Fiscalía Anticorrupción

La Audiencia de Palma notificará este viernes al mediodía la sentencia del caso Nóos, que determinará la absolución o condena de la infanta Cristina, para quien Manos Limpias pide ocho años de prisión; su marido Iñaki Urdangarin, para quien la Fiscalía mantiene 19 años y medio de cárcel, y las otras 15 personas que compartieron con ellos el banquillo de los acusados, entre ellos, ex altos cargos valencianos. Las tres juezas del tribunal adelantarán el fallo mediante sistema informático judicial por lo que ni acusados ni abogados tendrán que acudir a escuchar la sentencia. No te pierdas toda la información sobre la sentencia del caso Nóos aquí.

• No firmaron el escrito de Anticorrupción para no imputar al presidente de Murcia
• El ministro no ve "ninguna manipulación" en esa orden de la Fiscalía General
• El fiscal general del Estado niega haber recibido presiones del Gobierno

• Martínez tendrá que pagar 15.000 euros para evitar la cárcel
• Anticorrupción había pedido el ingreso inmediato en prisión sin fianza
• Alega para no ir su estado de salud y que no tiene dinero para escapar

Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "el Bigotes", han ingresado a la cárcel de Picassent (Valencia), después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dictara prisión provisional sin fianza para los tres, tras sus condenas por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación y cohecho en la pieza del expositor valenciano en la feria de turismo Fitur. La Sala, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, aprecia riesgo de fuga por la gravedad de la condena y por los otros procedimientos en los que están incursos.

La Sala, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, aprecia riesgo de fuga por la gravedad de la condena y por los otros procedimientos en los que están incursos. Los tres cabecillas de la red han sido condenados a penas de 12 y 13 años de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad por las adjudicaciones de Fitur.

• Anticorrupción había solicitado su ingreso en prisión por riesgo de fuga
• La defensa presentará recurso a la sentencia ante el Tribunal Supremo

• Este viernes han rubricado el acuerdo en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid
• Los hechos se produjeron en las elecciones de 2007 y en las generales de 2008

• Seis nuevos empresarios admiten pagos ficticios a empresas de la red Gürtel
• Alcanzan un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que confirmarán el viernes
• Admiten los pagos a cambio de reducciones de condena para evitar la prisión
• El fiscal pide siete años de cárcel para Ricardo Costa y Vicente Rambla

El exdirigente de Convergència, Francesc Sánchez, ha sido el primero en quedar en libertad tras negarse a declarar. Andreu Viloca, extesorero del partido, que ya había sido detenido en 2015, también se ha negado a declarar. Son dos de los ocho que han pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Los otros diez detenidos quedaron libres cuando finalizaron los registros. Durante toda la noche los agentes han analizado los documentos, agendas y dispositivos electrónicos incautados en la operación de ayer. Los investigadores insisten en que se hacían concursos a medida para determinadas empresas.

• La Fiscalía pide seis años de cárcel para Miguel Blesa y 4,5 para Rodrigo Rato
• Los acusados han defendido que las tarjetas eran una remuneración
• Solo Virgilio Zapatero ha pedido la palabra para declararse inocente

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad a Oleguer Pujol después de que la Fiscalía haya pedido su ingreso en prisión por el riesgo de que siga blanqueando dinero, pero le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. En un auto, el juez también le impone la prohibición de salir del país, de manera que ahora Oleguer comparte las mismas medidas cautelares que su hermano Jordi, hijo mayor de los Pujol-Ferrusola, aunque este debe comparecer cada semana y no cada quince días.
 

• Anticorrupción había pedido su ingreso en prisión por el riesgo de reiteración delictiva
• El hijo menor de Jordi Pujol tiene que comparecer cada 15 días en el juzgado
• Habría cobrado comisiones por la venta de 1.152 sucursales del Santander
• Los hermanos De la Rosa le desvincularon el miércoles de esta operación

• Lo hará a principios de 2017, en enero o febrero
• Investigará posibles fondos irregulares que Conde mantiene ese país
• El expresidente de Banesto habría repatriado 13 millones de euros

• Dice que no hay "suficientes" indicios para imputar un delito de malversación
• Es contraria al criterio de la Abogacía del Estado que pedía apertura de juicio

• Señala que los hechos investigados no revisten el carácter de delito
• Coincide con la petición de la Fiscalía Anticorrupción
• En la causa se encuentran acusados 24 ex altos cargos del PSOE

• "Han intentado sacar agua de las rocas y la poca que ha salido no es potable"
• Según un informe de Bankia, pedían ampliar el límite de gasto continuamente
• El fiscal defiende la divulgación de los correos que demostrarían esta práctica
• Las defensas, por contra, piden que no sean tenidos en cuenta como prueba

• Hay acusados 24 ex altos cargos del PSOE y se descarta una "red clientelar"
• La juez Mercedes Alaya abrió esta causa en 2014 con 16 detenidos
• No se ha acreditado que haya un delito de prevaricación por parte de los cargos

• Están acusados de administración desleal y apropiación indebida continuada
• El fiscal pide cuatro años y medio para Rato y seis años para Blesa (en pdf)
• Los usuarios de las black piden la nulidad de las pruebas aportadas por Bankia
• Preferentistas de Caja Madrid han increpado a Blesa a su llegada al juzgado

En el Consejo de Administración y la comisión de control de la entidad se sentaban representantes del PP, del PSOE, de IU, de CC.OO. y UGT, de las patronales CEIM-CEOE y de otras asociaciones empresariales.

Para los otros 63 usuarios, solicita penas de entre uno y cuatro años dependiendo de si han devuelto o no el dinero. En su informe dice que "la contabilización de los gastos era indebida y subrepticia", un sistema retributivo que carecía de amparo legal. Los acusados alegan que las tarjetas black formaban parte de su remuneración por lo que no tenían que justificar para qué las usaban.