El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.
En Barcelona, la portavoz de JxCAT en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha negado las acusaciones de presuntas prácticas corruptas durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha achacado la investigación del Tribunal Supremo a la información que han difundido las "cloacas del Estado".
La portavoz del Govern Meritxell Budó ha asegurado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que la futura reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra abre una nueva etapa de diálogo entre ambos ejecutivos, además, ha afirmado que lo prioritario es ese encuentro bilateral, pero no ha concretado cómo o dónde debe articularse el diálogo posterior. Respecto a la celebración del encuentro entre Barça-Madrid de esta tarde, Budó ha asegurado que la seguridad está garantizada.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido increpado este martes en Bruselas al término de una reunión con la cúpula de la Crida en un hotel de la ciudad. A la salida, ha coincidido con un grupo de personas que con la excusa de fotografiarse con él, han logrado acercarse, y después le han insultado en español y catalán. Le han llamado racista, cobarde y delincuente.
La situación en la que queden los presos independentistas, pendientes de calificación para saber cuándo podrán comenzar a disfrutar de permisos penitenciarios, se antoja clave en el calendario que manejan los republicanos en el que también está subrayado en rojo el día 19. Es la fecha en la que la justicia europea debe pronunciarse sobre la inmunidad de Junqueras.
Antes del sábado, los presos condenados por el 'procés' sabrán a qué permisos podrán acceder y cuándo. El 14 de diciembre se cumplen dos meses de la sentencia y termina el plazo para que las prisiones catalanas decidan si clasifican a los presos en segundo o tercer grado.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley del Gobierno en funciones contra la “república digital catalana”. Lo ha hecho con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, y ha supuesto el primer desacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos después de la firma de su acuerdo para un gobierno de coalición.
Unidas Podemos, que ha criticado duramente esta medida, se ha abstenido a cambio del compromiso de hacer futuras modificaciones. Los de Pablo Iglesias reconocen que esta es la primera piedra en el camino de la gobernabilidad. En contra han votado PNV y los partidos independentistas. Desde Esquerra Republicana de Catalunya hablan de recorte de derechos y han advertido al PSOE de que este no, dicen, el camino.
En el lado del “sí”, el Partido Popular ha dado sus votos a Sánchez porque consideran necesario este decreto para pararle los pies a la Generalitat. Pero a su vez, reprochan al PSOE que al mismo tiempo esté buscando el apoyo de los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Ciudadanos también ha votado sí a pesar de que, dicen, están utilizando el decreto para “disimular su acercamiento a los independentistas”.
El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno permite, entre otros, cerrar páginas webs sin autorización judicial. Todo para evitar una administración paralela.
Tras las consultas a sus bases, Partido Socialista y Esqerra Republicana de Cataluña empiezan a negociar el apoyo a la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Ambos partidos van a abrir una negociación en dos fases por petición de Esquerra. El primer encuentro se va a producir este jueves en el Congreso. Se trata de la fase preinvestidura para ver si los republicanos facilitan el ejecutivo de Sánchez. Al encuentro van a acudir los portavoces parlamentarios de ambos partidos, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y otros miembros de sus partidos. Por parte del PSOE José Luis Ábalos y Salvador Illa; por la de ERC Marta Vilalta y Josep Maria Jové. Esquerra quiere negociar un plan con un calendario concreto para la denominada segunda fase, el post investidura, el momento en el que se reunirían el gobierno central y el autonómico.
Desde el PSOE ven las palabras de ERC como un movimiento de la dirección para que las bases avalen un hipotético cambio de postura. Por eso, la dirección socialista es optimista y confía en que haya gobierno antes de navidad.
Aun así, en el PSOE no quieren cerrar la puerta a PP y Ciudadanos y les dicen que si no quieren que la gobernabilidad se asiente en los independentistas, se abstengan para hacer a Sánchez presidente.
Visto para sentencia el juicio contra Quim Torra. Ha acusado a la Fiscalía de actuar a las órdenes del gobierno.
En un alegato final más político que jurídico, Torra ha negado la legitimidad del tribunal y de la Junta Electoral que le ordenó retirar los lazos del Palau de la Generalitat y ahora se expone a ser inhabilitado. "La Historia condenará a la justicia española" asegura.
En medio del juicio por desobediencia al que se enfrenta el president de la Generalitat, Joaquim Torra, ha surgido la pregunta de qué pasaría si es condenado. Torra se enfrenta a hasta 20 meses de inhabilitación para ejercer cargo público, y ello abocaría a Cataluña a unas nuevas elecciones autonómicas. Por eso, los partidos independentistas también miran a este juicio para centrar su estrategia en la investidura de Pedro Sánchez.
Sin embargo, desde el Govern de la Generalitat solo contemplan el escenario de la absolución para Torra. Por lo tanto, dicen desde el ejecutivo catalán, no piensan en otro escenario. Aun así, desde Junts per Catalunya han querido incidir en que la celebración de este juicio tiene que hacer reflexionar al independentismo de cara a la investidura de Sánchez. Todo en el día que Esquerra Republicana de Catalunya ha vuelto a decir “no” al candidato socialista.
Distintas visiones tienen de este proceso desde la oposición en Cataluña. Para el PSC y el PP el juicio es adecuado. Por su parte en los Comunes han asegurado que “deberían ser las urnas quienes ponen y quitan presidentes y no la justicia”.
El president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, ha declarado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El TSJC lo investiga por desobediencia por no retirar simbología independentista de los edificios públicos catalanes durante la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril. El president catalán ha asegurado que las órdenes de la Junta Electoral Central “no fueron claras ni taxativas”. También ha reconocido que desobedeció la orden porque la consideraba ilegal.
La declaración de Torra ha tenido un marcado trasfondo político. Según ha dicho el jefe ejecutivo catalán “para el Govern era importante mostrar la expresión de la voluntad de los catalanes”. Además, Torra ha asegurado que la JEC no es órgano jerárquicamente superior al president de la Generalitat para transmitir ese tipo de órdenes.
