El empresario Álvaro Pérez, el Bigotes, considerado cabecilla de la trama Gürtel, ha declarado este lunes en el juicio a una rama del caso que tuvo una relación de amistad con el expresidente valenciano Francisco Camps, a quien acudió para tratar de conseguir contratos con la administración valenciana: "Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba".
"Entiendo que ahora se quiera negar lo innegable, pero había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps", ha indicado el empresario, quien, como una decena de acusados, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en este juicio de la Audiencia Nacional, en el que el expresidente autonómico se enfrenta a una petición fiscal de 2 años y medio de cárcel por la presunta adjudicación irregular a la trama de un expositor de Fitur, en 2009.
Isaías H., beneficiario de los contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha admitido este lunes que la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, se puso de acuerdo con él para fraccionar proyectos y adjudicarlos a dedo y le indicó cómo hacer "presupuestos comparsa" para simular un concurso.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha admitido a su llegada al juicio en la Audiencia Nacional por delitos de prevaricación y fraude en una de las piezas del caso 'Gürtel' que se encaró con Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en la última sesión del juicio, en el que este lunes ha declarado el empresario Álvaro Pérez 'El Bigotes'. "Le dije que no quería ningún mal para él ni para nadie, no me gusta que nadie tenga un problema personal de este calado; pero no tiene sentido que pacte con la Fiscalía Anticorrupción y haga daño a otras personas que no hemos hecho absolutamente nada, es lo que le dije, no le dije nada más", ha manifestado Camps. Por su parte, el 'Bigotes' ha asegurado en su declaración que fue Camps el que le dijo que fuera a Valencia a trabajar porque haría "todos los actos del partido".
Foto: El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps atiende a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. EFE/Fernando Villar
La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvia Bacigalupo, ha alertado de la necesidad de impulsar en el Congreso y el Senado la tramitación de la legislación anticorrupción "pendiente", como la ley de protección de informantes, y de que se apliquen correctamente esas leyes, para que España no siga descendiendo en el ranking de lucha contra la corrupción. La ONG ha publicado este martes el ïndice de Percepción de la Corrupción, en el que España ha vuelto a descender un punto, por segundo año consecutivo, y se ha situado en el puesto 35 de 180 países, con la misma calificación (60/100) que Botsuana o Cabo Verde. "Es un indicador de situación de riesgo, de reformas institucionales necesarias, tenemos pendiente mucha legislación anticorrupción en el Congreso como la ley de protección de informantes", ha explicado en el canal 24h de TVE. En relación con la posibilidad de que la pandemia de coronavirus haya influido en este empeoramiento, Bacigalupo ha dicho que la "falta de controles" en contrataciones públicas durante la pandemia ha sido "un indicador importante". También son necesarias las "reformas institucionales", ha dicho la presidenta de Transparencia Internacional España.
Foto: Agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal en un registro en Cornellà del Llobregat. DAVID OLLER / EUROPA PRESS
El grado de percepción de la corrupción en España ha vuelto a empeorar por segundo año consecutivo, al caer un punto respecto a 2021, según el informe anual de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en el mundo. Nuestro país ocupa el puesto 35 de 180 y Manuel Villoria, miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España, avisa en Las Mañanas de RNE del retroceso y confía en que si se aprueban las reformas comprometidas el año que viene mejore su posición. Hace un llamamiento para que se refuerce la transparencia y la rendición de cuentas. Villoria ha confesado que el problema en España es la “politización partidista de todos los partidos” porque intentan “controlar todo y las agencias anticorrupción y organismos anticorrupción siempre tienen el control político por detrás.” En relación con la reforma de la malversación, Manuel Villoria considera que “hace más sencillo el despilfarro.”
