La comisión de Energía del Congreso ha aprobado una iniciativa para favorecer a los vehículos impulsados por energías alternativas. El gas natural y la electricidad se abren paso, aunque llegar al usuario particular es difícil.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha desvinculado al Gobierno del próximo nombramiento del exdirector general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España (REE) y ha indicado que se trata de una decisión de la propia empresa, en la que no ha intervenido ni el Ejecutivo ni la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding público en el que se encuadra REE.
Montoro, que ha contestado a una pregunta del diputado de En Marea Antonio Gómez-Reino, afirmó que el nombramiento se hará en su momento en la junta directiva de REE y que seguirá el procedimiento que siguen todos los nombramientos de consejeros independientes de la compañía, "que es la que determina el perfil profesional del consejero a nombrar".
"Ni corresponde al Gobierno ni a la SEPI, es la propia compañía la que determina la idoneidad de un candidato", reiteró Montoro, quien pidió "respeto" por Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil, y rechazó las "descalificaciones" a personas que han ejercido "máximas responsabilidades" en la democracia española.
El consejo de administración de la compañía, en la que el Estado controla un 20% del accionariado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), anunció a finales de enero de la designación como consejero independiente del que fuera director general de la Guardia Civil durante la pasada legislatura. La designación, que deberá ser ratificada por la Junta General de Accionistas, ha levantado una gran polvareda, habida cuenta de que este nuevo caso de 'puerta giratoria' se conoció días después del fuerte aumento del precio de la electricidad en plena ola de frío y días antes de que se aprobara el decreto ley del bono social.
Antón Gómez-Reino ha criticado el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil por ser "amigo del jefe", en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por su desconocimiento en materia de energía. "Es un nuevo caso obsceno de puertas giratorias" y ha denunciado que se trata de un "pago de favores por el silencio, retiro dorado, trabajo sucio que pagamos bien. Es lo que llamamos la ley de omertà del PP". "Para las familias, pobreza, para los amigos del PP, opulencia". "Corrupción 'nunca mais", reiteró.
Montoro reprochó a Unidos Podemos que equiparen ser director de la Guardia Civil con la corrupción y pidió "respeto" por las personas que han ejercido cargos públicos. "Respeto, qué gran palabra para la democracia, pero a algunos de ustedes lo del respeto no les va", indicó el ministro, tras pedir no hacer "descalificaciones genéricas" a personas que han ejercido "máximas responsabilidades".
El Congreso convalida el real decreto del nuevo bono social, que prohibe cortar la luz a colectivos vulnerables. También el que arbitra la devolución de las clausulas suelo abusivas de los bancos y cajas en las hipotecas.
Se convalida el bono social, temas de la sesión de control, entrevista a Ana Oramas...
El presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, han rechazado este miércoles dos medidas planteadas por la oposición para bajar los impuestos del recibo eléctrico, a la vez que han defendido una política energética que, a su juicio, ha evitado mayores incrementos de la factura en la primera sesión de control al Gobierno del año. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el primero en preguntar a Rajoy por las fuertes subidas del mercado eléctrico y le ha planteado cinco medidas, entre ellas bajar el IVA que grava el recibo de la luz del 21% actual al tipo reducido del 10% o incluso al de superreducido del 4% al ser un bien básico. Ante la pregunta del diputado del grupo parlamentario socialista Miguel Ángel Heredia, Nadal ha respondido que el PSOE "no puede dar lecciones", porque durante su mandato el precio subió un 70% y dejaron un "pufo descomunal" de 30.000 millones de euros, en referencia al déficit de tarifa.
