Caso de los ERE

• Tras siete meses en prisión, su familia y amigos abonan los 200.000 euros
• La juez le considera "nexo común entre las diferentes líneas de investigación"

En el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, ha vuelto al juzgado para declarar la exministra y exconsejera de la Junta, Magdalena Álvarez. Es su segunda declaración. La exministra ha vuelto a defender su actuación en este caso.

• La exministra atribuye a Empleo la utilización de las transferencias
• La exconsejera de la Junta está acusada de malversación y prevaricación

• El sindicato tendrá tres meses para presentar la documentación requerida
• Según la Junta, UGT-A ha devuelto hasta el momento unos 25.000 euros

• Ante la falta de respuesta de Salvador Mera sobre su continuidad en el cargo
• Alaya impone una fianza de casi 600.000 euros a un dirigente de CC.OO.

Vitalia es una aseguradora que tuvo un papel protagonista en los ERE fraudulentos de Andalucía que investiga la juez Alaya. Según ha podido saber TVE, Vitalia compró la firma de indigentes para utilizarlos como testaferros y camuflar sus actividades presuntamente delictivas.

• La Audiencia de Sevilla ordenó a la juez Alaya concretar su imputación
• Llama a Álvarez "por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración"
• En su auto, Alaya defiende su instrucción y pide más tiempo para culminarla

• Le pide a la juez Alaya que explique mejor los motivos de su acusación
• Considera que la falta de motivación vulnera su derecho a la defensa

• Así lo ha declarado el empresario José Andrés Morell ante la juez Alaya
• Finalmente el empresario solo pagó 11.000 euros al "conseguidor"
• Anticorrupción pide una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones de euros
• Consulta el gráfico ¿Quién es quién en el caso de los ERE?

• Le impone esa fianza por su participación en las ayudas a dos empresas
• Está imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias
• Impone una fianza de 122.000 euros para dos cuñados de Juan Lanzas

• También piden que se le retire el pasaporte y comparezca cada 15 días
• La juez le imputa por prevaricación, malversación y por no perseguir delitos
• Anticorrupción urge a "acelerar" la investigación para ver si han prescrito delitos

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han reconocido que pudieron cometer errorres, pero han negado que obtuvieran beneficios ilícitos con su actuación. Entretanto, la juez ha seguido con sus interrogatorios, era el turno de un exviceconsejero de la Junta.

• El sindicato reconoce "desorden" y una facturación "manifiestamente mejorable"
• Toxo niega que CCOO haya formado o forme parte de la trama de los ERE
• También rechaza que haya habido enriquecimiento personal de los imputados

La juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los presuntos ERE fraudulentos ha impuesto una fianza de 251.000 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.000 euros al de CCOO Roberto Carmona. Además, declara responsables civiles subsidiarios a los dos sindicatos en caso de que los imputados no puedan pagar las fianzas.

• Fija fianzas civiles al dirigente de UGT Mera y exdirigente de CC.OO. Carmona
• También acuerda la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España

• En el auto de archivo de la causa contra los hermanos de la ministra Báñez
• Las ve "ajenas a la argumentación jurídica" propia de una resolución judicial

• "Derivó en unos acontecimientos que yo lamento", dice el líder de UGT
• Toxo (CC.OO.): "No es la mejor manera de defender a los imputados"
• Los jueces de instrucción de Sevilla muestran su "total apoyo" a Alaya
• El fiscal general, Torres-Dulce, respeta la crítica pero dice que "hay límites"

• La instructora archiva el caso respecto a otros cuatro empresarios
• Se investigaba si cometieron prevaricación, fraude y maquinación

La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los Ere de Andalucía, ha recibido el apoyo de sus compañeros de la junta de jueces de instrucción de Sevilla, tras los incidentes cuando fue increpada por un grupo de sindicalistas. Consideran inadmisible la intimidación, la crítica personal y los insultos. Desde las federaciones tanto de CCOO como UGT se han desmarcado de esos comportamientos. Sin embargo, UGT de Andalucía ha insistido hoy en que no hubo insultos ni coacciones.

• Los delitos son de malversación, prevaricación y tráfico de influencias
• El fiscal pide una fianza de responsabilidad civil de dos millones
• El TSJA de Andalucía y Torres-Dulce censuran los abucheos que recibió Alaya