiembre y también está citado el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. El juez quiere saber si la amiga del rey Juan Carlos hizo algún encargo al comisario ahora en prisión. Era una investigación que se había archivado y que ahora se vuelve a abrir.
Hay novedades en el caso Dina, una de las causas del comisario Villarejo en la que se investiga el robo del móvil de una exasesora de Podemos. TVE ha tenido acceso al informe de la empresa británica que analizó la tarjeta del móvil una vez que Pablo Iglesias se la devolvió a su propietaria. El informe dice que la tarjeta de datos que Iglesias entregó a Dina Bousselham estaba físicamente intacta y sin cortocircuitos. También asegura que no se podía acceder al contenido de la misma, aunque ofrecía la posibilidad de hacerlo con un programa más sofisticado y más caro.
En cambio el juez recoge que la tarjeta que Bousselham aportó como prueba en el juzgado estaba dañada físicamente, parcialmente quemada, y que era imposible acceder a su contenido. Estas distintas versiones son importantes, porque el recorrido de la tarjeta y qué se hizo con ella es uno de los puntos clave que investiga el magistrado.
El juez De la Mata ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola al completo. Dice el magistrado que durante más de dos décadas han acumulado un millonario patrimonio, fruto de operaciones corruptas, amparadas en su posición política. El juez acusa al expresident de la generalitat Jordi Pujol, a su mujer Marta Ferrusola, a sus 7 hijos y a otras 7 personas de funcionar durante 22 años como una organización criminal, desde 1992 hasta 2014.
