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La alta instancia considera que resulta difícil imponer una prohibición general cuando el bruka o niqab se llevan por elección de la interesada. El Consejo ya se había pronunciado en esta línea hace un mes pero, aún así, el gobierno ha anunciado que seguirá adelante con su proyecto de ley. Con ella se busca imponer una multa de hasta hasta 150 euros para las mujeres que vayan con burka o niqab por la calle, y un año de cárcel y hasta 15.000 euros de multa a toda persona que imponga por amenazas el velo.

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