El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la tercera reforma de la ley de universidades de la democracia. El texto se compromete a aumentar la inversión hasta el 1% del PIB y pretende reducir la precariedad del profesorado. En este sentido, fija un límite de la temporalidad del 8% para el personal docente e investigador (con el horizonte de 2024), frente al 20% que recogía el último borrador y el 40% que permite la ley vigente.
En el informativo 24 horas de RNE, el ministro de Universidades, Joan Subirats, confiesa que observa una buena disposición por parte de los grupos parlamentarios en la negociación de la LOSU: "Excepto Vox, con el cual ha habido menos posibilidad de diálogo, diría que con el resto de grupos la sensación que yo tengo es muy positiva". Las competencias autonómicas son, según explica el ministro, uno de los puntos que generan mayor tensión, tanto con el Partido Popular como con los partidos independentistas, aunque desde posturas opuestas. Subirats denuncia la falta de inversión, que no aumenta desde 2009: "La financiación pública de las universidades ha bajado un 20% en los últimos años. Uno mira las cifras y se pregunta cómo las universidades públicas han podido aguantar". Otro de los puntos clave que pretende abordar el anteproyecto de ley es la mejora de las condiciones laborales del profesorado: "La manera que han tenido de responder ante esta situación de infrafinanciación ha sido contratar asociados con suelos muy bajos y sin reconocimiento de sus derechos. Y esto es algo que el proyecto de ley actual intenta remediar"
