El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que "en absoluto" el órgano que dirige ha recibido presiones para no actuar contra el presidente de Murcia y tampoco contra el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, y que esa decisión está avalada por informes técnicos y al respecto ha afirmado que su criterio está "totalmente fundado en la legalidad".
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado que las "sospechas" que se están lanzando sobre la Fiscalía General del Estado por su actuación en casos como el del presidente de Murcia y el del expresidente de La Rioja son "desproporcionadas" y "sectarias" y responden a "intereses políticos".
"Me sorprenden mucho estas cosas", ha dicho Rafael Hernando, para quien estamos viviendo una época en la que "los fiscales se dirigen contra todas las formaciones políticas, incluido el PP".
Por eso ha considerado que las sospechas que "algunos lanzan en virtud de que les interese políticamente o no", además de ser "desproporcionadas e inapropiadas" son "clarísimamente tendenciosas y sectarias".
PSOE y Ciudadanos piden la comparecencia "inmediata" en el Congreso del fiscal general del Estado para que aclare si hubo presiones no injerencia del Gobierno para no investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente riojano Pedro Sanz, ambos del PP
José Manuel Maza es desde hace 14 años magistrado del Tribunal Supremo, en la sala segunda, la que lleva los casos penales. Con 41 años de experiencia en la carrera judicial, fue además número uno de su promoción en la carrera fiscal. Considerado del sector conservador, José Manuel Maza intervino en el recurso del llamado caso Bateragune en el que fue condenado Arnaldo Otegi. También en la causa contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, donde presentó un voto particular contra la absolución del exjuez. Sustituirá en el cargo a Consuelo Madrigal que ha estado dos años en ese puesto. Antes del nombramiento oficial el gobierno pedirá informe al consejo del Poder Judicial y José Manuel Maza tendrá que comparecer en el Congreso.
