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Durante la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de octubre, los relojes retrocederán una hora, tal como hacemos cada año. El Parlamento Europeo hace años que votó a favor de suprimir el cambio horario. La medida, sin embargo, se encuentra encallada, ya que requiere del consenso y la unanimidad de los estados miembros. Un grupo de expertos de varios países plantea a la Comisión Europea una hoja de ruta a seguir, que se está exponiendo en la Time Use Week de Barcelona. Ariadna Güell, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, explica que el consenso a nivel científico es el de mantener el horario de invierno, ya que "es en realidad el que está más alineado con la luz solar". Durante años, el ahorro energético se ha presentado como el gran argumento en estesentido: "Los estudios más recientes que han intentado cuantificar ese impacto energético o bien han dicho que no hay una diferencia clara o bien muestran un pequeño ahorro cuando dejamos de cambiar la hora".
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han alcanzado este viernes un acuerdo de mínimos con el fin de poner en marcha un mecanismo que "limite de inmediato" el precio del gas, aunque serán los ministros de Energía el próximo martes los que decidirán los detalles.
La UE estudia una ayuda para Ucrania de 1.500 millones mensuales para financiar necesidades básicas
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Las cuentas del Estado para el próximo año están marcadas por la guerra en Ucrania y la incertidumbre económica. Un contexto que lleva a España a presentar un plan con dos posibles escenarios. Uno más prudente y un segundo escenario en el que se prevé una mayor recaudación, que podría ser de 10.000 millones más a través de impuestos. Esos ingresos extra se destinarían a prorrogar las medidas para combatir la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables, como la reducción del IVA a la electricidad y al gas o el descuento en los combustibles.
Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los Presupuestos 2023 en el Congreso (EFE/Chema Moya)
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el efecto de la 'excepción ibérica' sobre los precios del gas y la electricidad, y ha celebrado su éxito desde que comenzó a aplicarse el pasado mes de julio.
"La comisión recoge muchos de los planteamientos que el gobierno de España ha venido liderando en los últimos meses", ha remarcado, como el tope al precio del gas, la reforma del mercado eléctrico y el mecanismo ibérico. "Hay que sentir orgullo, pero cada vez son muchos más los países en Europa que pretenden también importar esta 'excepción ibérica' para convertirlo en la norma común en Europa", ha señalado en una rueda de prensa en Praga tras la reunión informal de este viernes en con los líderes de la UE para tratar temas como la guerra de Ucrania y la energía.
Ha señalado que es una "muy buena noticia" porque demuestra que esta intervención es reconocida como tal por todos y "puede ser un mecanismo que podamos exportar desde la Península Ibérica al resto de países europeos".
Sánchez ha explicado que este mecanismo ha permitido a los consumidores españoles 2.600 millones de euros, y defiende que se expanda este mismo modelo, u otro similar, el resto de socios, incluso a aquellos que se mostraron más reticentes en un inicio, como Alemania.
Foto: GETTY
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que hay contradicciones en el reglamento de ejecución de la Comisión Europea que establece zonas de veda a la pesca de fondo en 87 polígonos del Atlántico nororiental a partir de este domingo, 9 de octubre. En concreto, había contradicciones entre lo que recogía el texto y lo que reflejaba la cartografía batimétrica hecha sobre los fondos de esas zonas marinas, según ha indicado en una entrevista en La Hora de la 1.
Planas ha reiterado que la CE le confirmó por escrito a su departamento esta confusión, confirmando que la restricción no afecta entre los 0 y los 400 metros de profundidad, lo que libra del veto a 41 zonas de aguas atlánticas en las que faenan barcos españoles. Quedan afectadas, por lo tanto, 35 zonas con presencia de barcos españoles y por eso el Gobierno sigue adelante con el recurso interpuesto ante el tribunal de justicia de la Unión Europea.
FOTO: Luis Planas, en un acto en Madrid. EFE/ Javier Lizon
- Estos tienen una profundidad inferior a 400 metros, la que establece la norma
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