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Manuel González González, conocido como el 'loco del chándal', ha abandonado este viernes la cárcel en virtud de la derogación de la retroactividad de la 'doctrina Parot', tras ser condenado en 1997 a 169 años de prisión por atacar a 16 mujeres, una de las cuales murió, y sin que los informes acrediten que se haya rehabilitado.

  • El tribunal solo condena al capitán a 9 meses de cárcel por desobediencia
  • La sentencia defiende la decisión del Gobierno de alejar el buque de la costa
  • "No provocó, sino que gestionó con profesionalidad la catástrofe", argumenta
  • El juez certifica un "mantenimiento deficiente" pero sin responsabilidad penal
  • Ni Gobierno ni aseguradora del barco tendrán que pagar por los daños
  • Lee la sentencia del Prestige en castellano (.pdf) | Sentencia en gallego (.pdf)

El Tribunal Supremo avala que se anule la 'doctrina Parot'. Los magistrados dicen que deben ser los tribunales que condenaron quienes deben aplicar ahora la sentencia de Estrasburgo.

Con esta decisión el Tribunal Supremo deroga su propia doctrina... Y dice que todos los presos que estén en la misma situación que la terrorista Inés del Río tendrán que salir de la cárcel.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, propiedad al cincuenta por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres.

Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), explica en el canal 24 horas qué supone esta medida judicial.

Con la seguridad reforzada, Egipto espera el juicio del depuesto Mohamed Morsi, que comienza pasado mañana. La capital está en una calma tensa, con manifestaciones esporádicas. En una sociedad dividida, algunos apoyan al gobierno provisional instaurado por el Ejército con iniciativas originales.

La Corte Suprema argentina ha dado la razón al gobierno de Cristina Fernández en su reforma de la Ley de Medios de comunicación. Dictamina el tribunal que el gobierno tiene la responsabilidad de evitar que las empresas crezcan tanto que monopolicen el discurso público. Termina así un proceso que ha durado cuatro años, desde que el gobierno aprobó la ley, una guerra que tiene como objetivo final acabar con la hegemonía del Grupo Clarín, uno de los mayores de Argentina y toda américa Latina. Eso sí, la Corte suprema añade en su sentencia que las empresas deben ser compensadas por vender o serles expropiados sus activos y que el control de la ley debe hacerlo un organismo independiente al gobierno.