Caso de los ERE

• Asegura que los puestos de trabajo que defendió se siguen ejerciendo actualmente
• Reconoce que agradeció la ayuda al consejero de Empleo de entonces

• El exdirector de Trabajo de la Junta dio a su chófer 1,4 millones en ayudas
• Se les imponen fianzas de 1,9 y 2,1 millones de euros, respectivamente
• También abre juicio oral al exdirector de Vitalia y al hombre que hizo de tapadera

• La Fiscalía Anticorrupción solicita pena de cárcel para Francisco Javier Guerrero

• Fue un alto cargo en la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014
• Dice que el desempeño de un cargo público no es motivo para recusarle

• Por una ayuda de 300.000 euros que concedió la Junta al geriátrico del Obispado
• También ha citado al cuatro altos cargos de Empleo de la Junta de Andalucía

• El magistrado Pedro Izquierdo fue un alto cargo de la Junta de Andalucía
• Entre 2008 y 2014 ocupó varios puestos, uno equivalente a viceconsejero
• El PP denuncia su relación con 17 de los acusados, entre ellos Chaves y Griñán

La juez María Núñez Bolaños ha archivado las fianzas civiles impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política de los ERE, entre ellos el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, para el que se pedían 4,2 millones de euros. Entre las fianzas de los ERE, la juez que abrió el caso, Mercedes Alaya, impuso 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; 686 millones al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; 490 millones al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y 29 millones a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez. La juez toma la decisión de anular las fianzas después de que la Junta de Andalucía, la perjudicada en este caso y que no acusa a nadie, decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal.

• La sala se ha decidido en un sorteo celebrado este jueves entre tres secciones penales
• En otro sorteo se decidirá entre el presidente y cuatro jueces la composición del tribunal

• Lo hace porque la Junta de Andalucía no reclama ninguna cantidad
• Archiva las piezas de responsabilidad civil pero solo en la causa política de los ERE

• El juez de instrucción Álvaro Martín imputó a ambos expresidentes estos cargos
• El caso de los ERE supuso el desembolso de 855 millones de euros entre 2000 y 2011

El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha señalado que durante más de diez años en el caso de los ERE "se miró hacia otro lado" en referencia a los máximos responsables del Ejecutivo andaluz, que hicieron "oídos sordos" a los informes de la Intervención que advertían de "graves deficiencias e irregularidades" en la concesión de subvenciones, ha afirmado.

El que fuera interventor de la Junta entre 2000 y 2010 ha dicho haberse sentido "injustamente acusado" por los expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, a los que ha aludido sin citarles, y ha reiterado que la Intervención realizó correctamente su labor de control.

• Le acusa con otras seis personas de prevaricación, malversación y falsificación
• Asegura que cobró "mediante el pago de facturas por trabajos no realizados"

• Algunos de ellos están también encausados en la pieza política
• La Audiencia de Sevilla será la encargada de enjuiciar las causas

Los expresidentes andaluces, Chaves y Griñán tendrán que sentarse en el banquillo junto con otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos, estos 6 exconsejeros: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández. En la investigación de la pieza política de los ERE, este juez, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y asociación ilícita.

• La acusación le achacaba falta de motivación en sus resoluciones

• También abre juicio oral a otros 24 ex altos cargos de la Junta
• A Griñán le impone, además, una fianza de 4,2 millones de euros

• Reclama seis años y medio para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández
• Acusa a este ex alto cargo de prevaricación, malversación y tráfico de influencias

• Alega que "no existe prueba alguna" de prevaricación o malversación
• Considera en el escrito que no hay una "trama criminal"
• Admite irregularidades administrativas y ve "clamorosas fallas jurídicas"
• El PP acusa a Susana Díaz de "devolverles el favor"
• Podemos atribuye responsabilidad política a los expresidentes

• Se concedieron 2,3 millones de euros entre 2006 y 2010 a Surcolor y Acyco
• Pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para Agustín Barberá
• También para el "conseguidor" de los ERE, Juan Lanzas
• La pasada semana el juez procesó a seis exaltos cargos de la Junta andaluza
• Quién es quién en el caso de los ERE

• Sostiene que "no todas las ayudas carecen de causa injustificada"
• Además, añade que "no toda resolución ilegal (...) constituye prevaricación"
• Quién es quién en el caso de los ERE