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El gobierno plantea un cambio legal para que los gestores públicos que gasten más de lo que les permiten sus presupuestos tengan responsabilidades penales. Lo ha dicho el ministro de Hacienda, que además ha señalado que el Estado podrá incluso intervenir las cuentas de las comunidades que no cumplan con los límites de déficit. Pero también ha anunciado medidas para facilitar los pagos de las Comunidades con problemas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. "Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos", ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro en declaraciones a la Cadena Ser.

Se trataría de una intervención "temporal", según ha anunciado el ministro de Hacienda. El Gobierno ha anunciado que abrirá una línea ICO para que las comunidades autónomas paguen a los proveedores.

El salvavidas para los problemas de liquidez de algunas Comunidades Autónomas será el ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Se lo ha contado esta tarde Cristóbal Montoro, a los consejeros de hacienda de las distintas autonomías en el consejo de Política Fiscal y Financiera.

Reunión del Ministro de Hacienda con las comunidades autónomas. Montoro pedirá a las autonomías que establezcan un techo de gasto y también se propondrá una ampliación del plazo para devolver la deuda que las comunidades tienen con el Estado.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, El Consejo de Política Fiscal y Financiera, creado para coordinar la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado, se reúne por primera vez en esta legislatura.

El ministro Cristóbal Montoro explica a los consejeros el contenido de la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, Cristóbal Montoro explica a los consejeros el contenido de la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija techos de gasto y deuda para todas las administraciones y cuyo incumplimiento será objeto de sanción. Esa ley, que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, es el desarrollo de la reforma de la Constitución que pactaron hace solo unos meses el PSOE y el PP para atajar la crisis.

Hablamos con José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga.

Considera que el problema de la deuda era inevitable ya que las Comunidades prestan unos servicios públicos que no se pueden mantener si los ingresos caen de forma espectacular.

"El mapa del Consejo es unidireccional quitando Andalucia, Canarias y País Vasco, todo esta en manos del PP por lo que pueden aprobar lo que crean conveniente aunque los recursos que hay son escasos" (17/01/12).

El Estado anticipa dinero a las comunidades teniendo en cuenta lo que espera ingresar por impuestos. Cuando se ingresa menos de lo calculado, las comunidades tienen que devolver la diferencia -24.000 millones de los anticipos de 2008 y 2009-. Algunas pedían devolverlos en 10 años, pero el gobierno anterior marcó un plazo de 5. Ahora Montoro responde a esa petición autonómica para que puedan hacer frente al pago de los servicios públicos como la sanidad y la educación.

Las comunidades tendrán que fijar un techo de gasto antes de elaborar sus presupuestos. Sus cuentas podrán desviarse pero solo cuando el déficit de todas las administraciones sea inferior al 0,4% y la deuda esté por debajo del 60% del PIB. Si se saltan los límites marcados, se activará un mecanismo para corregir los desvios y en caso de que conitnúe, habrá sanciones.

Se tendrá muy en cuenta la reincidencia y el incumplimiento.

En paralelo, y para ayudarles a ajustar sus cuentas, el gobierno dará libertad a las comunidades para decidir si quieren continuar gestinando las televisiones autonómicas o privatizarlas. Los consejeros conocerán más detalles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes.

El ministerio de Hacienda respetará la autonomía de las comunidades en la elaboración de sus presupuestos. Es una de las conclusiones de la reunión que tuvo Cristóbal Montoro con los consejeros de economía de las autonomías gobernadas por el PP. El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha rechazado el control presupuestario que había sugerido el ministerio de Economía.

El ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, recuerda este miércoles a las 11 comunidades gobernadas por el PP la importancia de la responsabilidad autonómica en la consecución del objetivo de déficit público, al tiempo que recabará sus opiniones sobre las fórmulas necesarias para conseguir cumplir los compromisos fiscales. "Hoy no es momento de conclusiones, es momento de intercambio informal de criterios, de opiniones, y a partir de ahí en mi condición de ministro se lo trasladaré al resto de las CCAA", ha explicado Montoro a la entrada de la sede del PP.

El Congreso ha convalidado hoy el decreto aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre que establece recortes y la subida temporal de algunos impuestos. El enfrentamiento sobre si el Gobierno conocía o no la cifra del déficit cuando tomó posesión ha centrado el debate.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido categórico en la réplica: "No tuve el desglose del déficit hasta que no llegué al Ministerio. Lo quiero dejar aquí dicho con toda rotundidad y claridad. Sí que lo sabían el anterior Ejecutivo y algunos diputados socialistas, como el señor Rubalcaba", ha aseverado.

"¿Y si lo saben, y si saben la desviación, por qué no hacen propuestas para corregirlo?", se ha preguntado Montoro. "Estamos donde sabíamos que íbamos a estar: con descalificaciones gratuitas y sin su apoyo", ha afirmado el ministro al PSOE.

El ministro de Hacienda se reunirá esta semana con los consejeros del ramo en las comunidades gobernadas por el PP para consensuar las líneas de ahorro que deben aplicar para contener el déficit. Lo ha anunciado hoy la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal.