Esta mañana conocemos los datos del paro del mes de julio, que vendrán a confirmar si se mantiene o no la tendencia de junio cuando el empleo batió un récord con 20,3 millones de cotizantes. En España, el Servicio Público de Empleo Estatal es el encargado de gestionar y controlar las prestaciones de las personas que se han quedado sin él. ¿Cómo está ese servicio ahora mismo? En Las mañanas de RNE hablamos con Manuel Galdeano, coordinador nacional del CSIF en este organismo. Afirma que se están produciendo retrasos en la gestión y en la atención a los usuarios por la falta de personal. Denuncia que en los últimos 10 años se han perdido 3.600 efectivos, además de los trabajadores temporales contratados para la pandemia, unos 1.500. Tampoco se están cubriendo las bajas por jubilación de 2020 y 2021, y las vacaciones de verano aún merman más su plantilla. "El tejido de la propia administración pública se está desmembrando y este Gobierno no está haciendo nada por pararlo", afirma Galdeano.
Desde que se inició la pandemia, "con la frágil situación económica y con la altísima rotación del mercado laboral", dice el coordinador nacional del sindicato, a sus oficinas acuden millones de personas. Galdeano señala que, según un estudio realizado por el CSIF, un gran número de oficinas están infradotadas. De las 711 que están repartidas por todo el país, "tenemos 7 en las que no tenemos ningún trabajador, 41 que cuentan con solamente una persona, 81 con dos trabajadores, 107 con tres, 53 con cuatro... Y así sucesivamente", lamenta.
Pide paciencia a los usuarios y reclama que no les están dando soluciones desde el ministerio. "La solución al problema endémico del SEPE pasa indefectiblemente por acometer una oferta de empleo público específica para este organismo que incorpore no menos de 3.500 efectivos", dice Galdeano. Añade que se necesita además "una modernización de nuestras aplicaciones y sistemas informáticos", e implantar la jornada de tarde "de manera universal y voluntaria" con el fin de hacer frente a una mayor carga de trabajo.
El alivio del Covid-19 y la Semana Santa han pesado en los datos de empleo. De hecho, más de la mitad de los contratos del segundo trimestre se han hecho en el sector de la hostelería. Más de 200.000 personas han encontrado un empleo en hostelería en el último trimestre. El sector prácticamente ya ha alcanzado niveles prepandemia y en él trabajan más de un millón setecientas mil personas, el tercer mejor dato de la serie histórica. Sube el número de ocupados y se reducen los contratos temporales.
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En medio de un entorno económico incierto y complicado, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza. La Encuesta de Población Activa (EPA) de primavera deja datos que no se veían desde hace 14 años, antes de la última crisis. Los parados bajan de tres millones y la tasa de desempleo cae al 12,5%, mientras se rozan los 20 millones y medio de ocupados y la temporalidad cae casi a mínimo histórico: 22,3%. 255.300 personas dejaron las listas del paro entre abril y junio. Hay 2.919.000 personas sin empleo.
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El Gobierno registra hoy en el Congreso la proposición de ley con los detalles de los nuevos impuestos a las entidades financieras y a las energéticas. En Las mañanas de RNE hablamos con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Pide a las empresas que "arrimen el hombro" y señala que sus beneficios han sido "absolutamente extraordinarios", por lo que reclama que sean corresponsables y tengan "altura de miras", también a la hora de cumplir con la prohibición de no repercutir estos impuestos en el consumidor. "En las definiciones se dispone la prohibición expresa de no poder repercutir estas figuras tributarias en el consumidor final", afirma, y añade que se llevará a cabo un "control extraordinarios" para evitar posibles incumplimientos. "Quiero pensar que las entidades financieras y las eléctricas en mi país van a ser serias, corresponsables y van a tener altura de miras", destaca. Señala además que el Gobierno no va a rescatar a la banca "como hizo el PP".
En relación a los datos de la EPA, señala que son "muy buenos", aunque llama a la prudencia. Dice, están pendientes del impacto que podría tener la incertidumbre por la guerra de Ucrania y el ahorro energético. "Desde el día 15 de este mes estamos notando ciertas incertidumbres, [...] pero los datos como país son muy positivos", concluye.
En el terreno político, califica de "muy grave" lo que ha pasado con el caso de los ERE y señala que la corrupción no es tolerable, a pesar de que "sigue existiendo".
Sobre el tema catalán, pone en valor el diálogo por encima de la judicialización de los conflictos políticos, un hecho que afirma, "no puede volver a pasar". "Tengo clarísimo que hay dos figuras en nuestro país, la sedición y la rebelión, que no tienen acomodo ni armonización jurídica con el marco comparado europeo", afirma además. Díaz, que participó ayer en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, celebra que se abogue por proteger a las diferentes lenguas del país.
Ocho de cada 10 jóvenes con estudios superiores tienen empleos de baja cualificación. Y la mayoría cree bastante posible que tenga que emigrar para encontrar trabajos mejor pagados y mejorar su calidad de vida. Son algunas conclusiones de un estudio sobre cómo ven su futuro los jóvenes.
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Desde el 28 de abril de 2021, preside el Consejo Económico y Social de España, un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Costas se resiste a usar el concepto de espiral inflacionista porque cree que la subida de precios ha alcanzado su pico: "El petróleo y otras materias primas industriales están descendiendo su valor desde hace más de dos meses. Por otra parte, no veo un crecimiento de los salarios que pudiera alimentar la idea de la espiral inflacionista. Lo que sí que tenemos es un problema de márgenes elevados en algunos mercados de bienes y servicios".
Sobre los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, recuerda que son de carácter temporal e insiste en que el problema radica en el modelo de formación de los precios de la electricidad: "Corresponde a tiempos mejores, cuando el gas tenía unos precios bajos y estables. Cuando eso se altera, no puedes mantener el mismo modelo". Por ello, defiende la necesidad de adecuar los precios a los costes de producción de cada tipo de energía, según proceda del sol, del viento, del agua, de materiales fósiles, etc.
Costas muestra su opinión desfavorable acerca de la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles: "Cuando los precios se dispararon, la medida tenía sentido en el aspecto social y político, no tanto en el económico". Ahora, sin embargo, cree que incentiva el consumo, perjudica la descarbonización de la eocnomía y genera una agravio comparativo entre las familias con diferentes niveles de ingresos.
Con todo, defiende que España es una economía competitiva: "Desde hace años, estamos manteniendo un excedente neto en la balanza de pagos. Es decir, que venemos mucho al exterior, más de lo que compramos". Asimismo, destaca la capacidad de diálogo: "Probablemente somos el país occidental con mayor capacidad para alcanzar acuerdos sociales".
Bajo su punto de vista, la desigualdad hay que combatirla en el terreno laboral: "Si queremos recuperar la prosperidad, el foco lo tenemos que poner en la creación de buenos empleos". Siempre, añade, favoreciendo la igualdad territorial y de género.
El calor extremo se convierte en un infierno en una habitación de plásticos y cartón, sin luz para enchufar un ventilador y con un trayecto de una hora para conseguir agua. Así viven decenas de temporeros en Huelva, sin apenas recursos sobrellevan los más de 40 grados que marcan los termómetros en plena ola de calor.
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