Cuestionada por la prensa sobre si el Gobierno pensaba hacer alguna modificación legislativa "con medio millón de parados cobrando una prestación ilícita y el 20% de las ofertas de trabajo rechazadas", la vicepresidenta ha recordado que ya se endureció la normativa. Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazadas, la prestación por desempleo se extingue. En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que en 2014 el Ministerio de Empleo presentará una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones. Empleo, al mismo tiempo, está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, según ha avanzado la también portavoz del Gobierno.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, destacado la importancia del ahorro que se ha producido en materia fraude por desempleo en el último año y medio. "Pero como dato también muy significativo, el control en materia de fraude de prestaciones por desempleo. Estoy hablando de personas que cobran la prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B. Se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo y se ha ahorrado al contribuyente más de 3.000 millones de euros por esa cuantía", ha afirmado en la tercera ocasión a la que se ha referido a este tipo de fraude.
El consejo de ministros ha tenido un marcado contenido económico. Ha aprobado la nueva ley en defensa de los consumidores y ha anunciado nuevas medidas contra el fraude en el cobro de prestaciones de desempleo.
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El consejo de ministros ha aprobado la reforma de la ley de tráfico que, por ejemplo, multiplica por dos la multa por circular bebido, pasará de 500 a 1000 euros. Pero no solo hay novedades para los conductores,también para los peatones.
El Gobierno pretende ingresar algo más de 128.000 millones de euros el año que viene, casi un 1% más de lo previsto para 2013. La mayoría de ese dinero, como es habitual, llega de los impuestos. Este año no subirán, ha confirmado el Ministro de Hacienda.
Tras el Consejo de Ministros en el que se ha presentado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, la vicepresidenta afirma que las cuentas del Gobierno son "responsables" y "realistas".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones buscan "evitar las subidas en escala y los dobles efectos" de la actualización de las prestaciones con el IPC y garantizar la viabilidad del sistema "en el medio y largo plazo".
Para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pide un cambio de lógica y "no perseguir inflaciones que van a la baja". "Salgamos de esa mentalidad inflacionista en la que por unas décimas de crecimiento de rentas nominales no se asegura el bienestar de la gente".
El Consejo de Ministros aprobará este viernes los presupuestos generales del Estado para 2014, que, como ya anunciaron este jueves, mantendrán congeladas las retribuciones en el sector público por cuarto ejercicio consecutivo, así como la tasa de reposición de personal (salvo excepciones). Cuentas que se apoyarán en un crecimiento económico previsto para el próximo año del 0,7%. El Ejecutivo, además, dará luz verde al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social, después de que el Consejo Económico y Social (CES) le haya pedido este jueves al Gobierno que no desvincule las pensiones de la subida del IPC.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de reforma del sector eléctrico que busca acabar con el llamado déficit de tarifa -cuyo coste reparte entre Estado, empresas y consumidores- y que incluye el peaje al autoconsumo, contra el que se han pronunciado Competencia y la Comisión Nacional de la Energía.
El Consejo de Ministros aprueba la nueva tarjeta sanitaria. Facilitará la atención médica cuando estemos fuera de nuestra comunidad. La novedad es que incorpora un código que nos identificará a cada uno, y que permitirá a los médicos acceder a nuestra historia clínica en todo el país. Se irán entregando poco a poco en función de cuando nos toque renovar la actual. La idea es que en cinco años todos los españoles tengamos la nuestra.
