El Gobierno ha anunciado este viernes la aprobación del recurso ante el Tribunal Constitucional del euro por receta que se cobra en Cataluña desde hace meses. Una medida que la Comunidad de Madrid también quiere poner en marcha a partir del 1 de enero. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado tras el Consejo de Ministros que se ha decidido recurrir el euro por receta por considerarse que es inconstitucional y tras no haber llegado a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña con la que se ha intentado llegar a un acuerdo.
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Los enfermos crónicos pagaran por ir en ambulancia en función de su renta y de la duración de la enfermedad. Según el borrador de Sanidad, se fijarán unos topes máximos de aportación de 10 euros, de 20 o de 60 euros. La medida no afectará a los que cobren pensiones no contributivas ni a parados sin subsidio de desempleo, entre otros. El borrador de Sanidad excluye del copago a los afectados por síndrome tóxico, los discapacitados que reciben una prestación social y económica, los que cobran rentas de integración o pensiones no contributivas, los parados sin subsidio de desempleo, y las personas que sigan tratamientos como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
- Habrá límites mensuales en función de la renta
- Discapacitados y parados sin prestación, estarán exentos
Sanidad y las comunidades autónomas debatirán la semana que viene el copago en el traslado sanitario no urgente. Según el borrador del texto, los pacientes tendrán que pagar hasta un tope según su renta y la duración de su tratamiento. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública considera que es un despropósito. El Gobierno afirma que se sigue protegiendo a los más débiles, como parados sin subsidio o quienes cobran una pensión no contributiva.
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Según un dictamen del Consejo de Estado hay fundamentos para recurrir si el euro por receta que se paga en Cataluña es constitucional. El informe, que no es vinculante, explica que la tasa no es competencia de las autonomías y provoca desigualdad. Madrid mantiene que a partir del 1 de enero también cobrará un euro por receta. El PSOE denuncia que el Gobierno conoce este informe desde junio y exige que actúe ya porque, según dicen, esta medida contribuye al deterioro de la sanidad pública.
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El 98 por ciento de las farmacias de la comunidad valenciana no ha abierto hoy sus puertas, según datos de los farmacéuticos. Se trata de un cierre indefinido, por la deuda de 450 millones de euros que la Generalitat mantiene con ellos desde el mes de mayo. La Consejería de Sanidad asegura que no habrá desabastecimiento.
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La cúpula de los partidos de la coalición que dirige Angela Merkel ha acordado este lunes eliminar el copago para las visitas a la consulta médica y mejorar las pensiones de quienes no alcancen el mínimo básico pese a haber cotizado el máximo de años.
El acuerdo llega tan solo un día después de que la propia Merkel abogara por "cinco años o más" de austeridad para la zona euro. Según informa el corresponsal de TVE en Berlín, Miguel Ángel García, estas reformas se combinan con el objetivo del déficit cero gracias a unos ingresos fiscales récord.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha descartado aplicar en la que comunidad que preside, Castilla La-Mancha, el euro por receta porque no lo considera "necesario" en esta región.Así lo ha dicho en una entrevista en Los Desayunos de TVE, donde ha defendido la austeridad en el gasto público y criticado el despilfarro de comunidades como Cataluña: "Nadie entiende que la Generalitar haya acudido al fondo de liquidez y mantenga sus denominadas embajadas catalanas".
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El candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia, Pachi Vázquez, ha prometido este miércoles que eliminará el copago farmecéutico para los pensionistas, y en su lugar establecerá un impuesto a la banca.
A partir de hoy a los pensionistas catalanes se les aplica el nuevo copago farmacéutico. La Generalitat de Cataluña decidió retrasar el cobro para adaptar el sistema informático. Dependiendo de la renta, los pensionistas deberán pagar entre 8 y 60 euros al mes. Progresivamente pagarán la cantidad pendiente de agosto y septiembre. La Generalitat catalana retrasó el pago de esos 3 meses para adecuar el sistema informático.