Los consumidores denuncian que el litro de gasolina sube un 25 % en el último año. En el Canal24 horas, Enrique García, portavoz OCU, destaca que "llenar el depóstio de gasolina cuesta 15,55 euros más que hace un año, pero si lo comparamos con noviembre de 2020, cuesta 20 euros más". Por su parte, el representante de las estaciones de servicio defiende que los precios altos no les convienen porque venden menos y su margen es el mismo. Argumenta que en ocasiones incluso reducen su beneficio para "hacer más atractivo el producto".
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado que por primera vez esta ley va a permitir que las comunidades autónomas regulen zonas del mercado donde los alquileres son “inusualmente más altos”, de modo que grandes y pequeños propietarios deberán rebajar los precios de alquiler.
La norma busca “poner freno a los desahucios” sin alternativa habitacional, y en el caso de que sean familias vulnerables la comunidad autónoma deberá buscar una vivienda alternativa. La ley también movilizará la vivienda vacía para sacarla al mercado y tiene como objetivo la creación de un parque público. La ministra ha pedido consenso al resto de fuerzas políticas para sacar adelante esta "ley imprescindible" que “tiene en la cabeza” a los inquilinos, pequeños propietarios, familias vulnerables y jóvenes, colectivos a los que también ha agradecido su compromiso.
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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado que la norma va a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, una demanda esperada “con ansiedad por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas”. Una ley que, según afirma, amplía el catálogo de derechos y, además, “apuntala y refuerza el estado del bienestar” a través de la vivienda.
Ha asegurado que es una ley "segura, rigurosa y transversal" que lidera la función social que cumple la vivienda, con el objetivo de perdurar en el tiempo. Esta norma pretende amparar a aquellas personas más vulnerables, como los jóvenes, que han visto limitada su capacidad de emanciparse y realizar un proyecto de vida. De este modo, el Gobierno lanza una “ley imprescindible” que pretende corregir estas disfunciones, evitar la especulación dentro del sector y garantizar la igualdad en el acceso a la vivienda.
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El 10% de familias tiene problemas para pagar la factura y esta situación ha empeorado durante la pandemia. Así lo indica el informe de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, que también destaca que el 11% de las familias no ha podido mantener su hogar a una temperatura adecuada.
Efraim Centeno, director de la cátedra, asegura que la pobreza energética ha aumentado en general, “es mayor en la zona sur que en el norte de España” y sitúa los peores niveles en Ceuta, Melilla y Extremadura. Para el estudio se han tenido en cuenta indicadores como los ingresos medios, el coste de la energía y el nivel de aislamiento de las casas.
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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha comparecido este martes en el Consejo de Ministros para abordar la aprobación del Real Decreto de revalorización de las pensiones en 2022.
La actualización supone una subida del 2,5 % de las pensiones contributivas para este año y del 3 % en el caso de las mínimas y no contributivas, lo que supone que la pensión media aumente este año alrededor de los 650 euros.
El Ejecutivo destinará en total 6.500 millones de euros para "dignificar" las pensiones de los mayores. "Estamos moviéndonos de un marco que ponía el énfasis en los recortes y la austeridad, a un marco que garantiza el poder adquisitivo", ha asegurado.
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La escalada de los precios de la luz y carburantes se aceleró a finales de año y ha arrastrado a muchos otros productos, como los alimentos. La subida de los salarios no ha ido al mismo ritmo que el encarecimiento de los bienes que consumen los hogares españoles, y muchos de ellos tienen dificultades para afrontar la cuesta de enero. Los analistas advierten que la situación podría alargarse hasta finales de 2022, por lo que ven favorable establecer pactos salariales que devuelvan poder adquisitivo a las familias.
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