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El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha señalado durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea para tratar de las supuestas irregularidades en la Fundación Arpegio por la Operación Púnica, que no ha cometido, amparado, ni conocido "ningún hecho de corrupción" en la región. A través de una videoconferencia desde la prisión de Estremera donde se encuentra ingresado por su presunta vinculación con la trama Púnica, Granados ha subrayado que "nada" le apetece más que hablar y responder sobre ésta operación.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco Santander en la localidad madrileña de Boadilla del Monte para requerir documentación relacionada con la lista Falciani. La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) ha pronosticado este jueves que la causa que se instruye por una posible trama de corrupción en el Ayuntamiento, y por la que dimitió en abril, "quedará en nada porque no hay nada" y ha recordado que "siempre" delegó las competencias urbanísticas. Torres Hurtado ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas después de declarar como investigado -lo que antes se llamaba imputado- ante la juez instructora de la causa y ha asegurado vivir el proceso con sorpresa por las dimensiones de la investigación pero "tranquilo, muy tranquilo".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite a declarar a los actores Imanol Arias y Ana Duato como investigados -imputados- por presuntamente haber defraudado a Hacienda 2.983.100 euros, procedentes principalmente de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó, a través de sociedades instrumentales del despacho Nummaria. En concreto, Arias habría ocultado al fisco 2,18 millones de euros entre 2010 y 2014 y Duato habría dejado de tributar 794.389 euros entre 2010 y 2012.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que la actuación del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la detención del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, "se ciñó al ámbito de su responsabilidad sobre mandato de una investigación y sobre una autorización judicial de registro, que se llevó a efecto y todo se hizo bajo la autorización judicial".

A preguntas de los periodistas sobre la opinión de la Fiscalía en la detención y registro del domicilio del alcalde de Granada, Sanz ha indicado que se remite al comunicado emitido por la Dirección General de la Policía.

Según Sanz, "deja claro que existía autorización judicial, y por tanto las actuaciones que desarrolló el CNP, tanto en la detención como en el registro, se produjeron siempre en el marco de la autorización del Juzgado correspondiente, sometida a unos mandamientos judiciales".

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha reiterado hoy que no tiene "absolutamente ninguna culpabilidad ni por acción, ni por omisión" en la supuesta trama de corrupción urbanística por la que fue detenido y que, si su arresto no estaba autorizado judicialmente, se ha cometido "un atropello".

En su segunda rueda de prensa tras su puesta en libertad el pasado miércoles y después de que la Fiscalía comunicara ayer que su arresto fue por iniciativa policial, el regidor se ha preguntado quién está detrás de su detención policial, y ha asegurado que se siente "indefenso y acosado".

"No se pueden imaginar la humillación de que te hagan una ficha policial. No soy un delincuente", ha sentenciado Torres Hurtado, que ha reiterado que no tiene motivos para dejar su cargo, dado que desconoce por qué se le atribuyen hasta diez delitos, y cree además que su partido se precipita al pedirle que se marche.

La concejal de Urbanismo de Granada, Isabel Nieto (PP), por su parte, ha dicho hoy que la operación policial y judicial contra la corrupción urbanística en la que fue detenida el miércoles supuso "un abuso de poder" y que los agentes se "excedieron" en lo autorizado por el Juzgado instructor.

"Desde la época de Franco no han cambiado mucho las cosas, aquí se vulneran los derechos de los ciudadanos cada vez que a un gracioso le da la gana", ha sentenciado la edil, en su primera rueda de prensa tras su arresto y posterior puesta en libertad con cargos, y se ha preguntado quién dio la orden a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para actuar de ese modo.

Ha asegurado que la operación policial fue "inadecuada, desproporcionada e innecesaria" y ha anunciado que solicitará al juzgado que le devuelvan los efectos personales, dispositivos móviles e informáticos que la Policía se llevó de su casa, en su opinión, sobrepasando la orden judicial con la que contaba.

Los partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Granada han vuelto a exigir este jueves la dimisión del alcalde de la ciudad, tras su detención por la UDEF en relación a una presunta trama de corrupción urbanística. Si esta no se produce, anuncian una posible moción de censura. Desde Izquierda Unida incluso se reclama a la Junta de Andalucía que retire temporalmente las competencias urbanísticas al Ayuntamiento.

Enmarañar es la clave: despistar para ocultar a través de métodos diversos. Primero hay que sacar de España el capital de origen dudoso, algo más fácil hace años, cuando lo hizo Conde, según apunta la investigación. Una vez fuera, una opción es crear sociedades radicadas en el extranjero con testaferros al frente para que, a la hora de repatriar los fondos, lleguen vinculados a esos hombres de paja.

Una de las principales empresas de la trama intentó hacer una transferencia de 600.000 euros desde Suiza a La Caixa. La entidad habría preguntado por la procedencia del dinero y al no obtener una respuesta satisfactoria la rechazó. La detención de Mario Conde se precipita por una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción hace dos semanas contra el exbanquero y otras 14 personas de su entorno tras recibir un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales de septiembre de 2014.