La Comisión Europea (CE) ha decidido este miécoles iniciar un proceso para evaluar si Polonia respeta las normas del Estado de derecho tras las polémicas reformas adoptadas por el nuevo Gobierno del partido ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia, en particular la del Tribunal Constitucional y el intento de estrechar el control sobre los medios de comuniciación públicos.
Partidos políticos europeos mayoritarios y la organización Amnistía Internacional han recibido bien la decisión de la Comisión Europea (CE). La Alianza de Demócratas y Liberales Europeos (ALDE) del Parlamento Europeo (PE) han calificado de "paso histórico" el paso de Bruselas, puesto que se trata de la primera vez que se activa el llamado marco para salvaguardar el Estado de derecho, creado en marzo de 2014.
La Comisión Europea ha afirmado que las ventajas fiscales concedidas por el Gobierno de Bélgica a varias multinacionales son contrarias a derecho comunitario y le ha pedido que recupere los 700 millones de euros.
Los Veintiocho han logrado cerrar en la madrugada de este miércoles un acuerdo, tras dos jornadas de intensas negociaciones, sobre el reparto anual de las cuotas pesqueras para 2016, en las que España ha conseguido reducir los recortes planteados para varias especies, entre ellas la merluza del caladero sur, donde se ha rebajado desde 60,5% a 21,5%.
Tras una difícil negociación sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) en el Atlántico y el Mar del Norte en 2016, se recortan las capturas para la flota española del rape de aguas ibéricas en un 14% (frente a la bajada del 19,2% propuesta por Bruselas) y del gallo del caladero nacional en un 1% (la Comisión Europea había propuesto un recorte del 26,4%).
De esta forma, la cuota española de merluza en aguas del Cantábrico, portuguesas y del golfo de Cádiz (el caladero sur) pasará de 8.848 toneladas en 2015 a 6.946 el próximo año; la de gallo bajará de 1.271 en 2015 a 1.259 toneladas en 2016 y la de rape pasará de 2.490 a 2.141 toneladas.
La Comisión Europea ha presentado una amplia batería de medidas para hacer frente a la crisis de refugiados y al terrorismo integrista que incluyen la creación de una "Guardia Europea de Fronteras y Costas", cuerpo así llamado cuyos agentes podrán ser enviados a las fronteras exteriores mal protegidas, aunque el país afectado no lo solicite.
