Ha hecho esas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo tras conocerse que otro extesorero de Convergencia, Daniel Osácar, desvió fondos del partido a Luxemburgo. Mientras, los partidos políticos en Cataluña piden respeto a la investigación judicial
El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado este sábado al Estado de intentar "destruir" el PDeCAT "por tierra, mar y aire", porque son conscientes de que sin la antigua Convergència "no habrá Estado" independiente para Cataluña.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el extesorero de CDC Andreu Viloca era la persona responsable de la presunta concesión de obra pública a cambio de comisiones, mientras que según ha podido saber TVE un empresario ha declarado en secreto ante el juez que instruye el caso 3 % que Mas le dio instrucciones sobre pagos irregulares a CDC en una reunión junto al exconseller de Justicia Germà Gordó.
TVE ha tenido acceso a una parte del sumario del llamado caso del 3%, el supuesto pago de comisiones ilegales a la antigua Convergéncia a cambio de adjudicación de obra pública. El juez del Vendrell cree que el extesorero de Convergència Democratica, Andreu Viloca era mucho más que el responsable de finanzas del partido y de la fundación Catdem. Era el conseguidor , el que se reunia con los empresarios.
Los ocho detenidos en la operación contra la supuesta financiación ilegal de Convergència en el caso del 3% que todavía permanecían arrestados han quedado en libertad tras haber pasado la noche en la comandancia de Tarragona. De los ocho detenidos, cuatro han prestado declaración y otros cuatro han preferido no responder a las preguntas que les han hecho hoy en la comandancia de la Guardia Civil.
El exdirigente de Convergència, Francesc Sánchez, ha sido el primero en quedar en libertad tras negarse a declarar. Andreu Viloca, extesorero del partido, que ya había sido detenido en 2015, también se ha negado a declarar. Son dos de los ocho que han pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Los otros diez detenidos quedaron libres cuando finalizaron los registros. Durante toda la noche los agentes han analizado los documentos, agendas y dispositivos electrónicos incautados en la operación de ayer. Los investigadores insisten en que se hacían concursos a medida para determinadas empresas.
La investigacion se centra en delitos relacionados con la corrupción como cohecho, tráfico de influencias o financiación ilegal. Se sospecha que una decena de adjudicaciones de obras se habrían beneficiado de contratos de la administración a cambio de pagos a fundaciones de la antigua Convergència.
La Guardia Civil ha practicado una veintena de detenciones y de registros en una operación relacionada con el caso del 3%, el presunto pago de comisiones a la antigua Convergència a cambio de adjudicaciones públicas.
La Guardia Civil está desarrollando una operación contra la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la que se prevén cerca de veinte detenidos relacionados con tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Entre ellos, se ha detenido al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y al menos a dos antiguos cargos de CDC, el exdirigente Francesc Sánchez y el exteniente alcalde de Barcelona Antoni Vives.
La Guardia Civil ha detenido a ex altos cargos de la antigua Convergencia en una operación contra la financiación irregular del partido. Entre los detenidos están Antoni Vives, exteniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona; Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona; y Francesc Sánchez, miembro de la cúpula de CDC.
Los agentes han llevado a cabo más de 20 registros en tres organismo públicos de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat. La operación se centra en contratos amañados con empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones de la antigua Convergencia.
El fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado que se juzgue a Homs por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, que suspendió la convocatoria de la consulta que convocó la Generalitat para el 9 de noviembre de 2014, ya que considera que actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho al desobedecer dicha suspensión. Por ambos, considerados conjuntamente, solicita nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.
