España

• Una historia en primera persona sobre engaños, pisos precarios y requisitos desorbitados

• El ministro advierte de que la UE dispone de instrumentos para neutralizar las injerencias de Elon Musk

Entrevista La hora de la 1

Objetivo Igualdad nos hace una propuesta cultural: la exposición "Luisa Roldán. Escultura real" con obras de la artista del siglo XVII. Reúne piezas de conventos o iglesias de varias ciudades andaluzas y se puede ver hasta el 9 de Marzo en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

• Habrá tiempo más inestable en algunas áreas, especialmente en el este de Baleares y Alborán
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El alcalde de la localidad segoviana de Torrecaballeros, Rubén García, ha denunciado en redes sociales que el párroco le ha negado la comunión por ser homosexual y vivir con su pareja. Otra pareja de Basardilla ha hecho público que este mismo párroco también les ha negado la comunión por su orientación sexual. Según Rubén García, el Obispado de Segovia le ha dicho por correo electrónico que no ha hablado con el párroco y que la doctrina es clara. Preguntado por TVE, el Obispado de Segovia no hace declaraciones por el momento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el PSOE de Segovia, al que pertenece el alcalde, han criticado esta discriminación.

Foto: El alcalde de Torrecaballeros, Rubén García de Andrés (EFE/Pablo Martín)

En un radio de unos 50 kilómetros alrededor de Valencia, según los expertos, es muy difícil encontrar una vivienda. Ahora este problema se ha agravado tras el desastre de la dana. Si antes era complicado comprar o alquilar, ahora hay más demanda por los que se han quedado sin casa y los que tienen miedo de volver a vivir en un bajo.

Gran parte de las viviendas afectadas por la riada son plantas bajas y locales comerciales. Prevén que este tipo de inmuebles se abaraten en los próximos meses.

Los vecinos de las zonas afectadas quieren quedarse en sus pueblos pero la oferta es escasa y no todas las viviendas disponibles están en las condiciones adecuadas. Bajos como este que se puso en alquiler días antes de la dana y ahora está totalmente destrozado.

• El edificio albergó la Dirección General de Seguridad, donde se realizaron interrogatorios y torturas a presos en el franquismo
• El Ejecutivo madrileño asegura que se trata de una invasión de sus competencias y está dispuesta a acudir al Constitucional

El Consejo de Ministros rechazará el próximo martes las alegaciones de la Comunidad de Madrid para evitar que la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, se convierta en lugar de memoria democrática. Según ha podido saber TVE, el trámite seguirá adelante al considerar el Gobierno que lo argumentos "carecen de fundamento". Foto: GETTY IMAGES.

En Baleares la llegada de migrantes desde Argelia ha aumentado más de un 150 por ciento en el último año. Los centros de menores están saturados, especialmente en Formentera, donde el Consell Insular ya ha pedido devolver las competencias de acogida al gobierno autonómico. En 2024 ha llegado a las Islas casi una patera al día y más de 5.800 migrantes desde las costas de Argelia. La gran mayoría son magrebíes, hombres y jóvenes que están de paso a otros lugares de Europa.

Gracias a las manifestaciones en las calles, la vivienda ha entrado de lleno en la agenda política de este 2025. En las últimas semanas, los partidos han pisado el acelerador anunciando medidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por la creación de una gran empresa de vivienda pública, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado diez medidas para abordar este problemas, entre ellas, rebajar el impuesto de transmisiones en las comunidades en las que gobierna. Foto: GETTY IMAGES

Yolanda Díaz propondrá una subida de 50 euros en el salario mínimo interprofesional, la propuesta del grupo de expertos. Además, insiste en exigir al PSOE que cumpla el acuerdo de Gobierno y se apruebe la reducción de la jornada laboral. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que el pacto se cumplirá, pero pide hacerlo con garantías de sostenibilidad futura.

• La vicepresidenta iniciará el miércoles un nuevo diálogo social para alcanzar un salario mínimo de 1.184 euros mensuales
• Sobre la postura socialista en la reducción de la jornada laboral, cree que está generando una "crisis de confianza"

• "¿Por qué?: por mi condición sexual y vivir con mi pareja", ha denunciado el alcalde de Torrecaballeros, Rubén García
• El PSOE pide al nuevo obispo que "termine con la discriminación por orientación sexual en el seno de la iglesia segoviana"

• Esta es una de las diez medidas presentadas por el partido este domingo en materia de vivienda
• Feijóo se ha reunido con los presidentes autonómicos del PP en Asturias este fin de semana

• Considerada en la antigüedad como el fin del mundo, la isla canaria de El Hierro aún conserva esa aura de frontera
• Sus habitantes han forjado un carácter único, a mitad de camino entre la resistencia y el instinto de supervivencia

• El descenso de los termómetros se mantendrá la semana que viene
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El pasado 10 de octubre se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la 'Ley ELA'. Un hito y una excepción en la legislatura que suscitó el apoyo de Gobierno, socios parlamentarios y oposición, con el aplauso a los afectados que estaban en la tribuna siguiendo el pleno. El Ejecutivo ha recibido este viernes a ConELA para presentarles el plan de aplicación de la norma. Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA, pide en el informativo 24 horas Fin de Semana más coordinación entre Gobierno y comunidades, principalmente en materia presupuestaria, para poder trabajar en "lo demás". Martín espera que se llegue a un acuerdo sobre el reparto del presupuesto en la reunión que van a mantener en febrero ambas partes.

Reclama también que se aceleren los trabajos para poder llegar lo más rápido posible a las familias. El presidente de la Confederación señala que es un "momento esperanzador" pero "también decepcionante" porque no ven que llegue a sus casas la ayuda prometida, lo que lleva a muchas personas enfermas a pedir la eutanasia para no ser una carga. Esta ley establece un plazo "para que llegue a ser útil" de 12 meses aunque "no tiene porqué cumplirse", dice Martín. Las familias deben afrontar un coste económico muy elevado, denuncia Martín, de entre 115.000€ y 190.000€ al año. Un coste que se agrava con la pérdida del trabajo que deben afrontar, en muchos casos, las personas dedicadas a su cuidado.