Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

Los exconsejeros de Caja Madrid Alberto Recarte (PP), José María Arteta Vico (PSOE) y Rodolfo Benito (CC.OO.) han sostenido en la Audiencia Nacional que no reconocen las hojas de calculo excel que forman parte del sumario como principal prueba del delito de apropiación indebida del que se les acusa en el juicio por el uso de las tarjetas opacas, ya que contienen multitud de errores.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha explicado que las tarjetas opacas de Caja Madrid que investiga la Audiencia Nacional constituían "un incentivo perfectamente legal", equiparable a los que se veían en el resto del sector. Ha justificado que le entregaron la tarjeta al llegar a la entidad en 2010 como parte de su retribución. Además, ha negado ser el responsable de aumentar el límite de gasto de las tarjetas en 2012, después de que el Gobierno fijara un tope a la retrubicion de los banqueros de las cajas de ahorro rescatadas y ha acusado de tener mala fe a los actuales gestores de Bankia.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha explicado que las tarjetas opacas de Caja Madrid que investiga la Audiencia Nacional constituían "un incentivo perfectamente legal", equiparable a los que se veían en el resto del sector. Ha asegurado que al día siguiente de acceder al cargo, el entonces director general Ildefonso Sánchez Barcoj le entregó una tarjeta para uso personal y con carácter remuneratorio, y otra para gastos de representación. En aquel momento, entendió que se trataba de una forma de pago para los órganos de gobierno y para el comité de dirección.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha comenzado este viernes a declarar en el juicio contra los usuarios de las tarjetas opacas de la entidad y ha recordado que ni el Banco de España ni Hacienda "pusieron tacha alguna ni vieron irregularidad en 23 años" al uso de las mismas. Blesa ha dicho que las tarjetas que empleó en Caja Madrid y repartió a varios de sus consejeros y altos cargos "eran de libre disposición" y no era preciso "la justificación de los gastos que se realizaban".

Para los otros 63 usuarios, solicita penas de entre uno y cuatro años dependiendo de si han devuelto o no el dinero. En su informe dice que "la contabilización de los gastos era indebida y subrepticia", un sistema retributivo que carecía de amparo legal. Los acusados alegan que las tarjetas black formaban parte de su remuneración por lo que no tenían que justificar para qué las usaban.