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El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco considera que el estado de alarma es "imprescindible" y "fundamental" actualmente en su Comunidad Autónoma para la lucha contra la pandemia de coronavirus. No obstante, ha calificado de "excesivos" los seis meses de prórroga que ha planteado Pedro Sánchez. En su lugar, ha planteado un periodo de dos meses, en base a una evaluación constante de la situación epidemiológica.

En una entrevista en La Noche en 24 horas, Fernández Mañueco ha lamentado que el Gobierno de España no haya cumplido su promesa de crear una legislación ordinaria que sustituya al uso del mecanismo constitucional para que las autonomías puedan tomar medidas restrictivas y le ha instado a sentarse a negociar con los grupos parlamentarios.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha defendido sus decisiones para frenar la pandemia, con un toque de queda desde las 22 horas que, en su opinión, permite mantener la actividad de la hostelería y, además, resulta eficaz para estabilizar los contagios, según se ha observado en la Comunidad de Madrid.

Finalmente, Fernández Mañueco ha celebrado el "discurso brillante" de Pablo Casado durante la moción censura presentada por Vox al Gobierno. "Se pudo en la centralidad del panorama político", ha dicho, y ha quitado importancia a la confrontación con el partido de ultraderecha. "Ha sido un debate de ideas", ha añadido, desmarcándose de los posicionamientos del partido de Santiago Abascal.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha señalado la necesidad de “evitar que la pandemia siga esta evolución y provoque el colapso sanitario”. Andalucía ha notificado hoy 2.649 nuevos contagios, es el noveno día de aumento de contagios en la comunidad. “Hemos reunido el Gabinete de crisis, que se activa una vez decretado el estado de alarma, y hemos evaluado la situación sanitaria del momento”, ha explicado en el informativo 24 horas de RNE.  “El miércoles se reúne el comité de expertos y se llevarán una serie de propuestas al Presidente”, ha añadido el vicepresidente que ha sostenido que no se descarta “ninguna medida”. “Se trata de contener la expansión del virus que esta semana se está comportando de forma muy agresiva”, ha lamentado y ha puntualizado que “cualquier ciudadano entenderá que hay que preservar la salud”. Marín ha indicado la “preocupante” situación de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla: “Son provincias seriamente afectadas, especialmente durante este fin de semana”. “Se dan circunstancias para tomar cualquier medida, pero no dependerán de lo que hagan otras comunidades”, ha aclarado.

En cuanto al estado de alarma declarado, el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha defendido que el Presidente del Gobierno “no puede estar seis meses sin someterse al control parlamentario”. “Si Sánchez pretende un cheque en blanco de Ciudadanos, yo no estaría de acuerdo, debe hacerlo de forma más regular”, ha declarado Marín que ha considerado necesario un “plan de rescate común y paralelo al estado de alarma” para ayudar a los sectores más afectados.

Sobre los presupuestos autonómicos, Marín ha señalado que se llevarán “en breve” al parlamento y “cada uno tomará su decisión”. “El enfrentamiento entre Casado y Abascal no deben afectar a unas cuentas autonómicas que afectan a 8 millones de personas”, ha mantenido. “Vox deberá decidir si mantienen su compromiso y debe primar el interés general y no el partidista”.

Con el estado de alarma activado, al menos cinco comunidades cierran su territorio. Este lunes por la tarde lo ha anunciado el País Vasco, que incluso cierra sus municipios, después de que lo hicieran Asturias y Aragón. Se unen así a La Rioja y a Navarra. Solo se podrá entrar y salir por razones justificadas. Con el puente del 1 de noviembre a la vuelta de la esquina, otros gobiernos regionales decidirán si limitan la movilidad en esas fechas. Madrid lo está estudiando y Navarra prohíbe reuniones privadas entre personas que no vivan juntas.

Cataluña suspendió hace una semana la actividad de bares y restaurantes, pero la incidencia sigue aumentando a gran velocidad. El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado en una entrevista a TVE que están estudiando varias medidas para contener la expansión del coronavirus, entre ellas el confinamiento durante los fines de semana. Aragonès ha asegurado que están en contacto con el Gobierno central por si las nuevas medidas requieren algún tipo de aprobación por su parte. Por otro lado, preguntado por las elecciones catalanas, el presidente en funciones ha asegurado que no está encima de la mesa atrasarlas. No obstante, ha declarado ser consciente de que "la expansión se puede descontrolar, debemos prepararnos para tener controladas todas las posibilidades".

Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment del Treball Nacional, ha explicado en el informativo 24 horas de Radio Nacional que los empresarios demandan que el Estado se endeude más para financiar un plan de choque para la economía nacional: "Ya que el 2020 va a perderse, pedimos que el Estado se endeude un poco más y plantee unos 50.000 millones en ayudas directas a las empresas". "Es una situación excepcional y complicada", ha añadido Sánchez Llibre, que considera que se necesitan medidas "proporcionales" que hagan compatibles salud y economía porque "si la economía no tira, tenemos otro problema".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado el confinamiento de la comunidad a partir de mañana. No se podrá entrar ni salir salvo por razones justificadas. Además, se mantiene el confinamiento de Huesca, Zaragoza y Teruel. Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón ha decretado el cierre de Asturias, a partir de las 00.00 horas del miércoles, tras la reunión de esta tarde del comité de crisis de la COVID-19 y mantiene el cierre de Gijón, Oviedo y Avilés. Informa Alba Rubio.

A todo esto hay que sumar las limitaciones a la movilidad en horario nocturno de las once de la noche a las seis de la mañana, con una hora adicional para el transporte público para facilitar el regreso al domicilio. Los vascos se blindan: tan solo se permitirá la movilidad por razones justificadas como las laborales, educativas o sanitarias. Además, se limitan las reuniones en espacios públicos y privados a seis personas, una de las que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no avaló la pasada semana y que ahora está bajo el amparo del estado de alarma. Informa Feli Alday.

Los datos de nuevos positivos revelan que ha sido el peor fin de semana de la crisis sanitaria. Una evolución rápida y aguda de la epidemia, ha señalado el director del CCAES, Fernando Simón. Los incrementos de mayor incidencia se están dando en la franja de edad de 15 y 29 años. España registra de media 100 muertes y 17.000 contagios al día, si en dos semanas continúa esta situación, ha sostenido Simón, se podría rozar el colapso en algunas Unidades de Cuidados Intensivos. La ocupación media de las UCI es del 24%,  aunque en algunas comunidades alcanza el 40. La incidencia media acumulada en el territorio nacional es de 410 casos por cada 100.000 habitantes.  La mayoría de las comunidades autónomas están en el nivel de riesgo alto o extremo, excepto Canarias. Informa Begoña Sanz.

La Junta de Andalucía va a esperar hasta el miércoles para tomar la decisión sobre si ajustar o no el estado de alarma decretado por el Gobierno en nuestra comunidad. Lo hace para analizar con más detalle los datos de los últimos días aunque el presidente de la Junta ha asegurado que la situación es grave.

La cifra de nuevos contagios ha bajado en las últimas horas, pero sigue por encima de los 2.500. Además 13 personas han fallecido por el coronavirus en las últimas horas.

Por otra parte el Tribunal Consitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra el decreto de simplificación administrativa de la Junta por su convalidación en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía.

~~Con un horizonte que podría alcanzar hasta el nueve de mayo próximo, el gobierno foral ha realizado ya el encaje del decreto de este domingo del gobierno foral, de estado de alarma, que permite a las comunidades ordenar sus estrategias contra la pandemia sin obstáculos legales.