La Audiencia de Barcelona ha condenado este lunes a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar obra pública a la constructora Ferrovial en el marco del caso Palau en la etapa de Gobierno de Jordi Pujol y ha ordenado decomisar 6,6 millones de euros al partido por el cobro de dichas comisiones ilegales. Además, ha condenado a 9 años y ocho meses de cárcel al saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet, y a 4 años y cinco meses al extesorero de CDC Daniel Osàcar.
La Audiencia de Barcelona notificará este lunes la sentencia del expolio del Palau de la Música, destapado en 2009, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel al saqueador confeso Fèlix Millet y ocho al extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución.
La sección décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes -38 en total-, a las 9:30 horas en la sala de vistas del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia para entregarles la sentencia en mano, de forma simultánea.
La resolución judicial por el caso Palau, en el que CDC figura como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del expolio del Palau, se produce en un intenso momento político en Cataluña, apenas tres semanas después de las elecciones catalanas y a solo dos días de la constitución del Parlament.
La Audiencia de Barcelona ha anulado el pacto entre el fiscal y Oriol Pujol y deberá ira a juicio. El juez no acepta el acuerdo de conformidad en el 'caso ITV' porque no ha sido firmado por todos los acusados. El hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, está acusado de utilizar su peso político, cuando era 'número dos' de la extinta Convergència, para favorecer a empresarios amigos en la adjudicación de estaciones de ITV y para conseguir comisiones que su mujer cobraba con facturas falsas.
La Guardia Civil registra este martes la sede de la compañía Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (AGISSA), la empresa mixta público-privada de aguas de Girona, en una operación anticorrupción relacionada con la malversación de fondos públicos del Ayuntamiento gerundense en la etapa en la que era alcalde Carles Puigdemont
La Guardia Civil registra desde poco después de las 9.00 horas este martes la sede de AGISSA, la compañía municipal de aguas de Girona, en una operación anticorrupción relacionada con la malversación de fondos públicos del Ayuntamiento gerundense en la etapa en la que era alcalde Carles Puigdemont, según ha informado fuentes de la investigación.
Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA), con lo que tuvo responsabilidades organizativas y económicas, expone el auto del juez. Presuntamente, requería a empresas que optaban a concursos públicos a realizar "cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto, las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona". Así, habría conseguido que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros a ambas fundaciones en el año 2012 a cambio de la adjudicación por el Consorci d'Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.
