Así, los nacionalistas vascos quieren introducir el derecho a decidir. Mientras que Convergència i Unió quieren que se limite por ley lo que aporta cada autonomía y lo que invierte el Estado. Eso sí, dice que votarán "mirando a Europa y no a los dos grandes partidos españoles".
Los barones y el grupo parlamentario escucharán esta tarde a Rubalcaba sobre el cambio de la Constitución. Los socialistas catalanes, especialmente críticos, dicen, tras reunirse esta mañana, que la respaldan.
En el Partido Popular, que hoy ha reunido a su Comité de dirección en Toledo, están satisfechos del acuerdo con el Gobierno y con el PSOE para limitar la deuda y el déficit en la Carta Magna. En Toledo está María Rodriguez, María los populares creen que el acuerdo sirve para dar credibilidad a la economía.
En la víspera del pleno extraordinario para tomar en consideración la reforma constitucional que limita el déficit, los dirigentes del PSOE y del PP explican el acuerdo a sus partidos. En la sede socialista, lo han hecho Rodríguez Zapatero y el candidato, Pérez Rubalcaba.
Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO han convocado concentraciones y manifestaciones en todo el país los días 31 de agosto y 1 y 6 de septiembre en contra de la reforma de la Constitución para que esta recoja un límite de déficit. Para el secretario de Acción Sindical, Tony Ferrer (UGT), "la pretensión de esta reforma constitucional es dejar amarrado para el futuro el recorte del Estado del Bienestar". Por eso, con estas movilizaciones, las fuerzas sindicales y sociales convocantes pretenden mostrar su rechazo a la reforma propuesta por PSOE Y PP. "Pedimos a los diputados que no la voten y que si lo hacen, que se convoque un referédum", ha solicitado en rueda de prensa, Ramón Górriz (CC.OO.), donde ha señalado que la reforma es muy grave tanto por el fondo como por la forma.
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El comienzo del curso político, ha arrancado con un acuerdo sorpresa entre el Partido Popular y el gobierno para controlar la deuda y el déficit público. Los flecos de las negociaciones se cerraron en la madrugada del viernes y obligarán a reformar la Constitución donde se recogerá, expresamente, el compromiso de las administraciones públicas con la estabilidad presupuestaria. No todos los grupos políticos estaban de acuerdo y entre los socialistas también surgieron dudas y reticencias. Todo ello sucedió en un pleno convocado a petición del Gobierno, para informar sobre nuevas medidas económicas, que marcará la iniciativa política de los próximos meses.
Esta reforma de la Constitución no gusta a la mayoría del resto de partidos, o bien porque dudan que garantice en el futuro el estado de bienestar o porque la urgencia en su tramitación, dicen, no puede suprimir que se someta a referéndum. A casi ninguno del resto de partidos de la oposición le ha convencido este acuerdo.
La reforma de la Constitución la anunció el pasado martes, en el Congreso, el presidente Zapatero, previo acuerdo con Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba.
La reforma, según PSOE y PP, reafirma el compromiso con el euro y Europa, pero también es una garantía para mantener los servicios sociales, y obliga a todas administraciones a ser austeras.
El nuevo articulo 135 refleja, en su primer punto, la filosofía de la reforma: implicar a todos. Establece que las administraciones públicas se adecuarán al principio de estabilidad presupuestaria. Dice que el Estado y las comunidades no podrán tener un déficit estructural ni de deuda que supere los márgenes de la Unión Europea. No se incluyen cifras. Los número estarán en una ley orgánica posterior que también se ha pactado.
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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha felicitado por el "buen acuerdo de reforma constitucional" al que han llegado PSOE y PP y ha negado que el candidato socialista a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, haya liderado las conversaciones. "En ningún momento nadie de los equipos negociadores hemos hablado con el señor Rubalcaba", ha señalado en rueda de prensa. Así ha respondido la dirigente 'popular' a la pregunta de qué papel había jugado Rubalcaba en las negociaciones. "Si me pregunta si me he sentado con el señor Rubalcaba o hemos recibido algún tipo de llamada, no. No ha habido ninguna reunión del Partido Popular ni del grupo negociador del que nosotros formamos parte con el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. Ni ninguna conversación telefónica", ha dicho Sáenz de Santamaría en una rueda de prensa conjunta con el portavoz de Asuntos Económicos del PP, Cristóbal Montoro. "El acuerdo lo cerraron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ayer entorno a la una de la mañana. Y cuando los dos presidentes dieron el 'ok', el señor José Antonio Alonso (portavoz del Grupo Socialista) y yo estampamos nuestra firma", ha señalado la portavoz del PP.
El PSOE y el PP han cerrado esta madrugada el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una regla de gasto que limite el déficit y la deuda de todas las administraciones públicas. Gracias al pacto, la disciplina de equilibrio presupuestario llega a la Carta Magna, que no recogerá ninguna cifra concreta. Esta se establecerá mediante el desarrollo de una futura Ley Orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas. Después de intensas negociaciones mantenidas en los dos últimos días, especialmente en la jornada de este jueves, el acuerdo ha fraguado entre PSOE y PP, aunque por el momento no ha sido posible sumar a otras fuerzas parlamentarias.
El grupo Convergència i Unió se niega a que la reforma constitucional para establecer un techo de déficit, limite la autonomía de las comunidades. Por eso tampoco quiere cifras en la reforma. Y avisan que ellos no van a presentar ninguna propuesta.
El PNV apoya la disciplina presupuestaria, pero creen que llevarla a la Constitución es demasiado. Aunque sí aprovechan el debate para pedir que se incluya el derecho de autodeterminación.
El presidente canario, Paulino Rivero, que quiere que se vote en referéndum, pide respeto para las singularidades del archipiélago.
Los grupos que apoyan al gobierno, es decir PSC y CC, presentaran iniciativa en parlamento, una propo de ley, para elevarla al congreso, y que se pueda trasladar a la CE lo que es el respeto a las singularidades canarias.
Izquierda Unida asegura que la reforma pondrá en peligro el estado del Bienestar y que, por tanto, los españoles tienen derecho a votarla.
Lo mismo dicen UGT y Comisiones Obreras, contrarios a la reforma. Los empresarios, en cambio, piden que se apruebe lo antes posible porque garatiza, dicen, unas cuentas públicas solventes y creíbles.
